Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social de España NO USAR
España cambia las reglas: a partir de abril los funcionarios de Estado trabajarán 2 horas y media menos en su jornada
El acuerdo ha recibido el respaldo de UGT, CCOO y CSIF, que garantizó que la medida se extienda a todo el personal de la AGE, incluidos colectivos que anteriormente habían quedado fuera de negociaciones previas
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La Administración General del Estado (AGE) se prepara para implementar la jornada laboral de 35 horas semanales durante la primera quincena de abril de 2026, justo después de Semana Santa. La medida fue acordada con los sindicatos y supondrá una reducción de 2,5 horas diarias respecto a la jornada actual, sin afectar los salarios de los empleados públicos.
El acuerdo ha recibido el respaldo de UGT, CCOO y CSIF, que garantizó que la medida se extienda a todo el personal de la AGE, incluidos colectivos que anteriormente habían quedado fuera de negociaciones previas.
Alcance y beneficiarios
Según estimaciones del Ministerio de Función Pública, la medida beneficiará a unos 220.000 empleados, aunque los sindicatos elevan la cifra hasta 246.500 personas. La reducción afectará a ministerios, organismos públicos, agencias y entidades de derecho público, y abre la posibilidad de aplicarse en empresas públicas.
A diferencia de anteriores propuestas, no se excluye a sectores como Instituciones Penitenciarias, personal sanitario o educativo, aunque su adaptación se realizará mediante acuerdos específicos que compatibilicen sus particularidades con el nuevo horario.
Implementación y ajustes internos
La implantación de la jornada de 35 horas requerirá reorganización interna en cada organismo, con ajustes en turnos, planificación de plantillas y distribución de horarios, garantizando la continuidad del servicio público y la atención ciudadana.
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Asimismo, jornadas especiales y regímenes de dedicación también se adaptarán; por ejemplo, las jornadas de 40 horas pasarán a 37,5 horas semanales. El Ministerio subraya que todas estas modificaciones se realizarán sin comprometer la calidad de los servicios públicos.
Impacto en la conciliación laboral
Más allá de la reorganización, la medida introduce nuevas dinámicas en la gestión de horarios, fortaleciendo el debate sobre conciliación laboral y eficiencia administrativa. La reducción de la jornada representa un cambio significativo en el día a día de los empleados públicos, alineándose con una demanda histórica de los sindicatos y con prácticas ya extendidas en varias comunidades autónomas.
La publicación de la resolución oficial que regulará jornadas y horarios está prevista en un plazo máximo de 15 días, previo a su aplicación efectiva en todos los ámbitos de la AGE.
