Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana EFE

Economía

Ya ha entrado en vigor: la normativa de ascensores que obliga a las comunidades a reformarlos y puede costar hasta 40.000 euros

Los edificios con elevadores antiguos deberán incorporar sensores en las puertas, sistemas de emergencia y mejoras de accesibilidad para superar las nuevas inspecciones obligatorias

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Miles de comunidades de vecinos en Barcelona y el resto de España tendrán que afrontar importantes reformas en sus ascensores tras la entrada en vigor de la nueva normativa estatal que endurece los requisitos de seguridad y accesibilidad.

En algunos casos, las obras pueden superar los 40.000 euros y obligarán a aprobar derramas entre los propietarios.

La medida afecta especialmente a edificios antiguos con elevadores instalados hace décadas, muy habituales en barrios históricos de Barcelona como el Eixample, Gràcia, Ciutat Vella o Sants.

Afecta a miles de edificios

El cambio llega con la nueva Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 de Ascensores, aprobada mediante el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril.

Aunque la normativa entró oficialmente en vigor el 1 de julio de 2024, es ahora, durante 2026, cuando muchas comunidades están empezando a recibir las primeras inspecciones técnicas obligatorias y descubriendo el alcance real de las reformas exigidas.

El objetivo del Gobierno es aumentar la seguridad de los ascensores antiguos y reducir accidentes relacionados con desniveles, atrapamientos o fallos mecánicos.

Ascensores en una imagen de archivo

Ascensores en una imagen de archivo Archivo

La normativa afecta sobre todo a los ascensores instalados antes de las regulaciones europeas más modernas, especialmente aquellos anteriores al año 2000.

En Barcelona existen miles de fincas con elevadores antiguos que deberán adaptarse progresivamente a los nuevos estándares técnicos.

Qué reformas serán obligatorias

Entre los cambios que exige la nueva ITC AEM 1 destacan varias mejoras de seguridad y accesibilidad.

Los ascensores deberán incorporar sensores o barreras fotoeléctricas que impidan el cierre automático de las puertas si detectan personas u obstáculos.

También será obligatorio reducir al máximo el desnivel entre la cabina y el rellano para evitar tropiezos y caídas, especialmente entre personas mayores o con movilidad reducida.

Bloques en Barcelona en una imagen de archivo

Bloques en Barcelona en una imagen de archivo AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Otra de las novedades es la obligación de contar con un sistema de comunicación bidireccional operativo las 24 horas, incluso en caso de apagón eléctrico. Además, las cabinas deberán disponer de iluminación de emergencia automática.

En algunos edificios también será necesario instalar limitadores de velocidad, reforzar puertas y cabinas o sustituir antiguas guías de madera o cilíndricas por sistemas modernos de acero.

Reformas de hasta 40.000 euros

El coste de las actuaciones dependerá del estado y antigüedad del ascensor. Cuando únicamente sea necesario instalar sensores o sistemas de comunicación, el precio puede situarse entre 800 y 1.000 euros.

Sin embargo, si las obras afectan al sistema de tracción, a la estructura o a elementos mecánicos importantes, la factura puede dispararse hasta los 40.000 euros o incluso más.

Dos ascensores FAIN

Dos ascensores FAIN

La Ley de Propiedad Horizontal considera estas actuaciones como obras obligatorias para garantizar la seguridad y habitabilidad del inmueble.

Por ello, todos los propietarios deberán asumir el coste correspondiente según su cuota de participación, salvo que los estatutos de la comunidad indiquen otro sistema de reparto.

Qué pasa si la comunidad no adapta el ascensor

No cumplir con la nueva normativa puede acarrear sanciones económicas e incluso la inmovilización del ascensor hasta que se ejecuten las mejoras necesarias.

Las adaptaciones serán exigibles después de la correspondiente inspección periódica. Si el resultado es desfavorable, la comunidad dispondrá de un plazo de entre tres y 10 años para realizar las obras, dependiendo de la gravedad de las deficiencias detectadas.