El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach
El Parlament acelera la ley contra la compra especulativa de vivienda a la espera del dictamen del Consell de Garanties
Junts y PP solicitarán un informe de la alta institución, que no es vinculante, pero retrasará la aprobación de la norma
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El Parlament de Catalunya da un paso adelante para contener la compra especulativa de vivienda. El pleno ha aprobado este miércoles, 8 de julio, tramitar por lectura única una proposición de los comunes para limitar la finalidad con la que se adquieren los pisos en las zonas tensionadas.
Esta iniciativa, considerada "inconstitucional" según un informe encargado por la asociación de propietarios Som Habitatge, ha salido adelante con los votos a favor de PSC, ERC, Comuns y la CUP y el voto en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana.
Precisamente, Junts y PP anunciaron este martes que solicitarán un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries una vez los grupos presenten sus enmiendas al texto, lo que retrasará la aprobación final de la normativa, si bien estos informes no son vinculantes.
Así, la luz verde definitiva no llegará, previsiblemente, hasta después del verano, con el inicio del nuevo periodo de sesiones.
Archivo - Votaciones durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Foto de archivo
Uso propio o alquiler habitual
El texto permite a ayuntamientos como el de Barcelona, en zonas de mercado residencial tensionado, que puedan limitar la compra especulativa de viviendas a través de los planes urbanísticos.
La proposición establece que la vivienda solo podrá destinarse al uso habitual y permanente de la persona adquirente o de uno de sus familiares. En caso contrario, únicamente podrá alquilarse como residencia habitual y sujeta al control de rentas vigente.
Solo se permite excepcionalmente comprar una segunda residencia cuando no esté en el mismo municipio. Además, tampoco podrá destinarse a vivienda turística o de temporada.
Bloques en Barcelona en una imagen de archivo
Indignación de la Asociación de Promotores
El presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), Xavier Vilajoana, ha avanzado en una declaración ante los medios que "batallarán" hasta llevar el texto de los comunes al Tribunal Constitucional para que no prospere.
Vilajoana se ha mostrado indignado ante la iniciativa, que considera una "aberración" a nivel jurídico y como solución para facilitar el acceso a la vivienda.
"No puede ser que por negociaciones políticas se decidan este tipo de proposiciones de ley, porque esto quiere decir que les importan un bledo las decisiones que toman", ha criticado.
Xavier Vilajoana, presidente de APCE Catalunya
Además, ha asegurado que Barcelona ha sido en los últimos años un ejemplo de las políticas contraproducentes para la generación de oferta de vivienda, en alusión al mandato de la exalcaldesa Colau.
En cuanto a las limitaciones que comporta la ley, ha dicho que ni los promotores ni la administración "son nadie para decirle a la gente cómo debe vivir".
Inconstitucional
En este sentido, el pasado lunes el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre y el profesor agregado de Derecho Civil Héctor Simón, ambos de la Universitat Rovira i Virgili, presentaron un dictamen jurídico en el que rechazaban la constitucionalidad de la proposición.
Los juristas concluyeron que la norma vulnera el derecho europeo, además de atentar contra el derecho a la propiedad privada.
Asimismo, Nasarre destacó que limitar la compraventa en Catalunya supondría un trato territorialmente diferenciado entre las distintas comunidades autónomas españolas, lo que quebraría la igualdad de derechos.
