Colau aprueba la privatización total de Servicios Funerarios de Barcelona

El Ayuntamiento ha aprobado la venta del 15% de las participaciones que todavía tiene en Servicios Funerarios de Barcelona (SFB). El visto bueno, pendiente de pasar por el pleno municipal, se ha dado en la comisión de Economía y Hacienda que ha tenido lugar este miércoles por la tarde. La propuesta, que el gobierno de Ada Colau perseguía desde el pasado mandato, significará la privatación total de la sociedad mixta. Actualmente, la empresa Mémora -controlada por el fondo canadiense Ontario Teachers Pension Plan- dispone del 85% del accionariado y el consistorio el 15% restante a través de la compañía pública Barcelona de Serveis Municipals.

La iniciativa ha recibido el aval del gobierno municipal, Barcelona en Comú y PSC, Barcelona pel Canvi y ERC, mientras que Ciutadans y Junts per Catalunya han votado en contra y PP ha hecho reserva de voto, es decir que hasta que la propuesta llegue a pleno no dirá cuál es el sentido de su voto. Antes de la votación el concejal de Barcelona en Comú, Eloi Badia, ha defendido la venta del 15% por un precio que podría rondar los 28 millones de euros. Tal y como avanzó Metrópoli Abierta, los ingresos que se recauden de la operación se destinarán a políticas sociales, preferentemente a vivienda y rehabilitaciones. Con la decisión, el Ayuntamiento renuncia al control que podía tener en la sociedad mixta en temas, como por ejemplo, las tarifas. Así lo denunciaron en distintas ocasiones desde el PSC antes de las elecciones. 

1,5 MILLONES DE PÉRDIDAS

Según Badia, la venta se tiene que ejecutar porque se está "produciendo una devaluación del activo y no hay rendimiento económico". El concejal ha subrayado que las pérdidas para el Ayuntamiento son de 1,5 millones de euros al año. Badia ha recordado un informe presentado a finales del pasado mandato en el que se aconsejaba proceder a la transacción de las participaciones "para no descapitalizar al Ayuntamiento". El PSC socio de gobierno de Ada Colau no ha intervenido en la comisión y ha dejado la defensa de la venta en manos de los comunes.

El concejal de ERC, Jordi Coronas, ha apoyado la iniciativa del gobierno municipal. "Tener un 15% da para lo que da". El concejal ha añadido que ahora que se ha decidido vender estas participaciones el objetivo tiene que ser conseguir para la ciudad de Barcelona un paquete de servicios funerarios "dignos a un precio asequible, más allá de los que están fijados legalmente, que son la beneficencia y los servicios subvencionados. Tenemos que trabajar para conseguir esto. Desde ERC ya lo estamos haciendo". Según Coronas, esto se puede hacer a través de acuerdos con los operadores o crear una funeraria pública, el gran objetivo de Colau el pasado mandato. 

Badia no ha mencionado directamente recuperar el proyecto de la funeraria pública, pero la intención del gobierno Colau es "seguir trabajando para que la ciudad tenga unos servicios funerarios con unos precios asequibles". Y lo hará sin abandonar ningúna de las líneas posibles, entre ellas la creación del citado operador que, en el pasado mandato, recibió un varapalo tras otro de la mayor parte de la oposición, incluido PSC y ERC. Fuentes municipales han confirmado a este medio que el proyecto de la funeraria pública está en el pacto de gobierno entre comunes y socialistas.

POPULISMO E IMPROVISACIÓN

Desde las filas de JuntsxCat, el concejal Ferran Mascarell ha argumentado el voto negativo en las dosis de "populismo" e "improvisación" que impregnan a su parecer las decisiones municipales sobre los servicios funerarios de Barcelona. Badia ha recriminado a Mascarell el cambio de punto de vista de su formación. En 2013, la entonces teniente de alcaldía de Economía, Sònia Recasens, con Xavier Trias de alcalde, impulsó la venta del citado 15% pero la operación no se pudo cerrar.

DESDE HACE 23 AÑOS

Hasta abril de 2011, el consistorio barcelonés tenía la mayoría de participaciones de Servicios Funerarios de Barcelona, concretamente el 51%. Sin embargo, el alcalde Jordi Hereu consumó, un mes antes de las elecciones que perdió frente a Trias, la venta del 36% de las acciones por 63,8 millones a Mémora. La operación había sido aprobada unos meses antes, en julio de 2010, por el pleno municipal. De esta manera, Mémora se hizo con el 85% de las participaciones. Por aquel entonces, SFB estaba valorada en 190 millones de euros. El proceso de privatización se inició en 1997 cuando SFB se convirtió en una sociedad mixta.

El concejal de Ciutadans, Paco Sierra, ha acusado al gobierno municipal de buscar "dinero debajo de las piedras" para cumplir sus compromisos de los presupuestos con ERC. Según el regidor naranja, el Ayuntamiento necesita obtener 100 millones extra para las cuentas municipales, que fue el acuerdo que Colau y Ernest Maragall cerraron para contar con el apoyo de los republicanos en la votación. "Están manteniendo una política económica irresponsable". Sierra sostiene que tanto la funeraria pública como el dentista municipal son "humo" que Colau se saca de la chistera cuando tiene un problema.  

EL PP, RESERVA DE VOTO

Desde Barcelona pel Canvi, Eva Parera, ve totalmente lógica la venta porque "no hay capacidad de incidir en la toma de decisiones" y no hay rendimiento económico. El popular Josep Bou ha sido el único que ha hecho reserva de voto, pero ha reconocido que ante la situación de pérdidas probablemente "habrá que ir a la venta".   

En 2017, a propuesta de la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, el Ayuntamiento aprobó la modificación de la Ordenanza de servicios funerarios con el objetivo de permitir la entrada de nuevos operadores en Barcelona. Hasta la fecha, los dos únicos grandes operadores de la capital son SFB y Áltima, aunque en la ciudad también opera Interfunerarias.

Tras la modificación de la ordenanza, al menos otra empresa, Funeraria San Ricardo, ya ha iniciado los trámites para abrir un nuevo tanatorio, concretamente en la calle de los Comtes de Bell-lloc, en el barrio de Sants. El espacio tendrá unos 1.000 metros cuadrados y cuatro velatorios. El objetivo de la entrada de nuevos operadores es que bajen los precios de los entierros en Barcelona, una de las ciudades más caras del Estado español. También Áltima tiene un proyecto de funeraria en Nou Barris, cerca de la masía de Can Valent.