Campaña contra Oleguer Pujol por el desahucio de una familia migrante

Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, está en el punto de mira de las entidades antidesahucio barcelonesas. Algunas de estas entidades han comenzado una campaña contra Oleguer Pujol por querer desalojar a una familia en la calle Turó de la Trinitat. El desalojo, oficialmente, tendrá lugar el próximo jueves 17 de septiembre a una hora que está por determinar.

Las víctimas son una familia de inmigrantes compuesta por Fadoua, Moushine y sus dos hijas pequeñas. “Ninguna familia sin casa. Ni en la Trini no en ningún sitio”, reza uno de los carteles de apoyo a esta familia. Otro cartel muestra a Oleguer Pujol, al que acusan de “desalojador”. En la base del cartel, una foto de Jordi Pujol sacada de un momento de su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la corrupción en el Parlament de Cataluña. Y una demoledora frase: “De tal padre, tal hijo”.

DOS INTENTOS FALLIDOS

En realidad, el cabeza de familia desahuciado es Hamid Kadri, que precisamente la pasada semana tenía que haber firmado el nuevo contrato de alquiler. Sin embargo, poco antes le comunicaron que no le renovarían el contrato. Kadri dejó de pagar las cuotas de alquiler al quedarse en paro. Lleva dos años sin trabajo y hace poco empezó a limpiar oficinas, lo que le permite un cierto respiro. Además, había negociado con el Ayuntamiento de Barcelona una ayuda por la que el consistorio pagaría lo que le faltaba del alquiler. Pero no hubo opción: la compañía propietaria se echó atrás.

Según la Xarxa d’Habitatge d’Horta, ya ha habido dos intentos de lanzamiento de esta familia y se han podido parar. Este lunes, tras iniciarse la campaña contra Pujol, la Xarxa se puso en contacto con la propiedad del edificio “para suspender el lanzamiento y reemprender negociaciones, pero no hemos obtenido respuesta. ¡Seguimos preparándonos para el 17!. Nosotros creemos que Oleguer puede y ha de ofrecer un alquiler asequible”.

LA TRUCULENTA HISTORIA DE OLEGUER

Oleguer ha sido el hijo de Pujol que medió, por ejemplo, en la compraventa de 1.152 sucursales del Banco Santander a través de su empresa Drago Capital. También intermedió en la compraventa de las sedes de Prisa (a través de Drago y la empresa Longshore). La justicia investiga el destino de varios cientos de millones de euros que se cobraron de comisiones por ambas operaciones, que fueron cobrados en paraísos fiscales. Hace pocos meses, llegó un informe desde Holanda, tras una comisión rogatoria, que confirmaba la existencia de dos cuentas asociadas a empresas de Oleguer Pujol (y a su socio Luis Iglesias, yerno del exdirigente del PP Eduardo Zaplana) en aquel país. El juez José de la Mata seguía la pista de 90 millones en comisiones y, de momento, ya encontró 26 millones.

La campaña iniciada por las entidades sociales destaca que Oleguer comenzó a ser investigado por Hacienda en diciembre del 2013, al detectar algunas irregularidades en sus declaraciones de renta y patrimonio. En septiembre de 2014, declaró a Hacienda un patrimonio de 89,5 millones de euros en el extranjero, “la mayoría en paraísos fiscales y con dudosa o nula justificación”. En octubre de 2014, fue detenido por presunto blanqueo de capitales mientras se realizaban registros en sus domicilios y oficinas. En 2017, la Audiencia Nacional le retiró el pasaporte y en 2019 se le añadió una nueva acusación de sacar de España 3,9 millones de euros irregularmente. Este verano, el juez decidió abrir una pieza aparte para investigarlo por delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, entre otros. Finalmente, recuerda que hace unos días “la Audiencia Nacional propuso juzgar a toda la familia Pujol por organización criminal por enriquecerse con la corrupción”.

LUNES NEGRO

Esta campaña contra Oleguer Pujol llega en un momento estratégico: este lunes se ha batido un triste récord en Barcelona, al haber 34 desahucios en una sola jornada. Los colectivos radicales y algunos partidos políticos han puesto el grito en el cielo, hasta el punto de que Endavant, el núcleo duro de la CUP, lanzó un cartel en el que explícitamente decía: “Barcelona, 14 de septiembre de 2020. Zona de guerra”. El Casal de Joves Xiroc ponía también su grano de arena: “Hoy, 14 de septiembre, la ciudad de Barcelona se enfrenta a 34 desahucios. Desde el Casal, rechazamos todo tipo de especulación”. Otros colectivos llamaron a la ciudadanía a dirigirse a los sindicatos de barrio de sus respectivos distritos para dar una respuesta social a la situación.

zona de guerra

El Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu también se muestra preocupado: “Todavía no ha comenzado la semana y ya tenemos unos cuantos desahucios programados. Los grandes tenedores no dudan en seguir dejando a la gente en la calle después de todo lo que está pasando. Tenemos que impedirlo”, alertaba esta entidad. En Sant Andreu, los desalojos previstos son de cuatro.

El colectivo Ca l’Espina hizo un pequeño listado de las personas más vulnerables que están a punto de ser expulsadas a las calles de Barcelona: desde Juanita, “una mujer trans y racializada” que vive en la calle del Carme, hasta “Carmen y sus dos hijas”, que viven en la calle Tolosa (en el Besòs) y cuyo desalojo está previsto este martes.

MUCHOS VECINOS SALIERON A LA CALLE

En el Raval, este lunes estaban previstos tres desalojos por la mañana, que fueron finalmente suspendidos (en la calle Carme, calle Hospital y Portal de Santa Madrona). Una gran cantidad de vecinos acudió a los llamamientos de las entidades del barrio para parar los lanzamientos.

Paradójicamente, una semana después de aprobar en el Parlament la polémica Ley de Regulación de los Alquileres, se produce la peor coyuntura histórica. “En Cataluña acabamos de aprobar una ley que limita los precios del alquiler y da oxígeno a millones de personas. Lo hemos hecho gracias al apoyo de una amplia mayoría social, económica y cultural. Ahora toca extender este avance a todas partes”, se ufanaba el Sindicat de Llogateres i Llogaters el mismo día 9, tras aprobar la ley. Y subrayaba que “a partir de ahora, ya no te pueden enviar un burofax que te dice que ‘o aceptas una subida del 40% o te vas de casa’. Se ha acabado, porque hemos regulado los alquileres”.

Ese mismo día, se desalojaba un bloque de pisos turísticos en la calle Hortes. Las organizaciones vecinales y sociales no habían visto nunca con buenos ojos la ocupación de ese bloque en concreto, aunque tampoco le declararon la guerra porque los pisos del bloque eran turísticos y “estaba en manos de especuladores”. Pero eso dio pie a exigir que los pisos turísticos, que han estado vacíos los últimos meses, se reivindiquen para vivienda social.