El Sindicato de la Vivienda de Casc Antic está contra las cuerdas. Un juzgado de Instrucción de Barcelona dispone de una causa abierta contra el colectivo debido a la okupación de cuatro viviendas de un bloque ubicado en la Ronda Sant Pere.
El grupo está siendo investigado tras haber convocado a 200 personas que impidieron el trabajo de las autoridades durante un desalojo. Por ello, podrían haber constituido en delitos de coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal.
'SÉ QUIEN ERES Y DÓNDE VIVES'
Una de las implicadas en este caso llegó a dirigirse al propietario en tono amenazante. "Sé quien eres y sé donde vives", aseguró mientras recibía la advertencia de una segunda persona, según ha adelantado El Mundo.
Otra de las personas investigadas, según un atestado de los Mossos, se comunicó con los representantes de la empresa indicando que pertenecía al "Sindicato de Inquilinos de Casc Antic" y que movilizó a los convocados para "negociar". Esta misma investigada negoció un pacto con la policía catalana para no okupar más pisos y evitar otras protestas "violentas" a cambio de la retirada de los antidisturbios.
'DIFAMACIONES E INJURIAS'
La propiedad del edificio denunció al sindicato, que presuntamente comenzó "una campaña de difamaciones e injurias con publicidad, así como de coacciones" por redes sociales junto a otras entidades de izquierda independentista. Además, la investigada envió mensajes a representantes legales del dueño de la finca en los que "habla en nombre" del sindicato y afirma que es éste el que decide "quién usurpa y se instala" en las viviendas, aunque se defiende asegurando que en esta expresión hace referencia a familias necesitadas.
Por contra, la acusación cree que en estos pisos ocupados no había "ninguna familia necesitada, sino jóvenes antisistema". El abogado del propietario ha presentado al juzgado la grabación de una reunión con representantes del sindicato, en el que afirma que "su organización forma parte de un movimiento político" y por eso exigen al dueño que "negocie alquileres sociales". También indican que esta forma de actuar, basada en okupar una vivienda para luego obligar a negociar, "la han hecho otras veces" y que tienen "la versión del Ayuntamiento" de Barcelona sobre licencias de obras que se dan a pisos.
Por todo ello, se cree que el colectivo actúa como una "organización criminal para cometer delitos leves", y que disponen de un "equipo jurídico" encargado de posibles responsabilidades penales y de negociar con los dueños de la finca, incluso presuntamente amparados por el consistorio barcelonés.