El Ayuntamiento de Barcelona pretende aprobar el traslado de la Jefatura Superior de la Policía Nacional a otro lugar, a pesar de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que mantendrían el actual edificio, situado en el número 43 de la Via Laietana, porque no hay "motivos operativos" para proceder a su traslado.
"Seguimos negociando cómo sea y con quién sea. Hay un Gobierno del Estado que dice que no tiene interés, pero por otro lado hay la voluntad del Gobierno municipal, también votado por todo el mundo excepto por PP y Cs", ha explicado este martes el concejal del distrito de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes.
MUSEO CONTRA LA REPRESIÓN
"Tenemos claro que tiene que ser un equipamiento de memoria, de reparación de las personas represaliadas, un centro de divulgación, un espacio donde haya los archivos de la represión y un espacio que nos interpele en el presente de lo que es la represión política, la franquista y también la tortura que hay en todo el mundo", ha explicado.
Ha detallado que están trabajando con un plan de usos que han compartido con las entidades memoriales de la ciudad –del que hay un principio de acuerdo– y que están a punto de incoar un expediente para convertirlo bien cultural de interés local para que se incorpore en la red memorial de la ciudad junto al centro cultural El Born y la antigua cárcel Modelo.
ATAQUE DIRECTO AL MINISTRO
Además, ha tachado las declaraciones de Marlaska oponiéndose a su traslado de "desconsideradas con las personas que sufrieron la represión y con toda la ciudadanía de Barcelona".
PLACA ANTIFRANQUISTA
El gobierno de Ada Colau instaló en marzo de 2019 una placa contra la represión policial frente a esta comisaría. El equipamiento fue durante la dictadura la sede la Brigada Politico-Social, que durante 40 años torturó con total impunidad a miles de detenidos que acababan allí. El plafón se bautizó como "El 43 de la Via Laietana. Memòria de la Repressió".
Ya en aquel momento se leyó un manifiesto a favor de convertir el edificio en un espacio de memoria. El texto estaba firmado por entidades y represaliados. De hecho, el Congreso de los Diputados aprobó en junio de 2017 el traslado del equipamiento policial a otro emplazamiento y la conversión del edificio en un centro de denuncia de la impunidad y la tortura durante el franquismo y llevar a cabo "las actuaciones necesarias para la preservación patrimonial del inmueble y su declaración como Bien Cultural de Interés Local"