El gimnasio social Sant Pau continuará en el Raval. El Ayuntamiento pagará ocho millones de euros a Jaume Roures, el fundador de Mediapro, por comprar el edificio en riesgo de desahucio.
Roures, que ha sido el inversor que ha salvado el proyecto, se ha hecho con el gimnasio y lo cederá al consistorio durante 55 años para que "el espacio acoja 36 nuevas viviendas sociales".
Pancarta contra el desahucio del gimnasio Sant Pau, previsto para el 30 de abril / EUROPA PRESS
IMPORTE DE LA PARCELA
La compra del gimnasio se ha hecho pública en una rueda de prensa de este jueves, 1 de julio, aunque el Ayuntamiento no ha concretado el importe que ha pagado el inversor por la parcela.
No obstante, el anterior propietario reclamó 14 millones de euros al consistorio y el gobierno de Colau ofreció hasta 9,7 millones de euros en su momento para hacerse con su propiedad.
PACTO ENTRE CUATRO
En la rueda de prensa de este jueves, el gobierno municipal ha explicado que "ceden el derecho de superfície durante 55 años" a la sociedad Mediaurban, que está vinculada a Jaume Roures (Mediapro).
En el pacto están implicadas cuatro partes: el Ayuntamiento, el mismo Gimnàs Sant Pau, el inversor privado y la Fundació Hàbitat 3, que asumirá toda la gestión de la construcción de las viviendas sociales.
Un piso turístico en Barcelona que se usará como vivienda social / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
PROPIEDAD MUNICIPAL
Una vez finalicen estos 55 años de cesión, la propiedad de la finca, de los pisos y del gimnasio pasará a ser íntegramente municipal y permitirá ampliar el suelo público de la ciudad.
Mientrastanto, Mediaurban se encargará de la reforma y se prevé que se construyan 36 pisos de 60 metros cuadrados. Los precios de cada piso rondarán entre los 400 euros y los 450 euros mensuales, según ha informado Carme Trilla, la responsable de Hàbitat 3. "Es una operación insólita porque es muy difícil encontrar un operador que no quiera ganancias", ha añadido.
Este acuerdo llega después de que el Gimnàs Sant Pau estuviera en riesgo de ser desahuciado el pasado 30 de abril, un lanzamiento que fue suspendido por el juez a petición del Ayuntamiento.