Pedro Arrojo Agudo, Relator de Naciones Unidas para el derecho humano al Agua y al Saneamiento y exdiputado de Podemos en el Congreso, no solo ocultó datos de su trayectoria política para lograr su puesto en Naciones Unidas, según publicó La Razón a principios de diciembre. También olvidó sus conexiones con el amianto. Un hecho que le llevó a ser denunciado ante la Comisión de Derechos y Garantías de la formación morada apenas unos meses antes de ser elegido como diputado, según publica El Ágora Diario.
"GENOCIDIO DEL AMIANTO"
Los hechos se remontan a abril de 2015. Francisco Puche, representante legal de Podemos en Málaga, puso en conocimiento de la citada Comisión la relación que Arrojo había desarrollado durante más de una década con los líderes del llamado "genocidio del amianto". Según Puche, Arrojo había sido líder en España de la Fundación Avina, una entidad filantrópica creada por Stephan Schmidheiny, uno de los mayores magnates del amianto a nivel internacional. Este empresario fue declarado culpable por un tribunal de Turín como responsable de más de 3.000 muertes por el desarrollo de sus proyectos con este material cancerígeno. Le condenaron a 18 años de cárcel. Fue Schmidheiny quien propuso a Arrojo como líder de la Fundación Avina en España.
Esta relación era incompatible con el Documento Ético acerca de la defensa de los Derechos Humanos que pide Podemos a sus miembros para ser militantes rasos del partido. Aún así, Arrojo llegó a ser candidato y diputado en el Congreso por el partido que entonces dirigía Pablo Iglesias.
Pedro Arrojo, Relator de Podemos destinado en la ONU, posando a cámara / ARCHIVO
FINANCIACIÓN POR PARTE DE AVINA
Según publicó La Razón, la Fundación Nueva Cultura del Agua –creada por el propio Arrojo mientras estaba vinculado a Avina– fue denunciada públicamente por entidades ecologistas tras recibir 100.000 euros de Avina para el fortalecimiento de la oficina que tenía en Sudamérica
La denuncia de Puche detalla que “Avina con Arrojo organizan en Brasil un gran encuentro por una Nueva Cultura del Agua en América Latina” para “contribuir al desarrollo sostenible de América Latina fomentando la construcción de vínculos de confianza y alianzas fructíferas entre líderes sociales y empresariales, y articulando agendas de acción consensuadas”. Además, Arrojo fue “de la mano y financiación de Avina, por distintos países latinoamericanos dando el discurso de los derechos del agua (el agua como derecho humano, los 40 litros persona/día; el agua como derecho de ciudadanía, los 130 litros persona/día; y el agua para negocio”). Los mismos hechos fueron denunciados por dirigentes ecologistas latinoamericanos, como Boris Ríos.
Además, el exdiputado ha seguido con un discurso político que ha generado un rechazo generalizado de los representantes de los países miembros del consejo de Derechos Humanos. Estos pidieron al Relator que se centrase en trabajar en los lugares que carecen de derechos humanos.