La Torre Girona y su recinto, situados en el barrio barcelonés de Pedralbes, data del año 1860. Esta finca privada pertenecía a Manuel Girona, quien fuera alcalde de Barcelona entre los años 1876 y 1882. La casa es de estilo neoclásico, mientras que los jardines son románticos, siguiendo la corriente europea de aquel momento.
Actualmente, esta finca es la sede del rectorado de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Su capilla acoge el supercomputador MareNostrum 4, una máquina de grandes prestaciones a la que sucederá MareNostrum 5 y cuyo relevo se estima a finales de este año.
Dicha sustitución requerirá la instalación de una nueva subestación eléctrica en la zona, una implantación que ya está aprobada por el Ayuntamiento. Los vecinos de Zona Universitària denuncian la falta de participación en este proceso, así como los riesgos que conlleva y por los que el consistorio barcelonés no se ha pronunciado.
PARTICIPACIÓN VECINAL
La Asociación de Vecinos de Zona Universitària ha presentado alegaciones ante la aprobación municipal de la nueva instalación. Una de ellas pasa por la "omisión de información" del Ayuntamiento y la falta de "participación vecinal" en el proceso, ya que los residentes no fueron avisados en la fase de anteproyecto pese a ser los principales afectados por la subestación.
Supercomputador en el interior de la Torre Girona / BSC
En este sentido, hacen especial hincapié en las "consecuencias sanitarias y de riesgo" que comporta esta "estación transformadora para las viviendas cercanas", entre las que destacan "ondas electromagnéticas, ruido, peligro de incendio y explosiones".
PÉRDIDA DE ZONA VERDE
Los residentes apuntan a una supresión de la zona verde que "cambia totalmente el valor paisajístico del parque protegido, corredor verde y refugio climático", ya que la ocupación en planta de todo el transformador es de "1.135 metros cuadrados".
El resto de zona verde perteneciente a los Jardines de Torre Girona también sufrirán "repercusiones ambientales". El colectivo vecinal señala la "contaminación por ondas electromagnéticas, afectación a la flora y la fauna del parque protegido" y los anteriores riesgos mencionados para las viviendas próximas a la instalación.
Las alegaciones remarcan la incompatibilidad de usos de la subestación con las zonas verdes. Señalan, concretamente, que las "torres de ventilación con alturas de hasta siete metros" tapan la visión de estos espacios.
Capilla de Torre Girona / BSC
ESTUDIO AMBIENTAL
La AVV de Zona Universitària lamenta que el Ayuntamiento no haya realizado "ningún estudio de evaluación de impacto ambiental", limitándose a redactar un "simple informe". El colectivo resalta que "tampoco hay ningún documento de evaluación de riesgos, de explosión, contaminación, incendio, campos electromagnéticos, que tiene sobre las personas que viven y trabajan cerca de la estación".
Por todo ello, los residentes solicitan "que se inicie nuevamente todo el proceso urbanístico y se constituya una mesa de vecinos, trabajadores de la UPC y representantes universitarios afectados conjuntamente con técnicos, el Ayuntamiento" y la propia universidad para participar en el proyecto, así como que se trámite la modificación puntual del Pla General Metropolità que afecta al Pla Especial Urbanístic que se ha aprobado para la instalación de la subestación eléctrica.
Además, piden que dicho plan urbanístico determine que el proyecto de urbanización se trabaje junto a los vecinos y que éste evalúe "todos los riesgos a personas y edificaciones que comporta la instalación, sus medidas de corrección y los estudios de impacto ambiental".
REGISTRO
El colectivo vecinal registró dos instancias en las que solicitó la información relativa a la planificación urbanística municipal de este proyecto. La primera data del 21 de febrero de 2020, mientras que la segunda se realizó el 6 de mayo de 2021. Lejos de recibir la respuesta por escrito que se reclamó en dos ocasiones, la asociación tan solo obtuvo acuses de recibo.
Comprobantes de registro / AVV ZONA UNIVERSITÀRIA
Desde la AVV lamentan que este proceso haya tenido una "nula participación de las asociaciones", así como que el Ayuntamiento no realizara un ejercicio de transparencia dando respuesta al "derecho de información pública" que tienen los residentes.