El Ayuntamiento de Barcelona erradica los bicitaxis en toda la ciudad

Desiertos de bicitaxis. Así se presentan estos días los principales enclaves turísticos de Barcelona. Ni rastro del trasiego de los triciclos, objeto de críticas de los barrios más tensionados por el turismo e incluso del Ayuntamiento, partidario de su prohibición. Este mediodía, no había rastro de ellos en algunos de los lugares habituales donde los conductores esperan a sus clientes. Desde el 21 de junio, en un nuevo intento de asfixiar y erradicar esta actividad económica, el gobierno de Ada Colau les exige una licencia para poder operar. Una oleada de vehículos requisados ha paralizado casi por completo la circulación de los trixis.

En los últimos años, los vehículos a tres ruedas se han convertido en una pieza de atrezo más de alguno de los escenarios más transitados de la ciudad. Muchos están en el litoral, por ejemplo, el paseo de la Barceloneta o la parada de taxis ubicada enfrente del Casino de Barcelona. También en los alrededores de la Sagrada Família se suelen ver a estos vehículos de movilidad personal (VMP) a pedales. Este lunes, entre las 14.00 y las 15.00, Metrópoli ha comprobado la ausencia total de estos vehículos en estos tres puntos.

PROHIBICIÓN EN SANT MARTÍ

Una circular enviada por el área de Movilidad el pasado 20 de junio a los propietarios de los vehículos podría significar la estocada final de esta actividad económica. No obstante, es pronto aun para anunciar la muerte de un sector que recientemente ha recibido numerosas ofensivas políticas y, también, en forma de medidas concretas. La última pasa por la prohibición (excepto cuatro rutas concretas) de su circulación en Sant Martí. 

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona anunciaba el veto de los triciclos en este distrito el pasado 23 de junio. Tres días antes, el Ayuntamiento lanzaba una advertencia a todos los conductores. En un breve texto a modo de "recordatorio", la gerencia de Movilidad les transmite que deben contar con las "autorizaciones o licencias" necesarias para desarrollar el transporte de viajeros y les avisa de las consecuencias de no hacerlo. "En caso de no disponer de licencia, podrán ser denunciados por los agentes de la autoridad y los vehículos podrán ser decomisados como medida cautelar". 

SIN BILLETE DE VUELTA

Julien, responsable de la empresa Funky Circle, recibió el mensaje en un correo electrónico el lunes pasado a las 18.00 horas. A la mañana siguiente, la Guardia Urbana requisaba numerosos vehículos por no tener la citada licencia. La grúa se llevó uno de los 40 vehículos que Julien alquila a 25 conductores. Cuando el miércoles se acercó al depósito municipal no pudo recuperarlo. Le notificaron que el vehículo estaba precintado y que la situación de su triciclo sería gestionada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

A diferencia del pasado, ahora los viajes al depósito ya no tienen billete de vuelta. Tras una primera requisa en este nuevo contexto, la noticia corrió como la pólvora entre el mundo del trixi. Desde la semana pasada, apenas nadie se atreve a salir por miedo a perder su vehículo. De madrugada circulan unos pocos a partir de las 02.00 horas, cuando la presencia policial es muy reducida. "En lugar de regular, el Ayuntamiento ha decidido prohibir una actividad económica. No se puede prohibir de un día para otro", denuncia Julien, que reclama al consistorio claridad sobre el tipo de licencia que exige ahora. "No sabemos qué nos están pidiendo", se queja.

"LOS BICITAXIS NO ENCAJAN CON NUESTRO MODELO"

Ante el riesgo de perder sus vehículos, este hombre ha decidido guardarlos en el garaje. Este empresario tiene una licencia de actividad para alquilar bicicletas con asistencia eléctrica sin propulsión. Cada uno de los 25 conductores que pedalean sus vehículos son trabajadores autónomos, que pagan su cuota a la seguridad social. La parálisis de los vehículos por este incertidumbre horizonte afecta directamente, dice, a los bolsillos de estos conductores. Algunos trabajadores de origen pakistaní, nacionalidad predominante en este sector, han presentado instancias en el distrito de Ciutat Vella para protestar ante esta situación.

En una respuesta a este medio, el Ayuntamiento recuerda que el modelo de bicitaxis "no encaja con el modelo de movilidad y turismo que quiere la ciudad por cuestiones de seguridad, convivencia y calidad laboral". En consecuencia, desde 2019 pide a la Generalitat que prohíba esta actividad. Ante el "incremento" de estos vehículos y la no regulación por parte del gobierno catalán, una portavoz municipal explica que el consistorio ha comunicado a los operadores que la ordenanza municipal "prohíbe llevar a cabo una actividad económica en el espacio público sin licencia de actividad".

BICITAXIS DESDE 2007

Alex Maldonado, de Ecotour, se une a las críticas de Julien por la decisión del Ayuntamiento que entiende como el "cierre" de la actividad económica de los bicitaxis. "Lo están haciendo de la manera más ilegal posible", comenta. Maldonado recuerda que los triciclos circulan en Barcelona desde 2007 cuando apareció una primera empresa llamada Trixie. Luego le siguieron otras que realizaban –y algunas siguen haciéndolo– visitas guiadas por la ciudad. En un inicio, el consistorio otorgó unas licencias para realizar esta actividad económica, que dejó de exigir a partir de 2017, con la aprobación de la Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de Barcelona que regulaba, junto a otros VMP como los patinetes eléctricos, su circulación por la vía pública. Desde entonces, la cifra de triciclos se multiplicó hasta los cerca de 500 actuales registrados.

También existe una parte de bicitacis clandestinos sin registro en el consistorio o conducidos por personas sin papeles con conductores. "Hace mucho tiempo que al Ayuntamiento se le fue de las manos. Antes de la ordenanza las cosas se hacían bien y no había quejas", explica Maldonado. Según su opinión, el porcentaje de conductores irregulares también obedece a la incapacidad del Ayuntamiento de controlar esta actividad económica. 

"MERCANCÍA PROHIBIDA"

Julien despotrica contra la administración por tratar a sus vehículos como una "mercancía prohibida" y subraya a este medio que su empresa no realiza ninguna "venta ambulante". Frente a los nuevos palos a las ruedas de esta actividad económica puestos por el Ayuntamiento, defiende un "modelo de transporte sostenible y que aporta valor añadido a la ciudad". La otra cara de la moneda la representan asociaciones vecinales de Ciutat Vella y Sagrada Familia, que ven con buenos ojos la erradicación total de su circulación.