Rebelión de los bicitaxis tras la prohibición de facto del Ayuntamiento de Barcelona

La exigencia de una licencia a los bicitaxis para poder circular en Barcelona comunicada por el Ayuntamiento el pasado 20 de junio ha provocado un auténtico terremoto entre los cerca de 470 conductores registrados que pasean a turistas por la ciudad. La nueva medida es en realidad una prohibición de facto de esta actividad económica, que en los último años ha estado en la diana del gobierno municipal de comunes y socialistas. Desde hace dos semanas ningún conductor sale a la calle por miedo a que la Guardia Urbana le confisque su herramienta de trabajo. Ahora ya no es posible recuperar los vehículos requisados con el pago de una sanción, ya que el consistorio se ampara en que su situación se debe resolver a través de los servicios jurídicos municipales.

Desde este lunes 210 conductores han presentado una instancia en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento. Estos trabajadores autónomos reclaman al gobierno de Ada Colau que les clarifique qué licencia deben tramitar, pues están convencidos que no existe. En una de estas instancias, un empresario que gestiona 40 vehículos solicita este permiso "a la mayor brevedad posible" y recuerda que de ello depende que pueda generar ingresos de nuevo. El próximo lunes, 4 de julio, el sector ha organizado una manifestación para denunciar su situación y reclamar su derecho a trabajar.

UN EMPRESARIO: "TENEMOS DERECHOS"

Said Wali Naseri es empresario de un sector laboral que nunca ha congeniado con los vecinos de barrios como la Barceloneta. Desde 2018, este hombre gestiona 35 triciclos. Relata que su aventura empresarial ha sido una carrera de obstáculos que ahora se agrava con este nuevo escenario. "En Barcelona no hay derecho para los trabajadores. Parece que solo tengan derecho los ladrones, que pueden robar y siguen en la calle", explica muy enfadado este barcelonés llegado de Afganistán hace 16 años.

Entre vehículos, baterías eléctricas y otros gastos, Naseri desgrana una inversión de 100.000 euros. En los últimos 10 meses, su local ha permanecido cerrado por orden del Ayuntamiento. Ahora, la prohibición de circular le pone en una delicada situación. Asegura que tiene deudas que pagar con la seguridad social y que debe 5.000 euros en multas puestas a sus conductores. "¿Cómo podré pagar las multas?", pregunta desesperado.

DE 40 VEHÍCULOS A MÁS DE 500

El enfado se extiende en un sector con mala fama entre algunas entidades vecinales de los barrios más turísticos de Barcelona. Desde hace años, denuncian la conducción temeraria de estos vehículos a tres ruedas con la música a todo volumen y ocupando más de un carril bici. La Asociación de Vecinos de la Barcelona los relaciona con algunas actividades ilegales como la venta de alcohol y drogas. Los más veteranos como Daniel Zapater (45 años) insisten en desmarcarse de los trixis clandestinos o irregulares y de una parte del sector mal visto por los vecinos.

Para este hombre, el trixi es su principal herramienta de trabajo, por el que cobra un sueldo medio de 1.500 euros al mes. Empezó a realizar paseos turísticos en 2013 cuando en la ciudad apenas había 40 vehículos de estas características. En 2017, el gobierno de Ada Colau incluyó los trixis en la categoría de vehículos de movilidad personal (VMP) de la nueva ordenanza municipal y sustituyó una antigua licencia que regulaba esa actividad por un simple registro. Esto atrajo a muchos conductores que se fueron sumando a este ecosistema laboral, que según denuncia Zapate, nunca se ha regulado en condiciones.

"PAGAMOS JUSTOS POR PECADORES"

"Tuvimos varias charlas con el Ayuntamiento, queríamos regular bien el sector y les mostramos los casos de ciudades en Holanda, o Melbourne, pero no hicieron nada", comenta este barcelonés, que recuerda una frase de la exconcejal Gala Pín en una de estas conversaciones. "Nos dijo que el mercado regularía el sector por sí solo. Ahora tenemos 1.000 bicitaxis. Muchos lo hacen mal y terminamos pagando justos por pecadores", se queja este padre de tres niños, que responsabiliza al Ayuntamiento del actual descontrol del sector.

En el caso de Md Pintu Ali, (30 años) ha invertido 30.000 euros en su proyecto empresarial que, en su caso, ha generado cinco puestos de trabajo. En total nueve personas pedalean en sus triciclos. Los cuatro restantes son empleados autónomos, la figura que predomina en el mundo trixi. Este hombre de origen bangladeshí asegura que en una oficina municipal le han contestado que la licencia que ahora reclama el Ayuntamiento no existe. "Detrás de los bicitaxis hay empresarios que hemos pagado mucho dinero. No somos mafiosos como algunos han dicho", se queja.

INICIATIVA ELECTORALISTA

Zapater relaciona la prohibición del Ayuntamiento con una voluntad de ganar "cuatro votos" por parte del teniente de alcalde, Jaume Collboni, quien . Está convencido de que el conflicto terminará en un juzgado contencioso administrativo y que lo ganarán. Antes, los conductores deberán agotar la vía administrativa y poner una demanda. Cuando esto ocurra, vaticina, ya habrán transcurrido las elecciones.