Ada Colau lo ha vuelto a hacer. Este miércoles, 27 de julio, presentó un protocolo de actuación con el CSIC para desalojar la discoteca Opium y ampliar su centro de estudios en el local. Ya lo hizo en 2019 –sin lograrlo– y ahora, a menos de un año de las elecciones municipales, el Ayuntamiento de Barcelona mantiene su cruzada contra el ocio nocturno en el Frente Marítimo.
En conversación con Metrópoli, desde el Grupo Costa Este –poseedor del club–, aseguran que impugnarán en la justicia la decisión de la administración local. La consideran una decisión "unilateral" que tiene el único fin de "perseguir al ocio y vender la inversión en ciencia y tecnología" de cara a la campaña electoral de mayo de 2023. De hecho, fuentes del sector consultadas por este medio ven el anuncio de Colau como "un brindis al sol". "Al menos hasta que el Estado se pronuncie", matiza uno de los empresarios afectados.
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Desde el sector del ocio nocturno ven el anuncio del Ayuntamiento con preocupación, aunque dudan de su recorrido. Y es que los terrenos donde se encuentra Opium (así como el resto de discotecas que quedarían afectadas en una segunda fase del proyecto anunciado por los comunes) no es propiedad ni del Ayuntamiento de Barcelona ni del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sino del Ministerio de Hacienda.
Delegación del CSIC en Barcelona / ARCHIVO
Hasta ahora, el Gobierno español no ha realizado ningún movimiento para ceder el espacio del litoral barcelonés al CSIC. Tampoco ha realizado ningún anuncio oficial donde haya dado por bueno el nuevo planteamiento del Gobierno de Colau. El PSC, hasta la fecha, no ha abanderado esta lucha contra el ocio nocturno, sino que es una batalla de Barcelona en Comú que se arrastra desde el mandato anterior.
SIN AVISO PREVIO
Javier y Ramón Bordas, propietarios del Grupo Costa Este, inciden en la "incongruencia" de atacar a una zona de ocio que funciona bajo la normativa y que "llena de valor" a la capital catalana. "Nos encontramos ante un Ayuntamiento que quiere acabar con un foco de actividad por una decisión puramente ideológica", coinciden varios empresarios del sector.
"No tiene ningún sentido acabar con el lugar de referencia del ocio barcelonés", aseguran los afectados. Además, denuncian la "falta de moral" del consistorio al no emitir ningún tipo de comunicado a la empresa, sin tener en consideración a los "más de 1.000 empleados que podrían verse afectados por el desalojo".
SIN PROYECTO
Según informó el Ayuntamiento en un comunicado, el objetivo de la ampliación es la "transferencia de conocimiento y divulgación ciudadana a las temáticas relacionadas con el medio marino". Defienden que la ampliación forma parte del acuerdo de capitalidad científica de Barcelona, que firmaron el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y Colau en 2020, a pesar de que en 2019 el gobierno municipal no lograse sus objetivos.
Ada Colau y Pedro Sánchez, en un encuentro en el Ayuntamiento de Barcelona / EUROPA PRESS
En este sentido, Ramón Bordas insiste en que no hay ningún proyecto "justificable" para realizar la ampliación. De hecho asegura que el edificio que ya ocupa el CSIF, justo detrás de la discoteca Opium, está "infrautilizado".
NO SE CONTEMPLA EL DESALOJO
Por ello, desde el Grupo Costa Este aseguran que no permitirán el desalojo. "Es un escenario que no contemplamos", sentencia Ramón Bordas.
El empresario de la noche asegura que ya han iniciado trámites legales y que cuentan con suficientes pruebas como para demostrar que la actuación del consistorio es "impugnable".
SEGUNDA FASE
Ante la "purga" del Ayuntamiento contra la "concentración excesiva de locales de ocio", los empresarios de la zona remarcan que en los últimos meses cerraron los locales del Port Olímpic y otros dos en el Front Marítim". Por ello, tumban uno de los argumentos del consistorio, que también "justifica" el cierre de otros dos locales en la segunda fase del proyecto.
Después del desalojo de Opium (2.565 metros cuadrados), que se incluye en la primera fase del proyecto, el gobierno municipal plantea cerrar Shoko (690 metros cuadrados) y Carpe Diem (1.075 metros cuadrados), que permitiría al CSIF ganar hasta 4.330 metros cuadrados en las dos fases.
Exterior de la discoteca Shoko de Barcelona en una imagen de archivo
BUENA GESTIÓN
El Grupo Costa Este valora el movimiento municipal como "una decisión política absurda que solo busca erradicar, sin motivo alguno, una zona de restauración y de ocio que ha venido desarrollando su actividad ininterrumpidamente desde las olimpiadas", en referencia a los Juegos Olímpicos de 1992.
La dirección de Opium valora que la zona de restauración "no ha ocasionado molestias vecinales en sus más de tres décadas de actividad". También añade que la Guardia Urbana la considera "un ejemplo de buena gestión". Es por eso que avisan que si su discoteca y las demás afectadas –CDLC y Shoko– se ven obligadas a marcharse, supondrá "una mayor concentración de clientes en otras zonas ya tensionadas y ubicadas en zonas residenciales", como ocurrió con el cierre de discotecas en la pandemia.
FRACASO EN 2019
El repentino anuncio del consistorio llega después de su primer intento fallido de realizar una operación casi idéntica a la actual cuando finalizaba la concesión del derecho de uso a los establecimientos, el 21 de junio de 2019.
Ante la iniciativa de los comunes, el Estado decidió alquilar los locales a los negocios emplazados hasta decidir su futuro, que terminó en una subasta que retrató el primer fracaso Colau en su persecución a las discotecas.