Vicenç Hernández: “Colau no puede trasladar al sector privado su responsabilidad social"

El diagnóstico es compartido. Hay conciencia social, nadie discute que el acceso a la vivienda para determinados colectivos es un problema en Barcelona y en buena parte del área metropolitana. Pero otra cosa es valorar las acciones que ha tomado la administración pública. Vicenç Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de España, tiene claro que los comunes, con Ada Colau al frente, se han equivocado: “Colau no puede trasladar al sector privado su responsabilidad social", señala, en alusión a la decisión de que los promotores reserven hasta un 30% de la nueva obra a vivienda social.

Hernández expone todo lo relacionado con el sector, y su profunda transformación con las nuevas tecnologías, con las llamadas PropTech, en su desayuno con los miembros de la Comisión de Nuevas Iniciativas (CNI) del Círculo Ecuestre. El presidente del CNI, Miguel Tarazón, invitó a Hernández a explicar el resultado de esas decisiones de la administración y los asistentes entendieron que la complejidad es enorme, porque muchos vecinos y vecinas de Barcelona buscan mejores condiciones en el acceso a la vivienda en zonas como el centro de Badalona, que se ha revalorizado de forma notable en los últimos años.

Vicenç Hernández, en una entrevista con Metrópoli, considera que el gran problema de Colau y de los comunes –ha habido mejor relación con la parte del gobierno del PSC—es que ha actuado “de espaldas al sector, sin contar con los que estamos cada día en contacto con promotores, con los agentes inmobiliarios, con los administradores de fincas”. Y la primera conclusión, aunque pueda ser dura de aceptar, es que la llamada mixtura social que pretende Colau puede ser un problema. “Esa política del 30% significa que hay un 70% que paga mucho más por una vivienda, y que no desea la mezcla social, que genera siempre problemas, como saben los administradores de fincas”.

PROYECTO FRUSTRADO

Pero existe un primer problema sobre el propio coste de las operaciones, para el sector privado. “Lo más inteligente, lo que resultaría, es invitar al privado para que construya vivienda social en un determinado emplazamiento, a cambio de poder construir en otro de mercado libre. Está también la cuestión reputacional, y se puede lograr el apoyo del privado, aunque gane menos en determinadas promociones. Pero lo que no puede suceder es que se vaya a pérdidas”, señala Hernández, que insiste en la cuestión principal: "El sector privado puede ayudar, ir de la mano, pero la responsabilidad de las políticas sociales es de la administración, es de Colau, no de los privados". 

La cuestión no es crear guetos, con una parte de los vecinos de Barcelona apartados en viviendas sociales. “En un mismo distrito puede haber distintas zonas, con promociones distintas, no se trata de separar, sino de resolver el problema de acceso a la vivienda con políticas que sean eficientes”, insiste Hernández.

Colau, que prometió al inicio de su mandato la construcción de 8.800 viviendas, ha visto frustrados todos sus planes por no querer contar, desde el inicio, con el sector privado. Sin embargo, accedió a hacerlo con un plan que proviene de la etapa de Xavier Trias como alcalde, y que los comunes pararon. Ahora se ha puesto en marcha aquel proyecto, con 2.300 pisos sociales para 2024. No llega a la cuarta parte de lo que Colau había anunciado, y, en todo caso, con la participación del entonces denostado sector privado.

Pero la falta de oferta de vivienda social o asequible se ha complicado, a juicio de Hernández, con la decisión de la Generalitat de topar el aumento del precio del alquiler, con un 2%, una medida que contó con el apoyo de los comunes de Colau en el Parlament.

¿Ha tenido eficacia esa medida? “Los precios de los alquileres no han bajado, al revés, han subido y solo bajaron con la pandemia, con el efecto de la ley de la oferta y la demanda. Es una medida de la Generalitat que no es eficiente. Se debería apostar por estimular la oferta y buscar soluciones simétricas para todos, porque ahora lo que parece es que el propietario es el malo de la película”, indica el presidente de los API del conjunto de España.

¿Se puede llegar a una solución conjunta? Para Hernández las medidas fiscales deben ocupan un espacio central. “Para aflorar vivienda, de propietarios medios, que pueden preferir, incluso, tener pisos cerrados, puede ser más efectiva la aplicación de incentivos fiscales si se alquila, por ejemplo, a colectivos desfavorecidos. Se puede aplicar al IBI o a la tasa de basuras, y, a nivel nacional, con desgravaciones sobre los rendimientos de capital inmobiliario”.

Esa medida debería compensar, a juicio de Hernández, que ha trabajado durante años en el sector financiero, los posibles impagos por parte de los que alquilan un piso. Y todo ello solventando, con medidas claras, los casos de ‘okupación’, “que son cada vez más preocupantes”.

Ahora bien, la ciudad de Barcelona ha puesto en marcha proyectos que, en general, satisfacen a todo el sector implicado, como es el caso de la ampliación del distrito del 22@, con más techo económico, pero también con obra residencial. “Es un modelo de éxito, con un mercado de oficinas, que tienen futuro, porque tras la pandemia se ha entendido que la presencia laboral es importante, y con un equilibrio residencial que vemos muy bien”. ¿Por qué, dado que el proyecto, inicialmente, estaba pensado como un área económica? Hernández señala que para muchos profesionales, a diferencia de grandes urbes como Londres, “se valora mucho que se pueda vivir cerca del lugar de trabajo, en un equilibrio muy necesario para la propia ciudad”.

¿MANUALES PARA OKUPAS?

La vivienda lo condicionará todo en el futuro en la ciudad de Barcelona y en el conjunto del área metropolitana. Desde la premisa inicial de que el sector inmobiliario, con todos los profesionales que se relacionan con él, están de acuerdo en el “diagnóstico”, Vicenç Hernández considera que Barcelona no puede quedarse en manos de extranjeros o de ciudadanos de alto nivel adquisitivo, expulsando a los vecinos de siempre. “Hay que regular, eso está claro, y en eso podemos estar de acuerdo con la regulación sobre los pisos turísticos. No se puede destinar todo a ese fin. Y es cierto que, en cualquier caso, las políticas de vivienda deben realizarse sobre el conjunto del área metropolitana, viendo qué emplazamientos están libres, qué promociones se pueden realizar, y mejorando el transporte público”.

Un equilibrio, que repite una y otra vez Hernández, y que, a su juicio, “no se ha aplicado el gobierno municipal, porque ha actuado de forma unilateral”. Y con acciones que, como mínimo, han sido ambiguas: “Lo que no puede ser es que entidades vinculadas a los comunes distribuyeran una especie de manual para ‘okupar’. Y es cierto que los socialistas se han desmarcado, pero lo podrían haber hecho antes”.

Para Vicenç Hernández un caso paradigmático, con la intervención de la propia Colau, ha sido la llamada Casa Orsola, un edificio modernista en el Eixample que cambió de manos respecto a la propiedad y que ha sido presentado como un caso de especulación. “La nueva propiedad dejó claro que no iba a aumentar los alquileres a quien no pudiera, pero siempre que se demostrara. A una mujer mayor se le bajó la renta. Y hubo una persona de buenos ingresos que no aceptó el aumento. Lo que no se puede aceptar es que se produzcan escraches, porque eso ahuyenta mucho la inversión”, indica.

Ahora bien, ¿está pagando Barcelona las consecuencias de esas acciones y de esas políticas de la administración? Para Hernández hay un hecho y una explicación clara: “Lo cierto es que la inversión extranjera no ha bajado, al revés, se interesa por Barcelona y lo que me llega es que esos inversores entienden que lo que pasa es muy raro, y que, por tanto, es ‘circunstancial’. Es decir, consideran que el actual gobierno municipal no puede durar”.