Un dirigente de Vox, tras el cierre del Llobregat Centre de Cornellà

Un dirigente de Vox, tras el cierre del Llobregat Centre de Cornellà. El centro comercial --uno de los referentes para los vecinos del Baix Llobregat-- finalizará su actividad comercial el 8 de enero de 2023 por un desacuerdo económico entre los propietarios privados del espacio. El propietario mayoritario de la junta, Comercial Inversora --una sociedad inmobiliaria con sede en Madrid que ostenta más de la mitad de la propiedad-- acumula meses de impagos. Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Empresas (BORME), el presidente de Vox de Asturias, Ignacio Blanco, es el administrador único de esta sociedad desde abril de 2022. Sin embargo, según fuentes cercanas a los propietarios de la comunidad --que han solicitado el anonimato-- el también diputado de la Junta General del Principado de Asturias no ha asistido presencialmente a ninguna reunión. 

Precisamente ese mes --con la entrada de Blanco como administrador-- empezó el episodio de morosidad que ha llevado al centro comercial a cerrar sus puertas definitivamente tras 30 años de historia. La sociedad Comercial Inversora Cornellà sur S.L consta en el registro mercantil desde hace 15 años. Con la incorporación del nuevo administrador --hace ocho meses-- se introdujeron cambios significativos en el funcionamiento del centro, como la instauración de un parking de pago. A raíz de este cambio de propiedad, el Llobregat Centre perdió la gratuidad del parking y a muchos de los inquilinos de los locales. Un cambio que supuso un punto de inflexión para los trabajadores ya que mermó significativamente la afluencia de clientes: "Está claro que el objetivo de Comercial Inversora era hundir esto desde el principio, ¿quién va a pagar semejante barbaridad por venir a un centro comercial?", lamenta uno de los propietarios del centro. Antonio Gago, dueño de una de las zapaterías del centro, añade: "Este señor ya se ha cargado algún otro centro en Asturias, su trabajo consiste en esto". 

LOS PROPIETARIOS CIERRAN FILAS 

El conjunto de propietarios afectados por este cierre --un desenlace que afecta a más de 200 trabajadores-- ha iniciado un litigio contra Ignacio Blanco. Los propietarios minoritarios cierran filas y exigen al diputado de la Junta General del Principado de Asturias cerca de un millón de euros por los impagos de los gastos de la comunidad, a los que se añaden los intereses. Uno de los impulsores de esta acción judicial, - que ha solicitado no hacer público su nombre - ha asegurado a Metrópoli que Comercial Inversora Cornellà Sur SL debe, aproximadamente, 900.000 euros a esta comunidad. Según la gerencia, el operador privado justifica su morosidad alegando que "no consideran justo el porcentaje de reparto de cuotas". Sin embargo, puntualizan que "el tanto por ciento aplicado es el que hay estipulado en los estatutos de la junta".

La comunidad de este centro comercial, a efectos prácticos, funciona de la misma forma que lo hace una comunidad de vecinos: los pequeños comerciantes de Llobregat Centre - 43 propietarios minoritarios - cuentan con un 9,95% de la propiedad del centro comercial frente al 50,05% de Comercial Inversora, el propietario mayoritario. El resto de propiedad está repartida entre otra mercantil - que ostenta un 23% - y la empresa que lleva el pádel del equipamiento, que atesora el 7%. Una de las dudas que se plantean a partir de ahora los pequeños comerciantes es qué sucederá ahora con este espacio tan estratégico, tanto por sus dimensiones como por su simbolismo y ubicación para los vecinos de la comarca.

Fuentes cercanas a los propietarios creen que los planes de Comercial Inversora pasan por pedir al Ayuntamiento de Cornellà un cambio de uso para poder hacer "lo que quieran" con el espacio. Sin embargo, los estatutos estipulan que una propiedad privada necesita tener un 80% de la propiedad para solicitar un cambio de uso al consistorio. Algunos de los propietarios piden ayuda al Ayuntamiento liderado por Antonio Balmón para solventar esta situación: "Nos sería de gran ayuda que cuando Comercial Inversora vaya al Ayuntamiento a pedir un cambio de uso, el consistorio no lo facilite hasta que no se llegue a un acuerdo con nosotros, los pequeños comerciantes". 

POSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO

En declaraciones a Metrópoli, el teniente de alcalde de política territorial y espacio público, Antonio Martínez Flor, asegura desconocer qué se va a hacer con ese espacio una vez quede tapiado a partir del 31 de enero de 2023: "El centro comercial es de propiedad privada, el Ayuntamiento no puede intervenir. Para darle una nueva utilidad a ese espacio primero los propietarios nos tienen que pedir la licencia para un cambio de uso y aquí nadie nos ha pedido nada." Martínez explica a este medio que llamó personalmente hace unos meses a Ignacio Blanco para conocer sus intenciones y que la conversación fue "de lo más extraña". El teniente de alcalde de política territorial y espacio público relata sorprendido que el diputado de Vox no quiso dar a conocer los detalles del futuro uso que tendrá este centro comercial: "Me dijo que era un tema privado y que si alguna vez tenían alguna previsión para cambiar el uso del espacio, ya me la comunicarían". 

Martínez asegura que priorizará a los propietarios: "Mi único compromiso es que si me plantean un cambio de uso, se lo comunicaremos a ellos antes de tomar cualquier decisión. Por ahora, con el 50% de la propiedad no pueden hacer nada, cuando me digan que quieren cambiar el uso comercial del centro tendrán que tener la mayoría suficiente, pero no pongamos el carro antes que los caballos". Preguntado por la situación de los trabajadores, el Ayuntamiento muestra su preocupación pero asegura que "al ser una propiedad privada, poco pueden hacer".

Una vez se haga efectivo el cierre --a partir del 31 de enero-- los propietarios serán desahuciados de sus propios negocios, ya que no podrán volver a entrar en ellos. Sin embargo, hasta que no se decida qué hacer con el espacio, deberán seguir pagando el mantenimiento: "Sin ni siquiera pisarlo, voy a tener que gastarme casi 1.000 euros cada mes para nada", lamenta Javier, dueño de joyería Duran. Fernando, dueño del restaurante El Coto, critica que no pueda volver a acceder al que ha sido su hogar: "Pero si esto es mi casa, ¿cómo no me van a dejar entrar?". Ante esta noticia que ha sacudido a Cornellà, el consistorio marca distancias: "Lo que no pueden hacer es reprochar esto al Ayuntamiento cuando el centro lo cierra la comunidad, no nosotros".