Este miércoles llega a juicio el caso de una empresa que se dedicaba a cobrar deudas de Endesa. En el banquillo de los acusados se sientan tres trabajadores de DPS Consulting para quien la Alianza contra la Pobreza Energética –la denunciante de los hechos– pide penas de cuatro años y nueve meses de cárcel.
Están acusados de acoso una mujer vulnerable que acumulaba una deuda de más de 2.000 euros con la compañía eléctrica. Los hechos sucedieron en 2020, cuando la vecina recibió una llamada de una trabajadora de DPS haciéndose pasar por una funcionaria de la administración de Justícia. Le amenazaron con embargarle las cuentas si no pagaba la deuda de forma inminente.
MÁS DE DOS MIL EUROS
En el caso concreto de esta mujer, le exigían 2.369 euros, de los que aseguran que 1.675 habían prescrito con arreglo al Código civil. La mujer – que grabó la llamada– interpuso una querella que recibió el respaldo de la Alianza contra la Pobreza Energética.
La compañía Endesa también denunció a la trabajadora por una “mala praxis”. Además, aseguran que se abrió una auditoría que concluyó que no les consta que los directivos de DPS fomenten estas prácticas. Endesa sigue trabajando con DPS Consulting porque entiende que se depuraron responsabilidades. Sin embargo, aseguran que si la justicia indica lo contrario, actuarán en consecuencia.