‘Okupas pudientes’: la nueva corriente de inquilinos de BCN que pone en alerta a los propietarios

Los okupas desquician a los propietarios --pequeños, grandes y medianos-- en Barcelona. Fuentes inmobiliarias resaltan que la capital catalana se ha convertido en la última década en un "paraíso para okupas y una pesadilla para inversores". Destacan, asimismo, que la ciudad es un "territorio hostil" para grandes tenedores, pero también para pequeños y medianos propietarios. "La inseguridad jurídica es mucho más alta en Barcelona que en otras ciudades del Estado, y ese mérito es exclusivo del Gobierno de Ada Colau", señala A.B., empresario del sector inmobiliario con negocios en Barcelona que prefiere mantener el anonimato. 

Diversas fuentes consultadas señalan que en el último año se ha puesto en marcha una nueva estrategia del ecosistema de activistas en favor de la okupación: proteger a determinados okupas sin ser siquiera un colectivo vulnerable. "Entre estos colectivos se ha impuesto un nuevo paradigma donde la okupación está justificada tan solo por ser un ciudadano de Barcelona. Antes se implicaban tan solo con personas vulnerables o bien proyectos sociales, las conocidas casas okupas con ideología anarquista o de otras corrientes, como la rama más antisistema del independentismo vinculada a la CUP. Ahora con ser vecino de Barcelona basta para que determinados activistas te den apoyo logístico para que okupes una vivienda", señalan las mismas fuentes. Todo ello con la complicidad --implícita o explícita-- del Ejecutivo local liderado por Colau, indican. 

EL PARADIGMA: CASA ORSOLA

El caso más paradigmático y mediático es el de Casa Orsola, un coqueto edificio modernista situado en el Eixample. La propiedad del inmueble ha denunciado a cuatro inquilinos por negarse a abandonar las viviendas pese a la extinción de sus contratos de arrendamiento. Son personas que están okupando pisos sin título, lo que constituye un incumpliendo de la ley de forma flagrante, según denuncian fuentes inmobiliarias.

Algunos de los demandados no han aportado documentos que acrediten una situación de vulnerabilidad. En determinados casos, incluso, disponen de uno o más sueldos o constan como directivos de empresas. Algunos de estos inquilinos cuentan con una solvencia y estabilidad laboral y económica más que probada. Es el caso de Tono Hernández Bladé, director y productor ejecutivo de programas de éxito como Eufòria o Persona Infiltrada que han emitido en TV3. Están producidos por Veranda Media, una empresa privada que realiza producciones externalizadas para la televisión pública catalana.

Inquilinos pudientes como Bladé reciben el respaldo público del Ayuntamiento de Barcelona y del Sindicat de Llogateres, que pretenden convertir Casa Orsola en un símbolo del movimiento por el derecho a la vivienda. No obstante, desde el sindicato afirman que la propiedad de Casa Orsola, Lioness Inversiones, miente cuando asegura que en la finca no viven personas vulnerables con derecho a alquiler social. "Esto no solo es falso, sino que en el caso de Elisenda, por ejemplo, Lioness Inversiones hace más de seis meses que está incumpliendo la ley 24/2015 que le obliga a ofrecerle un alquiler social". Fuentes cercanas a la propiedad, por su parte, insisten que los inquilinos (okupas) demandados no cuentan con el derecho al alquiler social al no haber demostrado una supuesta situación de vulnerabilidad. 

NUEVO CONCEPTO DE OKUPACIÓN

"Esta situación juega en contra de quienes realmente tienen dificultades para asumir un alquiler y requieren de un verdadero apoyo institucional. Si se extiende esta práctica se puede convertirse en un auténtico problema para los propietarios de vivienda en Barcelona, incluidos los pequeños que nada tienen que ver con los fondos buitre que muchos tienen en mente", señalan fuentes del sector inmobiliario.

“Estamos ante un nuevo concepto de okupación, blanqueada bajo una supuesta causa general de las plataformas sindicales de la vivienda contra pequeños propietarios”, aseguran fuentes jurídicas vinculadas al mundo inmobiliario. "Está avalada por una institución pública como es el Ayuntamiento de Barcelona y la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, la aprovecha para tapar los escasos resultados de sus políticas de promoción de vivienda social", sostienen desde la oposición municipal.

TEMOR A UN EFECTO LLAMADA

"El mayor riesgo de esta situación es que el apoyo de Colau a los okupas pudientes (inquilinos no vulnerables declarados en rebeldía –a través de cartas y declaraciones públicas en los medios de comunicación--) puede provocar un efecto llamada en el impago de alquileres", indican voces del sector.

Este escenario, que no parece preocupar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ha empezado a generar una sensación de desprotección entre los propietarios de vivienda en Barcelona. Muchos de los consultados ya se enfrentan a un panorama incierto debido a las distintas regulaciones que se han llevado a cabo en Catalunya en los últimos años. La ciudad camina hacia unos niveles de inseguridad jurídica que difieren del entorno europeo.

En este sentido, la barcelonesa Casa Orsola y las resoluciones judiciales que deriven de las denuncias interpuestas por la propiedad pueden marcar el rumbo sobre la penalización o no de este tipo de okupaciones. El próximo 15 de febrero está previsto el segundo juicio contra uno de los cuatro inquilinos demandados. En el primer juicio, celebrado en enero, la justicia dictaminó que el inquilino deberá abandonar el inmueble. Ayer jueves el Sindicat de Llogateres comunicó que el desalojo de Josep, el primer vecino de Casa Orsola que fue juzgado por estar fuera de contrato y quedarse como okupa, ha sido pospuesto. 

En este contexto, ante las críticas al Ayuntamiento por no haber adquirido Casa Orsola por tanteo cuando realmente pudo hacerlo en 2021, los comunes propusieron en el último pleno municipal estudiar la compra del edificio para destinarlo a vivienda social. No obstante, no ha habido avances conocidos para cumplir con ese compromiso.

PRECEDENTE DEL BLOC LLAVORS

No es el único caso llamativo de apoyo del consistorio liderado por Colau al movimiento okupa. Hace unos meses, la justicia dio la razón al fondo de inversión Vauras Investment y anuló las multas impuestas al fondo por parte del consistorio por un supuesto incumplimiento de las leyes de vivienda, tras negarse a ofrecer alquileres sociales en un bloque de pisos okupados de su propiedad. 

Además, la Audiencia Provincial de Barcelona admitió a trámite en abril de 2022 una querella contra Colau por los delitos de coacciones y de prevaricación administrativa por el caso del Bloc Llavors, que estuvo okupado y posteriormente desalojado en el sexto intento por los Mossos d'Esquadra en mayo de 2021. La propiedad es el fondo de inversión Vauras Investment, que a finales de 2020 acusó a Colau de connivencia con los okupas, aunque el caso fue archivado. Además de Colau, la denuncia va dirigida contra Marc Serra, concejal de Sants-Montjuïc; Lucía Martín, edil de Vivienda, y Fuensanta Alcalá, responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección.