De 100 a 800 euros, los míseros sueldos de los profesores asociados en Barcelona

Un sueldo que no llega al Salario Mínimo, una gran cantidad de horas extra no remuneradas, contratos de temporalidad encadenados ad aeternum y, ahora, amenazas de despidos masivos, esa es la realidad que viven los profesores asociados de las universidades de Barcelona. Se trata de un sector que trabaja mucho, cobra muy poco y compone la columna vertebral de la enseñanza universitaria catalana.

Según han explicado varios profesores universitarios a Metrópoli que trabajan en algunas de las universidades públicas de Barcelona, sus salarios mensuales oscilan entre los 100 y los 800 euros al mes. La figura del profesor asociado, relatan, se creó con la idea de traer a profesionales de cada sector académico para impartir algunas clases o realizar ciertas labores de asistencia. En la práctica, es muy común que acaben llevando la batuta de las asignaturas cuyas clases imparten, realizando funciones que competen a los catedráticos o a los profesores titulares.

Elaboración de planes docentes, de prácticas de laboratorio o seminario, impartir clases, corrección de exámenes, tareas de coordinación de materias e incluso atender no solo a una, sino a varias asignaturas es el pan de cada día de estos profesionales que, sobre el papel, han firmado contratos de 180 horas docentes, cantidad que se ve ampliamente sobrepasada. "El sistema universitario barcelonés, catalán y español se sustenta sobre la precariedad de los profesores asociados", han concluido testimonios con los que ha podido contactar este digital.

Y es que este cuerpo está conformado por hasta 30.000 profesionales que trabajan en las universidades del Estado. En Catalunya, de los casi 18.000 docentes universitarios, más de 10.000 son asociados. No obstante, aseguran que es muy posible que el número se reduzca drásticamente a lo largo de los próximos meses, ya que con la entrada en vigor del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), se espera un cambio en los contratos universitarios que, sospechan, pondrá a las universidades en la disyuntiva por la que, o bien deciden deshacerse de buena parte de sus profesores asociados, o bien continúan igual que hasta ahora, incurriendo en fraude de ley.

ETERNA TEMPORALIDAD

Hasta la fecha, relatan, los contratos solían hacerse de manera temporal, que podían ser de tres a 10 meses de duración --y se iban renovando--. Se trata de una estrategia utilizada por las instituciones universitarias para evitar pagar las vacaciones a sus asociados, reflexionan. La profesora asociada de la facultad de Ciencias Políticas de la UAB, Núria Suero, detalla que conoce casos de compañeros que llevan hasta 15 años encadenando contratos temporales. Todos ellos, además, tienen que tener trabajos alternativos.

El panorama difícilmente podría ser más desolador, pues hay profesores universitarios que compaginan la docencia con empleos "en un McDonalds o un cine" para procurarse unos ingresos estables alternativos a final de mes y subsistir. 

MENOS SUELDO

Difícil, pero no imposible. Según alertan, con la entrada en vigor de la LOSU, los contratos bajarán a 120 horas. Los trabajadores pasarán a trabajar un 33% menos, pero la ley no viene acompañada de una partida presupuestaria concreta que regularice a los asociados. Los contratos pasarán a ser de dos años, con posibilidad de llevar a cabo despidos objetivos cada año bajo la justificación de cambio de plan docente. Menos horas conlleva, para empezar, una bajada de sueldo para los docentes, cuyo trabajo brilla no tanto por las horas por las que son contratados como por las horas extra no contempladas.

Como un ejemplo particular, Suero detalla que su contrato es de cinco horas lectivas a la semana, pero no se contemplan las horas de corrección de trabajos o exámenes, preparación de las clases, etc. "Al final lo que tenemos es un empleo a casi tiempo completo por el que cobramos solo unas horas semanales", lamenta. Sin embargo, asegura que existen ejemplos más extremos, con profesores asociados que llevan varias asignaturas y hacen tareas extra como correcciones y tutorizaciones de Trabajos de Final de Grado (TFG) por unos 600 o 700 euros al mes. "Toda esta carga, junto a la incertidumbre, desgasta mucho nuestra calidad de vida", asevera.

Con la nueva norma, los asociados creen que o bien un reducido número de profesores aumenta su carga laboral con contratos más largos y de menos horas y buscan la manera de llegar a todo --y se reduce drásticamente el número de plazas para los profesores asociados--, o bien las universidades continúan actuando como hasta la fecha cometiendo fraude de ley. "No vemos una tercera vía alternativa", comentan. Tampoco les cabe consuelo en las indemnizaciones por despido, pues sus contratos prevén compensaciones de entre seis y 12 días por año trabajado. Teniendo en cuenta las duraciones de los contratos antes mencionadas, las cuantías recibidas actualmente rozarían la semana de sueldo y no llegarían a las tres semanas a partir de la entrada en vigor de la ley.

Ante esta situación, profesores asociados y alumnos se manifestaron en diversas universidades catalanas, protagonizando amplias protestas en algunas facultades de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat de Barcelona (UB) entre otras. A su vez, sindicatos con presencia en el sector como CGT clamaron contra la norma, asegurando que "cronificará la precariedad". También explican que entre los colectivos profesionales contemplan su adhesión a la huelga, que ya ha sido convocada en otras regiones del Estado.

FUGA DE CEREBROS

La dramática situación a la que se enfrentan tiene una clara consecuencia: gran parte de los profesores emigran a otros países que ofrecen una mayor oportunidad para medrar en el sector académico y docente. Esta 'fuga de cerebros' perjudica directamente al panorama académico, pues "se pierde la inversión realizada en ese profesorado".

La solución, desde la perspectiva de la académica, pasa por aumentar la financiación en las universidades, una tarea que puede hacerse desde el Gobierno o desde la Generalitat. "Creemos que hay que apostar por un modelo de universidad en la que el estudiante esté en el centro, una universidad con una visión y una función social" y que potencie la calidad de la enseñanza junto a las condiciones laborales de sus docentes.