El cierre de Carpe Diem posiciona la "persecución al ocio nocturno" como una estrategia preelectoral del actual gobierno municipal a menos de tres meses de las elecciones. Así lo consideran desde la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon), que asegura que las discotecas son la "cabeza de turco" de la alcaldesa Ada Colau.
El Ayuntamiento anunció el cierre de la discoteca del Frente Marítimo –también conocida como CDLC– durante 45 días el pasado lunes, 6 de marzo. ¿El motivo? "El incumplimiento de licencia" que se detectó durante una campaña de inspecciones municipales para garantizar la seguridad de los locales de la zona, según informan desde el consistorio.
Las actuaciones, que también supusieron el cierre de la discoteca Pachá durante 15 días, se produjeron en 2019, por lo que la "sanción" a Carpe Diem llega con cuatro años de retraso. Según han explicado fuentes cercanas al club a Metrópoli, en un principio el Ayuntamiento pidió el cierre durante un periodo de entre tres y seis meses, pero los recursos presentados por la sala han permitido reducir el tiempo de clausura y han aplazado el cierre.
Discoteca Carpe Diem del Front Marítim de Barcelona / INSTAGRAM
VERDADEROS MOTIVOS
Las mismas fuentes explican que la orden de cierre se debe a una inspección realizada durante la fiesta Flower del club, un evento en el que se cubrían todas las paredes del local con una decoración muy espectacular y "a lo grande". Según cuenta un antiguo directivo del espacio a este digital, era un evento de "gran prestigio" de la noche barcelonesa al que acudían varias personalidades de la ciudad.
Con motivo del aparatoso decorado, la Guardia Urbana detectó que "no se veían bien las salidas de emergencia y los extintores". Los afectados opinan que se trataba de "una búsqueda al más mínimo detalle" para tener una excusa y clausurar el local. "Han hecho o intentan hacer lo mismo en todas las discotecas", aseguran varios empresarios de la noche.
La discoteca Pachá, en el frente marítimo de Barcelona / METRÓPOLI
ESTRATEGIA ELECTORAL
Fernando Martínez, director general de Fecalon, explica a este digital que los comunes idealizan el cierre de los locales del Frente Marítimo, una realidad que sería un "gran error". De hecho, el concejal del distrito de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, criticó al Estado –titular de estos espacios de la zona– en una entrevista con La Vanguardia por "prorrogar los contratos de alquiler con las discotecas".
Martínez recuerda que el cierre de estas discotecas sería "un gran problema", ya que los espacios "absorben a muchos usuarios del ocio nocturno". Además, el director de Fecalon critica a Rabassa por considerar la zona como un foco de inseguridad y por criminalizar una actividad "controlada". "Es una zona muy importante para los barceloneses y para grandes congresos, por ejemplo. Los mejores clubs de Europa son los del Frente Marítimo", añade.
Exterior de la discoteca Shoko, en el frente marítimo de la Barceloneta / CG
FALTAN ESPACIOS
En el primer debate preelectoral en Barcelona sobre seguridad y ocio nocturno celebrado este martes, 7 de marzo, en el Espai Gastronòmic de l'Estació de França, hubo un consenso entre los representantes de los distintos partidos del Ayuntamiento: faltan espacios para el ocio nocturno en la ciudad. De hecho, Fecalon calculó que en la capital catalana y en sus alrededores se han perdido unas 150.000 "plazas" de ocio nocturno en los últimos 20 años.
En esta línea, Martínez critica la persecución hacia una de las zonas "más importantes" y recuerda que "si no hay discotecas, la gente sale a la calle". "Parece que no hayamos aprendido nada de la pandemia", lamenta.
EL AYUNTAMIENTO INSISTE EN EL CIERRE
La discoteca Shoko, al igual que CDLC o Pachá, también ha recibido múltiples inspecciones y el gobierno municipal ha pedido en reiteradas ocasiones su cierre por "incumplimientos". No obstante, tal y como avanzó Crónica Global, "el Ayuntamiento perdió la orden de cierre en una sala de primera instancia y ahora el asunto está en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya".
Por ello, el consistorio ha recurrido al TSJC para poder precintar el espacio. Eudald Lligoña, abogado del local de la familia Viguin, asegura que desde el equipo de Shoko proponen un "pacto económico" con el consistorio para seguir operando. " Cabe recordar que cada día de clausura gubernativa es un drama para el negocio: no solo se pierde facturación, sino que redunda en las nóminas, en los proveedores directos e indirectos. Son muchas familias", explica.