Sale a la luz un nuevo caso de un profesor apartado por acoso sexual. Se trata de Ángel G.; de 45 años y profesor de filología española en la Unversitat Autònoma de Barcelona (UAB). Este no ha sido el único docente apartado del centro en los últimos días. También han apartado a Àlvar Sánchez, catedrático de la Facultad de Ciencia, condenado por acosar sexualmente a una doctoranda.
En cuanto al profesor de filología, tal como avanza el Diari Ara, todo empezó en 2017, cuando Ángel empezó una relación con una alumna del primer año del doctorado. Tres años más tarde, comenzó a salir con otra estudiante de la misma universidad. Estas dos relaciones pusieron en evidencia la supuesta predilección que el profesor tenía por sus alumnas de la Facultat de Filosofia i Lletres. Las estudiantes coinciden en que la actitud que tenía Ángel con ellas era muy hostil y, aunque muchas de ellas no se atrevieron a denunciarlo formalmente, lo pusieron en conocimiento de la UAB.
DEPREDADOR SEXUAL
El Departament d'Universitats de la Generalitat de Catalunya empezó a investigar el caso y comprobó que el supuesto depredador sexual también era coordinador de las pruebas de acceso a la universidad (PAU). Además, utilizaba esta condición para seleccionar víctimas vulnerables. El citado medio asegura que, en la actualidad, está saliendo con una joven que conoció el año pasado mientras ésta se estaba preparando las pruebas de acceso que él coordinaba.
Se empezaron a ver los indicios de su trama en el curso 2019-20, cuando las alumnas pusieron valoraciones muy negativas al profesor. Esta situación se volvió a repetir en el siguiente curso y fue entonces cuando más de 80 estudiantes presentaron una queja conjunta. En el documento, alegaban comentarios fuera de lugar, favoritismos y actitudes intolerables. En marzo del año pasado, sucedió lo que muchas ya imaginaban: una doctoranda lo denunció por acoso sexual y abuso de poder.
ACTITUD DESPÓTICA
Esta denuncia no sorprendió a las estudiantes, que ya se habían acostumbrado a su actitud despótica. Pero la situación fue a más: otras siete jóvenes del doctorado presentaron otra instancia por los mismos hechos. La primera de sus víctimas fue su pareja durante dos años, cuando él era el director de su tesis y proyecto de campo. En el expediente se explica que esta relación fue muy desigual por las desigualdades que había entre ambos por la edad y la posición de poder que tenía él sobre ella.
La doctoranda decidió poner fin a la relación y ahí empezó su calvario. La víctima denunció una persecución por parte de su expareja, que al ser su tutor de tesis, se aprovechó de la situación para hacerle la vida imposible, hecho que desencadenó en crisis de ansiedad. La joven optó por bloquearlo de sus redes sociales y hablar con él por correo para temas estrictamente académicos. Fue entonces cuando Ángel, supuestamente, se empezó a inventar que necesitaba reuniones para hablar de su trabajo universitario, a lo que ella se negó.
ABUSO DE PODER
El acoso llegó a tal punto que el presunto acosador se desplazó hasta el aeropuerto de Ámsterdam para verla, ya que ella había viajado a los Países Bajos para un congreso. Después de este episodio, intentó convencerla para hacer un viaje universitario a Estados Unidos, pero ella no lo aceptó. Ante la constante negativa de la víctima, este optó por "castigarla" cambiándole el enfoque de la tesis cuando ya hacía más de un mes y medio que habían acordado un enfoque distinto, constituyendo un caso de abuso de poder.
Las afectadas denuncian que ofrecía cursos privados para subir notas y que las animaba a seguirlo en redes sociales. Además, también hacía grupos de WhatsApp y enviaba mensajes privados a las estudiantes, una conducta que también se repetía con las alumnas de bachillerato. Ángel seleccionaba a víctimas vulnerables, se acercaba a ellas bajo el pretexto de echarles un cable con la filología y luego insinuarse. Estas actitudes le han costado un año y dos meses de suspensión de sueldo y empleo.
ÀLVAR SÁNCHEZ
El segundo caso conocido recientemente es el de un catedrático de física, Àlvar Sánchez, condenado a un año y medio de prisión y nueve de inhabilitación por acosar sexualmente a una alumna. Tal como destapó ElDiario.es, el hombre seguía dando clases en el centro a pesar de la condena. La víctima tenía 22 años cuando pasaron los hechos y sufrió chantaje emocional, tocamientos y acoso sexual por parte de este depredador.
Desde la UAB, aseguran que desconocían la sentencia de Sánchez y, después de la publicación del artículo, han decidido suspender cautelarmente al catedrático. Esta joven podría no ser la única de sus víctimas. En el juicio, declaró otra mujer que aseguraba que había pasado por una situación similar por parte del profesor. La noticia provocó gran revuelo en la universidad, que desencadenó en la dimisión doctora en física, Gemma Garcia, que a su vez era una de las responsables de Igualdad de la universidad.
INCOMPRENSIÓN Y RABIA
“No puedo, sino demostrar mi incomprensión y mi rabia por no haber sido capaz de ser tan convincente como un artículo en el periódico de la necesidad de erradicar a este profesor de nuestra Facultad. Este equipo ha demostrado que le falta valor para tomar decisiones importantes cuando toca, ya que solo actúa a remolque de presiones externas”, decía Gemma en la carta de dimisión.
“La víctima tenía un único objetivo, terminar la tesis lo antes posible para que acabara la relación y permitía estos tocamientos. El acusado se aprovechó de la timidez de la víctima y de su incapacidad para mantenerse firme e impedir que estos hechos ocurriera", concluye el fallo de la sentencia.
OBSERVATORIO DE IGUALDAD
Estos dos casos no son los únicos que están en manos del Observatorio de Igualdad de la UAB. Como mínimo, hay otros dos profesores sancionados por acosar sexualmente a las mujeres del centro por hechos sucedidos entre 2021 y 2022. La entidad recibió hasta ocho quejas, de las cuales, cuatro acabaron en sanción. Siete de ellas fueron por denuncias de mujeres hacia profesores, mientras que otra hacía referencia a una denuncia de homofobia entre estudiantes.
Uno de los casos se resolvió con dos suspensiones de empleo y sueldo: una de dos años y otra de dos años y medio. También hay un expediente sancionador hacia un profesor, que se ha resuelto con suspensión de empleo y sueldo durante tres años. En este último caso, no hubo ninguna solicitud previa de activación del protocolo, pero los hechos expuestos eran muy graves.