El Port de Barcelona ha retirado la licitación de una terminal de cruceros de uso particular después que la Sección 5 de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya admitido el recurso interpuesto por tres navieras.
Según explica el TSJC en un comunicado, en el recurso, presentado durante el mes de febrero, también se hizo una petición de medidas cautelares que están pendientes de resolver. Han explicado que el 9 de agosto de 2022 se publicó un anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona mediante el que se hacía público el inicio de trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de concesión administrativa presentada por Catalonia Cruise Terminal (CCC), una concesión de dominio público para la construcción y explotación de un edificio destinado a terminal de cruceros de uso particular.
AUTORIDAD PORTUARIA
También detallan que el 5 de septiembre el puerto se vio obligado a hacer pública dicha petición de concesión y, las empresas que forman el Consorcio, presentaron a la Autoridad Portuaria "una propuesta alternativa en el trámite de competencia de proyectos".
El Port de Barcelona tuvo que "acordar el archivo de la petición de CCC y, en coherencia, convocar un concurso público para la adjudicación de la concesión de la nueva terminal", denominada Terminal G, en el muelle adosado.
ROYAL CARIBBEAN
El puerto emitió un comunicado para licitadores internacionales en el que anunció que el peticionario de la concesión (CCC) era una compañía del grupo Royal Caribbean, y en el que se menciona la presentación de la propuesta alternativa por parte del Consorcio.
La Autoridad Portuaria también publicó un anuncio en el BOE mediante el que se abrió el proceso de selección de la mejor oferta para la concesión de la Terminal G y, al repasar el pliego de bases del concurso, los demandantes se llevaron la "desagradable sorpresa de constatar que los requisitos de dicho pliego se diseñaron para adjudicar directamente la concesión a CCC (Royal Caribbean)".
El Port de Barcelona se ha visto obligado a retirar el concurso público para la licitación de las obras y explotación y dejar que los servicios jurídicos analicen el tema.