La magistrada del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona ha descartado por ahora suspender el procedimiento por el desalojo del edificio okupado La Ruïna de la plaza Bonanova, como pidieron los okupas ante la demanda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
NO ACEPTA EL ARGUMENTO
El abogado de los okupas pidió suspender el procedimiento sobre el desalojo alegando que la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes de un desahucio, y este miércoles 24 de mayo en la vista previa por la demanda, la jueza ha desestimado suspender el procedimiento con este argumento.
La jueza ha añadido que esta falta de oferta de alquiler social podría, en su caso, comportar una sanción administrativa competencia del Ayuntamiento de Barcelona y al margen de la vía judicial, de manera que el procedimiento judicial seguirá su curso --el siguiente paso es que la jueza dicte sentencia-- para resolver si el edificio debe ser desalojado o no, una decisión que las dos partes podrían recurrir antes de que se ejecute.
Manifestantes en la Bonanova de Barcelona / GALA ESPÍN
Este procedimiento empezó por una demanda de la Sareb que reclama el desalojo de la finca al considerar que no se está respetando el derecho de propiedad, y la sociedad también argumenta que la okupación supone un riesgo de alteración del orden público. Entre los argumentos que presentaron los okupas, también argumentaron la "falta de legitimación" de la Sareb para reclamar el desalojo dado que la sociedad es propietaria del 60,03% de la finca y el resto pertenece a otras dos empresas que no han reclamado el desalojo, han explicado fuentes jurídicas.
UNA OKUPACIÓN "ANTISISTEMA, REIVINDICATIVA"
Los okupas también han intentado evitar el desalojo afirmando que no hay "pruebas de que exista una perturbación de la propiedad", algo que la Sareb no comparte. En este sentido, en la vista de este miércoles ha declarado como testigo el inspector de los Mossos d'Esquadra jefe del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, que en respuesta a la única pregunta que le ha hecho la abogada de la Sareb ha reconocido que el inmueble ahora no podría venderse porque está okupado.
El inspector ha contado que los Mossos ya desalojaron el edificio dos veces en 2018 y que él participó en los dos dispositivos. Sobre los okupas ha dicho que "no quieren interlocutar con la policía". "No constituye en ningún caso un domicilio de personas en situación asistencial, es una okupación de tipo antisistema, reivindicativa", y ha añadido que no saben quiénes concretamente son los okupas porque no les tienen identificados excepto a uno, que fue denunciado por presuntamente agredir a un joven.
El abogado de la defensa ha tratado de cuestionar al inspector preguntándole cómo sabe que la okupación tiene motivos ideológicos y que las personas que viven allí no están en situación de vulnerabilidad, pero la jueza le ha cortado al considerar que sus preguntas eran irrelevantes para el procedimiento.
SIN CAUTELARES
Hace dos semanas, la jueza rechazó la petición de la Sareb para ordenar un desalojo cautelar de La Ruïna, es decir, antes de dictar sentencia. El procedimiento judicial se está tramitando diferente al que pesa sobre el edificio contiguo y que también está okupado, El Kubo, porque en este caso los okupas sí que han contestado a la demanda.
En este caso, al no contestarse la demanda, el Juzgado de Primera Instancia 3 acordó el desalojo de La Ruïna a petición de la Sareb, y la finca está pendiente de una nueva fecha de desahucio después de que el 23 de marzo los Mossos d'Esquadra intentaron desalojarlo, pero el lanzamiento quedó suspendido ante la falta de "garantías de seguridad y eficacia".
Manifestantes se dirigen a la palza Bonanova / Gala Espín
En este sentido, la Sareb explicó que el desalojo del 23 de marzo se paralizó "con el objetivo de proceder al desalojo de ambos edificios de manera conjunta para garantizar la seguridad de la zona".