Las trabajadoras del SAD de Barcelona se levantan contra Suara, una 'privilegiada' del Ayuntamiento

El sector del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) es, probablemente, uno de los más precarizados de Barcelona. Se trata de un gremio que se nutre, en su gran mayoría, de contratos con administraciones --como ayuntamientos-- y proporcionan un servicio municipal de forma externalizada. Las empleadas, sin embargo, suelen cobrar sueldos precarios con contratos que rara vez llegan a las 37 horas, trabajar más horas de las debidas y no son pocas las veces en las que tienen que pluriemplearse para llegar a fin de mes.

Así ocurre con las empleadas del SAD de la Cooperativa Suara, una empresa muy estrechamente relacionada con el Ayuntamiento de Barcelona por la gran cantidad de adjudicaciones públicas que ha ostentado a lo largo de los años. La entidad del tercer sector que provee de asistencia y atención a personas dependientes o en situación de vulnerabilidad. Estas trabajadoras que, según ha explicado CGT a Metrópoli, en ocasiones tienen que buscarse fuentes alternativas de ingresos para subsistir, se desplazan hasta el domicilio del usuario y le ayudan con tareas diarias, como higiene personal, hacer una compra u organizar comidas, entre otras.

8.000 EUROS

Según relatan, son muchas las situaciones laborales que han llevado a la plantilla al límite, que van desde el plano monetario hasta el trato personal con la plantilla, pasando por la imposibilidad de conciliación familiar. Explican a este digital que, cuando un trabajador cumple el año dentro de la plantilla, se le sienta en una reunión y se le reclaman 8.000 euros en concepto de hacerse socio de la cooperativa.

La empresa, contactada por este digital, asegura que la participación se explica desde el primer momento y es "libre y voluntaria" --algo habitual en las cooperativas--. Desde el sindicato, no obstante, desmienten esta versión y aseguran que se presiona al trabajador a abonar esta cuantía para participar en la empresa justo cuando van a cumplir el año y van a obtener un contrato fijo-indefinido.

"Lo que CGT no ve normal es que, a muchas trabajadoras contratadas, justo antes de tener que convertir su contrato a indefinido (justo cuando se acerca el año de contratación) se les diga que para poder continuar con su puesto de trabajo deben ser socias (realizar un curso o proceso societario), supeditando su continuidad laboral a la compra de su puesto de trabajo", critican, y añaden que "muchos de nosotros no tenemos ese dinero ahorrado cuando llega el momento, por lo que entonces nos ofrecen capitalizar el paro o descontarnos el dinero mensualmente de nuestro sueldo".

"Por ley, cuando las trabajadoras (se trata de un sector con gran mayoría femenina) llevan más de un año en su puesto se las tiene que hace fijas de forma automática, pero sabemos de casos en los que también se las ha presionado para hacerse socias", insisten.

DEUDA DE HORAS

Los asalariados también están sometidos a lo que llaman una "bolsa de horas de deuda" que, según explican, funcionan de forma inversa a una bolsa de horas extra. Las jornadas de los trabajadores se dividen entre los servicios (cuando están con un usuario), los periodos de transporte (cuando están de camino a un servicio) y un tiempo en espera en el que no hay ninguna salida programada. Esas horas, que se pueden pasar en oficina o cualquier lugar, a pesar de estar dentro del registro horario, "se contabilizan como deuda de horas" y se tienen que devolver en otro momento. Bajo este pretexto, explican, la mayoría de empleados trabaja fuera de su horario terminada incluso bien entrada la noche.

"Si un empleado se niega a hacer esos servicios extra y se adecúa a su horario, comienzan los mensajes y, sobre todo, las llamadas amenazantes", relata una empleada. "A mí incluso me llegaron a decir te quedas hasta que a mí me dé la gana porque me debes horas", una contestación que recibió cuando avisó de que no trabajaría después de terminar el turno para asistir a un compromiso familiar. 

Todo esto viene de una "cooperativa social", critican. "No entendemos cómo se puede sostener un servicio que tiene a sus trabajadores en estas condiciones" ni "cómo lo permite un Ayuntamiento que se dice comprometido con los derechos de los trabajadores". "Muchas estamos medicadas por problemas físicos o psicológicos por los esfuerzos que tenemos que hacer a diario, ¿Qué clase de servicio podemos dar a los usuarios así? Parece algo medieval", opinan.

TRANSPARENCIA

Situaciones como esta, sumadas a los cambios de servicio sin previo aviso que obligan a mantener pendientes a los trabajadores de cualquier modificación fuera de sus turnos, han afectado negativamente a la salud mental de la plantilla. "Nos han pedido incluso que estemos pendientes dos horas antes de comenzar nuestra jornada", aseguran. Sin embargo, muchos de estos cambios no se ven reflejados en el registro horario al que tienen acceso y no queda más que confiar en que la cooperativa "se lo apunta". ¿El resultado? A gran parte de la plantilla no le cuadran las horas que supuestamente "deben", por lo que "cada mañana sabemos cuando entramos, pero no cuando salimos". "Exigimos transparencia a la empresa", claman. Y es que aseguran que también pasan a deber los 20 minutos de descanso que constan por convenio por cada seis horas de trabajo, un asunto por el que interpusieron hasta 5 denuncias a Inspección del Trabajo y por lo que hay una resolución a favor.

La propia cooperativa se ha visto salpicada también por polémicas que trascienden el plano laboral. Siempre según el sindicato, una de las empleadas sufrió una agresión sexual por parte de un usuario, que le tocó los senos sin su consentimiento. Cuando la empleada pidió ayuda al respecto se topó con que la compañía "se desentendía" y que incluso algunos de sus superiores le dijeron que "si otros compañeros habían podido lidiar con este usuario por qué no ella".

Preguntados por Metrópoli, la Cooperativa Suara asegura que el "régimen de trabajo que rige el servicio de atención a domicilio es el que establece el convenio colectivo de empresas de atención domiciliaria de Catalunya". Se trata de "un trabajo que llevan desarrollando más de 40 años para el Ayuntamiento de Barcelona y otras administraciones".

MÁS DE 30 DENUNCIAS

Por todo lo anteriormente mencionado, las trabajadoras han convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza de Sant Jaume, el próximo miércoles, 20 de septiembre.

A lo largo del último año y medio, CGT ha presentado más de 30 denuncias ante Inspección del Trabajo por cuestiones como fraudes a la Seguridad Social y por supuestamente vulnerar los derechos de sus trabajadores. Sin embargo, la cooperativa, muy vinculada al consistorio barcelonés, no deja de hacerse con nuevas contrataciones. Suara gestiona el SAD de las zonas 1 y 3 de Barcelona, que se corresponde con los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris y Horta-Guinardó. 

Hace unos tres meses, ganó otros dos concursos públicos por valor de 14,4 millones de euros --que podría llegar a los 29 millones mediante prórrogas-- para la gestión de centros de primeras atenciones para personas sin hogar en la Zona Franca y Sarrià. Contactados por este medio, el Ayuntamiento ha dejado clara su intención de mantenerse al margen de lo que considera un conflicto laboral entre la cooperativa y el sindicato.