La falta de vivienda en Barcelona cronifica las largas listas de espera para conseguir un piso social

La falta de vivienda social en Barcelona es uno de los problemas más cronificados de la ciudad. En ocho años, el Ayuntamiento ha sumado a su parque público 4.500 viviendas, pasando de tener 7.500 en 2015 a más de 12.000 en 2023. Sin embargo, el esfuerzo del consistorio para ampliar la dotación de viviendas sociales choca contra las largas listas de espera para conseguir una.

En 2023 se presentaron más de 300 nuevos expedientes a la mesa de valoración para la adjudicación de un piso protegido. Del total, sólo se concedieron 192 resoluciones. A enero de 2024, hay 682 familias pendientes de que se les adjudique una vivienda social, según datos del Consorci d’Habitatge de Barcelona.

Dos años en lista de espera

El tiempo de espera para conseguir una vivienda social puede superar hasta los dos años. Además de los nuevos expedientes, la mesa de emergencia tiene 724 casos antiguos pendientes de tramitación, según los últimos datos de enero publicados.

Año tras año ha aumentado el número de familias pendientes de adjudicación de un piso social. Mientras que en 2017 había 232 casos, en diciembre de 2023 se llegó hasta los 701.

La información por distritos también pone sobre el papel la relación entre el acceso a la vivienda y el poder adquisitivo. De las 682 familias pendientes, 142 son de Ciutat Vella; 122 de Sant Martí; 114 de Sants-Montjuïc; 107 en Nou Barris; 91 de Horta-Guinardó; 53 en L'Eixample; 22 en Sant Andreu y 6 de Sarrià-Sant Gervasi.

Para los expertos consultados, uno de los factores que impactan negativamente es la normativa del 30% promovida por el anterior gobierno de Ada Colau y que ha provocado una parálisis en el sector inmobiliario, según la Associació de Promotors de Catalunya (APCE).

"Criminalización" del sector privado

Durante el mandato de los comunes se aprobó esta normativa, que establece la obligatoriedad de destinar un 30% de las nuevas promociones a pisos asequibles. No obstante, fueron muchas las voces del sector privado que criticaron la decisión unilateral de la exalcaldesa. "El 66,3% de la vivienda protegida en Catalunya hasta el tercer trimestre de 2023 los construyó el sector privado, mientras que el sector público hizo el 33,7% restante", asegura a Metrópoli el presidente del APCE, Xavier Vilajoana.

Según Vilajoana, en Barcelona se construyeron poco más de 3.000 viviendas protegidas, "una cifra muy inferior a lo que se necesita". El presidente de APCE señala que se debería pensar en una 'gran Barcelona', es decir, tener en cuenta la segunda y la tercera corona del área metropolitana. "Barcelona no tiene capacidad suficiente. Se tienen que empezar a medir las distancias en minutos y no en kilómetros", sostiene Vilajoana.

Fachada del edificio de las viviendas cooperativas de Cirerers en Nou Barris en una imagen de archivo EUROPA PRESS

El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya denuncia que se criminalice al sector privado cuando las administraciones públicas no se han responsabilizado de la situación. "Los fondos europeos Next Generation destinan una partida a la vivienda de protección oficial en suelo público", señala Vilajoana. "Pero ahora, de repente, muchos municipios han aflorado suelo público disponible. Mi pregunta es, ¿dónde ha estado este suelo durante todos estos años?", critica. Para el presidente de la APCE, la administración sólo se moviliza cuando "alguien pone el dinero".

El consistorio responsabiliza a los comunes

Desde el Ayuntamiento, la teniente de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de Vida, Maria Eugènia Gay, recuerda que el anterior gobierno de Colau ha dejado una situación "dramática". Gay considera que el legado de los comunes sobre la emergencia habitacional es de "absoluto colapso".

La tenienta de alcalde asegura que la vivienda "no se defiende a golpe de titular" y añade que se debe acompañar a las familias "más allá del día que deben abandonar su domicilio". 

Para dar respuesta a la situación actual, Gay cree que se debe "repensar" el modelo de prestaciones de los Servicios Sociales, fomentar los planes de trabajo y autonomía y aportar herramientas a las personas en situación de vulnerabilidad. 

Modificación de la normativa 

En septiembre, el consistorio aprobó una propuesta del grupo municipal de Trias per Barcelona para flexibilizar la norma del 30%. Se acordó crear un grupo de expertos, entre los que destaca Carme Trilla, para modificar la normativa y que sea más eficaz. Algo que desde el sector privado ven con desconfianza. "No puedes legislar sin tener en cuenta la opinión de los empresarios, que al final son los que acaban construyendo las viviendas", afirma Vilajoana.

Para el presidente de la Associació de Promotors de Catalunya, para que la norma sea factible hay que dejar fuera la rehabilitación de los edificios, porque sino "no se harán, como ya está pasando en Barcelona".

Monetizar el 30%

Otra de las peticiones del sector es aumentar los metros cuadrados mínimos, actualmente fijados a partir de 600. También poder "trasladar el suelo a otras zonas de la ciudad" y no limitarse en el mismo barrio.

Por último, Vilajoana pide monetizar la norma. "Desde el sector privado se podría pagar la diferencia de lo que supondría no destinar el 30% a vivienda social y pagarlo en forma de impuesto a la administración para que sea ella quien se haga cargo", concluye Vilajoana.