Activistas cortan el agua del Consorcio de Turismo de Barcelona para exigir restricciones en el sector
Unos 40 manifestantes denuncian que el turismo esté limitado solo en el llenado de piscinas por la sequía
20 marzo, 2024 21:54Unos 40 activistas han cortado el suministro de agua en la sede de Turismo de Barcelona para exigir restricciones más severas en el sector del turismo ante la emergencia por la sequía. La protesta ha tenido lugar este miércoles, 20 de marzo.
Los manifestantes de la Asamblea de Barrios por la Reducción Turística (ABDT) han cubierto la entrada del edificio del Consorcio con pancartas. Mientras tanto, algunos protestantes han accedido al suministro de agua del Consorci y lo han cortado, dejando sin agua al Turismo de Barcelona.
Llenado de piscinas
Las asociaciones denuncian que el turismo esté limitado solo en el llenado de piscinas, mientras que la agricultura, ganadería e industria deben reducir su consumo de agua en un 80 %, 50 % y 25 % respectivamente.
Según los manifestantes, aún no existen datos concretos sobre el consumo real del sector turístico. La información disponible proviene principalmente del Gremio de Hoteles, que indica que un turista de lujo consume 2,5 veces más agua que un residente de Barcelona.
22 hectómetros cúbicos
La Agencia Catalana del Agua (ACA) estima que el sector del ocio y el turismo consume alrededor de 22 hectómetros cúbicos de agua al año, equivalente al consumo combinado de L’Hospitalet de Llobregat y Badalona, o aproximadamente el 25% del consumo total de agua de Barcelona.
A pesar de ello, las únicas restricciones al sector turístico son las mismas que para la ciudadanía en general, como la prohibición del riego de jardines o el llenado de piscinas.
Contra Jordi Clos
Durante la protesta, los activistas también han cargado contra Jordi Clos, presidente del gremio de hoteleros y del Consorci de Turisme de Barcelona, quien expresó que la ciudad no puede permitirse piscinas vacías.
Los manifestantes consideran que esto privilegia al turismo y denuncian la posibilidad de que el Ayuntamiento alquile una desaladora pública para llenar piscinas privadas, calificándolo como un mal uso de fondos públicos.