El antiguo Hotel Buenos Aires de Vallvidrera / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El antiguo Hotel Buenos Aires de Vallvidrera / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El pulso de la ciudad

Barcelona traza una ruta legal para proteger la Casa Buenos Aires, en riesgo de derribo

El Ayuntamiento ha estudiado jurídicamente los próximos pasos para corregir la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) tumbada por la justicia

16 julio, 2024 19:57

Barcelona impulsará un nuevo planeamiento para "proteger" la Casa Buenos Aires de Vallvidrera y determinar su uso público. Lo ha anunciado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, este martes, 16 de julio, en la Comisión de Ecología y Urbanismo, en respuesta a un ruego de ERC sobre esta cuestión. Bonet ha expresado que planean presentar este plan para su aprobación inicial en otoño: "Esperamos sus votos".

Enmendar "los defectos de forma"

El gobierno de Jaume Collboni ha tomado la decisión de impulsar un nuevo planeamiento para corregir "los defectos de forma" de la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) a los que hacía referencia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que frenó la expropiación de la Casa Buenos Aires en septiembre.

Bonet ha explicado que así lo han decidido tras estudiar técnica y jurídicamente los próximos pasos y ha recordado que "la sentencia únicamente hacía referencia a dos temas formales para declarar nula la MPGM y en ningún caso hablaba de contenido". Asimismo, ha mencionado que han compartido esta voluntad con los vecinos de Vallvidrera: "Tienen desde siempre nuestro compromiso de seguir esta cuestión".

Foco de polémicas

Este emblemático edificio modernista, situado en la calle del Mont Orsà, ha sido un foco de polémicas en los últimos años. Hace cuatro años, la Audiencia de Barcelona ordenó el desalojo del edificio. A principios de marzo del año pasado, ocuparon la casa con la intención de evitar su derrumbe y su transformación en un hotel de lujo. 

El año pasado, la justicia tumbó la Modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que calificaba como equipamiento público el edificio, y lo protegía como Bien de Interés General, impidiendo así su derribo.

El consistorio municipal la recurrió ante el Tribunal Supremo, pero los vecinos temen que no acepten el recurso y este ha sido el detonante para okuparla de nuevo. Además, se enfrentarán a una multa de 64.000 euros por haber provocado daños en el emblemático edificio.