La abogacía Barcelona propone desalojos en 48 horas por ocupación ilegal
Los colegios de abogacía de Barcelona, Málaga y Madrid han expuesto medidas legistalitvas para que un juez de guardia pueda ordenar desalojos inmediatos
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Este martes, en el marco del 2º Congreso de Ocupación Ilegal celebrado en Barcelona, los colegios de abogacía de Barcelona, Málaga y Madrid han presentado una ambiciosa propuesta legislativa para combatir la ocupación ilegal de inmuebles.
La iniciativa busca reforzar el derecho a la propiedad mediante la introducción de reformas civiles y penales que permitan a los jueces dictar medidas cautelares de desalojo en un plazo de 48 horas.
Dos días de margen
La propuesta ha sido presentada por los decanos Jesús M. Sánchez (Barcelona) y Eugenio Ribón (Madrid), junto con Rafael Soto, secretario de la junta de gobierno del Colegio de Málaga.
Según han detallado, el proyecto plantea que, tras interponer una denuncia por violación de domicilio o usurpación leve, el juez pueda exigir a los ocupantes que acrediten en 48 horas la posesión legítima del inmueble.
Si no lo hacen, el juez, con apoyo policial, podrá ordenar el desalojo inmediato y devolver la propiedad al legítimo titular.
Medidas para proteger a propietarios y vecinos
La propuesta también contempla un papel activo de las comunidades de propietarios en los casos donde los ocupantes ilegales generen graves problemas a los vecinos.
En estas situaciones, los presidentes de las comunidades podrán presentar denuncias ante los Mossos d’Esquadra y solicitar la intervención judicial, incluso si el propietario del inmueble afectado no actúa.
El decano del Colegio de Barcelona ha explicado que esta medida pretende dotar de herramientas legales a los vecinos afectados, asegurando que "no exista un derecho a ocupar que vulnere el derecho de otra persona".
Por su parte, Ribón ha destacado que los abogados están "siendo parte activa de la solución de un problema que afecta a toda la sociedad". Ha añadido que "la vulnerabilidad social no puede recaer sobre los legítimos propietarios, sino que es responsabilidad de las administraciones".
El representante del Colegio de Málaga, ha subrayado que esta iniciativa se centra en ocupaciones sin legitimidad alguna, excluyendo casos de impagos de alquiler o finalización de contratos de arrendamiento.
Desalojos con coordinación social
Otro punto destacado de la propuesta es la coordinación con las administraciones públicas en materia de vivienda.
El órgano judicial que reciba la denuncia deberá notificar a los servicios sociales sobre la fecha prevista del desalojo para que, en caso de que los ocupantes sean personas vulnerables, puedan activarse medidas de realojo.
Finalmente, el proyecto plantea la eliminación de la competencia del tribunal del jurado para juzgar delitos de violación de domicilio, buscando así una mayor agilidad procesal.