Fachada del Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen de archivo

Fachada del Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen de archivo David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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Nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de Barcelona: deberá abonar el permiso parental retribuido a una trabajadora municipal

Se trata de la tercera sentencia favorable lograda por el sindicato CSIF en esta materia, lo que refuerza una doctrina judicial consolidada

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha conseguido una nueva victoria judicial contra el Ayuntamiento de Barcelona, que se verá obligado a retribuir el permiso parental de ocho semanas a una trabajadora municipal, en virtud de lo establecido en el artículo 49.g) del TREBEP.

En concreto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 13 de Barcelona ha estimado el recurso presentado por los servicios jurídicos de CSIF, anulando la decisión previa del consistorio que negaba el carácter retribuido del permiso.

Tercera sentencia favorable

La sentencia nº 163/2025, dictada el pasado 9 de julio, reconoce el derecho de la trabajadora a recuperar los 720,50 euros descontados de su salario, además de los intereses legales correspondientes.

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Se trata de la tercera sentencia favorable lograda por el sindicato en esta materia, lo que, según CSIF, refuerza una doctrina judicial consolidada que obliga al consistorio a cumplir con esta obligación retributiva para todo el personal municipal.

Derecho reconocido desde 2023

La jueza argumenta que, a pesar de que el Estado español aún no ha transpuesto completamente la Directiva europea 2019/1158, esta tiene efecto directo y exige garantizar la retribución de al menos dos meses de permiso parental por progenitor.

Añade que el propio Ayuntamiento reconoció inicialmente este derecho en 2023, por lo que no puede ahora revertir su criterio y generar perjuicios económicos al personal.

Desde CSIF celebran este nuevo triunfo judicial y vuelven a exigir al Ayuntamiento de Barcelona que reconozca de forma inmediata y generalizada el carácter retribuido de este permiso, para evitar que más empleados públicos tengan que recurrir a los tribunales para ejercer un derecho que consideran legítimo.