Barcelona gasta más de siete millones en mantener la videovigilancia en las calles

Mantener la seguridad pública cuesta casi un riñón a Barcelona. Y eso se nota en las arcas municipales. Ya no se trata sólo de comprar cámaras de videovigilancia, de establecer centros de control y de desplegar a la Guardia Urbana en el territorio, sino que se necesita que todo eso funcione, que la infraestructura esté en condiciones y que los diferentes dispositivos estén en perfecto estado y se coordinen entre ellos.

Ese mantenimiento es caro por naturaleza. Por si fuera poco, hay que tener en cuenta que Barcelona dispone de un ambicioso plan de instalación de 500 cámaras de videovigilancia en lo que resta de legislatura.

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Es decir, que en menos de dos años varios cientos de aparatos deberán integrarse en la red de video seguridad que ya existe en la actualidad, según reconoció este mes de julio el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. El número actual de cámaras de videovigilancia se sitúa en alrededor de 150.

Una cámara en una imagen de archivo ARCHIVO

Dos empresas responsables

Este crecimiento inusual de las cámaras de videovigilancia se realizará en connivencia con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que vigilará que la proliferación del gran hermano barcelonés no afecte a la intimidad de las personas. Su instalación, según el Ayuntamiento, se debe a la necesidad de incrementar la seguridad en áreas sensibles.

Por eso, el Ayuntamiento ha formalizado este miércoles 3 de septiembre un contrato con Elecnor Seguridad y con Modi Seguridad para garantizar el despliegue de las instalaciones de cámaras, aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a las centrales receptoras de alarmas y centros de control o de videovigilancia, así como al mantenimiento integral de los sistemas de cámaras de seguridad pública.

Actuación integral

Es un cúmulo de circunstancias lo que se ha de mantener funcionando, hasta conformar una actuación integral de todos los sistemas de seguridad de la ciudad, que engloban el mantenimiento correctivo, el preventivo, las reparaciones y la gestión de las incidencias.

Cámara de seguridad en una imagen de archivo Pixabay

En el contrato se incluye también las canalizaciones pertinentes y el cableado con fibra óptica de las dependencias municipales que lo requieran para el control de los sistemas de videovigilancia, así como la electrónica de la red corporativa, sin que ello suponga el desarrollo de nuevas redes de infraestructuras de telecomunicaciones.

Para la instalación de nuevos sistemas y su conexión a la red de vigilancia, el Ayuntamiento da un plazo de 15 días para que todo esté listo desde la petición de los responsables municipales.

Contrato millonario

Es un contrato de más de 2,4 millones de euros para el próximo periodo de un año, que comienza a contar desde primeros de este mes de septiembre.

En propio contrato contiene una cláusula mediante la que prevé que existe la posibilidad de prorrogar dos veces más el contrato por un año cada prórroga, lo que eleva el monto del contrato a más de siete millones de euros. Así consta en un informe jurídico que la empresa pidió para realizar esta contratación con todas las de la ley.

Cámaras de videovigilancia en una imagen de archivo ARCHIVO

El elevado monto se debe a la gran especialización que se precisa, pues es necesario extender fibra óptica en la red corporativa municipal, realizar canalizaciones, etc. Este servicio depende de la empresa pública BIMSA, que fue la que convocó concurso público para buscar proveedores el pasado mes de mayo, cuando se formalizó la mesa de contratación.

Dicha mesa, que presidía el mismo director general de la compañía, Ricard Font, acordó dar luz verde a la adjudicación, vistas las ofertas presentadas, y quince días más tarde la compañía municipal aprobaba definitivamente el resultado del concurso.

Dos propuestas rechazadas

Durante el desarrollo del expediente, se rechazó la propuesta de dos compañías licitantes (una de ellas pertenecía a una unión temporal de empresas) “por no cumplir con los parámetros de capacidad y aptitud que se reputan necesarios para contratar el presente procedimiento de contratación”.

BIMSA tomó la decisión de la adjudicación el pasado 31 de julio, fecha en la que su consejero delegado, Jordi Campillo, tras los informes preceptivos de los expertos, escogió a las citadas empresas ante otras dos propuestas que había encima de la mesa.