Impunidad para la residencia del horror Bertran i Oriola de la Barceloneta

Falta poco para que se cumplan tres años desde que estalló la pandemia que lo paralizó todo. Mientras las calles de Barcelona sucumbían a un silencio impropio de una ciudad cosmopolita, las residencias vivían uno de sus momentos más críticos.

Uno de los casos más mediáticos fue el de la residencia Bertran i Oriola. Los ancianos fueron testigos de la negligencia, el abandono y la impotencia en este geriátrico del barrio de la Barceloneta bajo la gestión de la empresa privada Eulen. Cuando estalló la pandemia en marzo de 2020, las 92 plazas del asilo estaban ocupadas. En junio murieron 43 residentes, la mayoría por no recibir los cuidados necesarios. Después de tres años, los familiares se sienten abandonados por la falta de investigación y siguen luchando para que alguien asuma responsabilidades. Desde las entidades Els Estels Silenciats y SAD Catalunya denuncian, desde hace meses, el maltrato que se vive en los centros geriátricos.

TESTIMONIOS

El portavoz de Els Estels Silenciats, Víctor Echaniz, explica a Metrópoli el trágico testimonio de un usuario del geriátrico. "Un hombre de 80 años nos dijo que la calidad de la comida es muy mala y que desde que entró en la residencia ha perdido 13 kilos", lamenta Echaniz. Afortunadamente, el anciano "es más independiente" y decidió ir a comer a un casal de gente mayor que hay delante de Bertran i Oriola. "Desde que sale a comer fuera ha ganado cinco kilos", detalla el portavoz. La diferencia entre la residencia y el casal de gente mayor, critica Echaniz, se encuentra en el negocio. El hecho de que el geriátrico esté controlado por una empresa privada provoca que de alguna manera entre en juego la reducción de costes y conseguir beneficios. 

CAMBIOS DE GESTIÓN REPETITIVOS

Desde 2020, el geriátrico ha cambiado dos veces de gestor. La empresa privada Eulen estuvo de febrero de 2019 hasta junio de 2020, cuando se destapó el caso de maltratos en la residencia e intervino la Generalitat. Como solución "temporal" y de "urgencia", se decidió "poner a dedo" a las Hermanitas Hospitalarias, una entidad que gestiona centros principalmente de personas con problemas de salud mental. Esto supuso un gran problema. "Se mezclaron a personas menores de 65 años con trastornos mentales con personas mayores y el tipo de cuidado no tiene nada que ver", critica Echaniz.

El portavoz de la entidad lamenta que esta decisión desembocó en agresiones por parte de los enfermos a los ancianos y enfermeras. A raíz de esta situación, algunas plataformas presentaron una denuncia a mediados de 2022 ante la Generalitat. Sin embargo, la institución catalana respondió que "no es extraño que haya pacientes menores de 65 años en residencias de ancianos, aunque no se refirió al hecho de que padecen trastornos mentales", detalla Echaniz.

Tras la gestión de las Hermanitas Hospitalarias, en marzo de 2022 se abrió a concurso público la gestión de la residencia y se adjudicó a Pere Mata, pero "nada ha cambiado". "Todavía hay pacientes con problemas de salud mental dentro del geriátrico", asegura el portavoz de la entidad, que señala al repetitivo cambio de gestores como la causa de estas problemáticas. "Aunque sea una residencia de gestión privada, es de titularidad pública y no deja de ser responsabilidad inicial de la Generalitat". "Esta residencia pública en los últimos años ha cambiado seis veces de gestor. Hay una deficiencia de la Generalitat. Quiere decir que de alguna forma, sea por concurso público o intervención, no se está escogiendo bien y los criterios de selección no son rigurosos como para detectar carencias iniciales", confiesa.

NO SE HA HECHO JUSTICIA

A mediados de 2022, las entidades que luchan en favor de los derechos de los usuarios de residencias se presentaron ante el Parlament para pedir que se reabriera la comisión de investigación, archivada a finales de 2021 con el cambio de legislatura. Sin embargo, no existe ningún interés especial en la mayoría de partidos en reactivarla. "Lo que ha pasado es un acto de violencia política", lamenta Echaniz.

Nueve mujeres sin mascarilla ni respetando las distancias de seguridad el 8 de abril de 2020 en la Bertrán i Oriola / METRÓPOLI ABIERTA

Lo mismo pasa en Fiscalía. Varios familiares de las víctimas presentaron una denuncia. Sin embargo, se archivó la causa sin citar a declarar a los testigos, aunque Amnistía Internacional recuerda que se han presentado pruebas muy concluyentes. Tras más de un año en que se presentó la denuncia ante la justicia, no se ha reabierto la investigación.

TRABAJADORAS "SUMISAS"

Desde SAD Catalunya (Trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria), Pilar Nogues asegura que las trabajadoras de las residencias son "represaliadas y amenazadas" por parte de las empresas privadas, que "quieren el máximo beneficio al mínimo coste, por lo que recortan en comida, ratios exageradas y no cumplen el convenio".

Nogues critica a la Generalitat por "formar parte de estos negocios". "No han controlado que las residencias cumplan con su cometido. Intervino en el caso de la residencia Bertran i Oriola y expulsó a Eulen, pero una y otra vez vuelve a poner empresas privadas con una pésima gestión. Es todo un despropósito y la Generalitat es responsable".

El baño de la residencia en malas condiciones  / CEDIDA

Según explica Nogues a este medio, las trabajadoras tratan como "sacos de patata" a las personas mayores. "Como sociosanitarias tenemos una formación muy humana, pero cuando llegamos a estas instituciones nos desprograman para que dejemos de cuidar bien y seamos máquinas", lamenta. Para que las empresas se aseguren de que todo funcione como quieran, se contrata a "perfiles precarios y sumisos". 

CARMEN, VÍCTIMA DE MALOS TRATOS

Carmen Blanco es una de las 42 víctimas que murieron en la residencia. Tenía 82 años, padecía parkinson. Llevaba tres años como usuaria en Bertran i Oriola. Cuando estalló la pandemia, el geriátrico informó a los familiares que no podían visitar a los residentes. "Entramos un poco en pánico porque sabíamos las deficiencias que tenía el centro", explica a Metrópoli Enriqueta, hija de la fallecida.

Carmen Blanco en la cama de la residencia Bertran i Oriola / CEDIDA

Tal como denuncian desde la plataforma Els Estels Silenciats y confirma Enriqueta, los usuarios del centro sufrieron malos tratos. En el caso de Carmen, "la encerraron en la habitación y le daban de comer una vez al día". Los familiares de la víctima, que no podían comunicarse con su madre y estaban preocupados, decidieron acudir al CAP para que los profesionales entrasen en el geriátrico para valorar la situación. A partir del 9 de abril se empezó a derivar a los ancianos más críticos a hospitales.

UNA SIMPLE LLAMADA

"El lunes día 6 de abril, llaman a mi hermana y le informan que nuestra madre había muerto", lamenta Enriqueta, que añade que desde el centro se apresuraron para preguntar sobre el seguro de defunción. "Mi madre estaba bien. Desde el centro nos dijeron que murió de covid". Las hijas de Carmen decidieron hablar con el médico de la residencia, ya que tenían confianza en él. "El doctor nos llamó y nos dijo que mi madre no murió por covid sino por una broncoaspiración.Tenía que estar siempre levantada, pero como cambiaban de trabajadores muy a menudo por las bajas, los nuevos que entraban no lo sabían", critica. Después de tres años, siguen sin respuestas de la residencia.

INTERVENCIÓN DE LA GENERALITAT

En abril de 2020, el Consorcio Sanitario de Barcelona intervino en el geriátrico Bertran i Oriola, de titularidad pública pero gestionado por la empresa privada Eulen. Tras la intervención, el Departamento de Salud elaboró en junio de 2020 un informe detallado sobre la situación en la residencia. El documento denunciaba la claramente los malos tratos padecidos por los ancianos.