La gestión de Ada Colau como presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) está bajo sospecha, sobre todo por el sesgo político que impregna el área de Ecología que lidera Eloi Badia.

La alcaldesa de Barcelona apartó, en 2019, al director de Servicios del Ciclo del Agua, Martín Gullón, funcionario de carrera con quien no iba a ser fácil tomar ciertas decisiones en contra del servicio privado, y promovió el nombramiento de Fernando Cabello como personal eventual con funciones provisionales de dirección de Servicios del Ciclo del agua bajo la supervisión de la Gerencia Metropolitana. También colocó a Inma Mayol como directora del área de Ecología del AMB con el objetivo de cambiar el modelo de gestión del agua y desmontar la empresa mixta, una obsesión de Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica. Otro caso que ha suscitado un gran malestar ha sido el nombramiento de Xavier Herranz como jefe del servicio de supervisión de concesiones.

LA ELECCIÓN DE HERRANZ

La elección de cargos no políticos en el AMB suscita mucha controversia. Herranz, jefe del servicio de supervisión de concesiones, fue nombrado funcionario interino por libre designación. La entidad metropolitana esquivó, de esta manera, una promoción interna para asegurarse el control político de un puesto tan delicado. Con este procedimiento, el AMB evita que los perfiles técnicos tengan fuerza para cuestionar decisiones basadas en intereses políticos que muchas veces van en contra del interés del servicio que prestan.

Según la plantilla del personal del AMB para 2021, en dicha institución hay 607 plazas de personal funcionario, de las que 435 están vacantes. Para llevar a cabo estos trabajos estructurales que deben ser acometidos por funcionarios, el AMB dispone de 132 contratos temporales, distribuidos entre funcionarios interinos, contratados en prácticas y contratados por obra y servicio determinado. Además, dispone de 73 funcionarios eventuales o de confianza entre personal directivo y de asesoramiento especial (confianza política). El descontrol en la contratación de personal es especialmente notorio en el departamento que dirige Badia.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

De los 377 efectivos humanos que prestan sus servicios actualmente en el AMB, solamente 172 han sido seleccionados, según lo dispuesto por la normativa para los funcionarios de carrera. Es decir, únicamente el 45,6% de los casos. Del resto, 132 han sido seleccionados mediante algún tipo de selección que no cubre las garantías requeridas para el ingreso en la función pública y 73 son eventuales o personal de confianza, entre los directivos y los de asesoramiento especial. No han seguido ningún proceso de selección reglado.

Actualmente hay una investigación abierta ante el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona por el abuso de la utilización de funcionarios interinos defraudando la voluntad de la ley de cubrir las plazas de funcionarios mediante la cobertura de plazas en propiedad, lo que garantiza la imparcialidad del funcionario en el desarrollo de sus funciones.

IMPUTADA POR UN DELITO AMBIENTAL

El nombramiento de Mayol como directora del área de Ecología molestó, especialmente, a los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona y disparó todas las alarmas en el AMB. La suya fue una apuesta marcadamente política, sorprendente porque la directora del área de Ecología está imputada por un delito ambiental en Palma de Mallorca. El motivo, los vertidos de aguas fecales en el mar por parte de una depuradora de Emaya, empresa municipal que gestiona la red de alcantarillado y el agua, de la que Mayol fue gerente.



Inma Mayol, directora del área de Ecología del AMB / ARCHIVO

Colau y Mayol, hoy, reman en la misma dirección, pero su primer encuentro fue muy desagradable para la antigua dirigente de Iniciativa per Catalunya. En mayo de 2007, durante una campaña electoral, un acto de Mayol fue boicoteado por una mujer con un antifaz que vestía de Supervivenda. Esa persona era la actual alcaldesa de Barcelona.

ENFRENTAMIENTOS SONADOS

Aquel día, Colau acusó a Mayol de formar parte de las “fuerzas malignas” que atentaban contra el derecho fundamental a la vivienda. Entonces, Mayol era una de las políticas más influyentes de la política municipal (concejal entre 1999 y 2011, fue teniente de alcaldía con Joan Clos y Jordi Hereu). En su juventud estuvo afiliada al Partido Comunista de las Islas Baleares y, desde 1978, al PSUC. Posteriormente se sumó al proyecto de ICV.

En su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona, Mayol protagonizó algunos enfrentamientos sonados. En 2007 se proclamó “antisistema” por rebelarse contra las injusticias y Xavier Trias, que sería alcalde de Barcelona cuatro años más tarde, la definió como una “antisistema con coche oficial”. Alberto Fernández Díaz, el líder del PP en Barcelona, cuestionó sus gastos en comidas, afirmando que había cambiado “la hoz y el martillo por el cuchillo y el tenedor”.

EL CÓDIGO ÉTICO DE LOS COMUNES

Con el nombramiento de Mayol, además, Barcelona en Comú se salta su propio código ético. En el punto 3.6 se recoge que un cargo público de la formación debe dimitir o ser cesado de forma inmediata si está siendo investigado por “delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos”.

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