Polvo, suciedad acumulada y óxido. Los vecinos desalojados de la calle Granada de Badalona denuncian a Metrópoli las "deplorables" condiciones de los pisos de protección oficial que el Ayuntamiento les ha ofrecido como alternativa habitacional ante el inminente derrumbe del edificio del que fueron desocupados.
Algunos residentes, no todos, han optado a este tipo de viviendas, lo que en un primer momento les ofreció algo de esperanza. Sin embargo, la estampa de la mayoría de pisos es bien diferente, aseguran, a lo que esperaban: "No se puede entrar", explica Isabel, hermana de José Miguel, uno de uno de los afectados.
PUERTAS QUE SE CAEN O NO SE ABREN
José Miguel lleva tres semanas sin poder entrar en la vivienda, por la que paga 200 euros de alquiler, por las "lamentables condiciones" en las que se encuentra el domicilio, ubicado en el barrio de Sant Mori de Llefià. En las imágenes, cedidas, se pueden apreciar la mugre y la cantidad de polvo que se acumula en el mobiliario.
Los desperfectos también se aprecian en la estructura, como han explicado los vecinos: "Hay cajones que no se pueden abrir" o "puertas y ventanas que no cierran bien y se caen a trozos".
OCHO HORAS DE LIMPIEZA
A pesar de la versión vecinal, el Ayuntamiento de Badalona desmiente que los operarios de limpieza no hayan trabajado para adecentar las viviendas. En una en concreto, apuntan que "el piso se limpió a oscuras, porque no tenía luz, y se invirtieron ocho horas de trabajo, con dos operarios". Aún así, explican, están a la espera de realizar una segunda jornada cuando haya electricidad.
Desde el consistorio, el equipo de Rubén Guijarro asegura haber estado a disposición de los vecinos afectados por el desalojo de la calle Granada: "Se han tramitado incluso bonos sociales". El gobierno municipal también alojó a los residentes en hoteles temporalmente a la espera de solucionar la problemática.
DESALOJADOS
El polémico bloque todavía se erige sobre sus cimientos en el número 22 del barrio de La Pau de Badalona. Los residentes fueron desalojados hace meses porque una gran grieta apareció en la fachada e hizo peligrar la integridad física de los vecinos.
Sin embargo, la odisea acababa de empezar: el edificio no disponía de la Inspección Técnica de Edificios que exige la Generalitat, por lo que eran los inquilinos los que debían hacer frente a la reforma.
ESTAFADOS
A contrarreloj, el vecindario contrató los servicios de Jonathan, un "contratista" que se ofreció a reformar el edificio en riesgo de derrumbe. El hombre, lejos de aportar un presupuesto y realizar las obras necesarias para rehabilitar el bloque, pidió a los residentes que aportasen distintas cantidades económicas: "Primero nos pidió dinero para apuntalar el edificio. Después, le dimos 6.000 euros para unas vigas. Acabó pidiéndonos más de 20.000 euros para solicitar unos permisos", explicó uno de los vecinos a Metrópoli.
Finalmente, Jonathan "desapareció", robando así los ahorros del vecindario. "Si lo veo, lo mato", asegura una de las vecinas afectadas.
HOTELES
Los pisos de protección oficial han sido la última propuesta del Ayuntamiento, pensada para darles una solución temporal a los estafados. El consistorio ya se hizo cargo del alojamiento en el hotel Ibis de Santa Coloma de Gramenet hasta que la reparación se hiciese efectiva. Sin embargo, el plazo de la ayuda legal estipulada ha caducado.
Aún así, el consistorio les ofreció dos meses más de alojamiento a los afectados en el hotel Alimara de Horta.
Lo que todavía está por resolver es que los vecinos puedan regresar a sus casas para buscar sus efectos personales: "No tenemos ni ropa", denuncian. Son ellos, además, los que tendrán que pagar de su bolsillo el derrumbe de la casa, ya que su estado es de ruina técnica.