Aviones en el Aeropuerto de Barcelona - El Prat
Varapalo judicial al Ayuntamiento de El Prat: el TSJC le obliga a devolver 300.000 euros a AENA por el impuesto del Aeropuerto de Barcelona
El tribunal reconoce el derecho del operador aeroportuario a una rebaja proporcional del impuesto de 2020 debido a la caída del tráfico aéreo por las restricciones de la pandemia
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Varapalo judicial para el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat.
Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictaminado que el consistorio liderado por Alba Bou debe reintegrar a la empresa pública AENA una parte de la liquidación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondiente al ejercicio 2020.
Esta resolución judicial, fechada el pasado 21 de enero, da la razón al operador aeroportuario por la paralización de su actividad durante los meses más duros del estado de alarma provocado por el coronavirus.
Un cálculo basado en los meses de inactividad
La sentencia del TSJC revoca una decisión previa dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo y atiende la petición de AENA para reducir su carga fiscal de aquel año, aunque desestima aplicar la misma medida para el ejercicio 2021.
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat en una imagen de archivo
Los magistrados no han fijado una cifra exacta en su resolución, sino que establecen el derecho de la empresa a una reducción proporcional de la cuota impositiva limitada exclusivamente al periodo en el que la actividad estuvo paralizada, es decir, desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo hasta el mes de junio.
Teniendo en cuenta que el operador abonó un total de 1,1 millones de euros por este impuesto y que el periodo de inactividad reconocido abarca aproximadamente un tercio del año, la estimación del importe que las arcas municipales deberán devolver ronda los 300.000 euros.
La cantidad definitiva, no obstante, no quedará plasmada oficialmente hasta que se inicie la fase de ejecución de la sentencia.
Un avión de Shenzen Airlines en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat
Por el momento, el Ayuntamiento de El Prat ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, lo que mantiene el proceso abierto y ha llevado a AENA a no realizar valoraciones sobre el litigio, ha adelantado El Periódico.
El debate sobre el cese de la actividad
El argumento jurídico sobre el que pivota la decisión del TSJC es el régimen de paralización de industrias, una figura legal que permite a las empresas ajustar el pago de sus impuestos ante circunstancias excepcionales de fuerza mayor.
El tribunal ha dado por probados los datos aportados por AENA, que reflejan una caída de las operaciones y del tráfico aéreo superior al 90 % durante la primavera de 2020.
A lo largo del proceso, la defensa del consistorio argumentó que el aeropuerto barcelonés nunca llegó a cerrar por completo, ya que mantuvo una operatividad mínima y estratégica para garantizar vuelos de carácter urgente o de necesidades básicas.
Aeropuerto del Prat 2en una imagen de archivo Barcelona
Además, el Ayuntamiento recordó que ya había aplicado una bonificación superior al 25% en el recibo del IAE del año 2021 para compensar la situación. Sin embargo, la justicia ha considerado insuficientes estas justificaciones, concluyendo que la entidad local debe acomodar la tributación del año 2020 a la paralización real que sufrió la infraestructura.
Un conflicto con precedentes en el sector
Esta victoria judicial de AENA frente a la administración local se enmarca en una ola de resoluciones recientes que están avalando las reclamaciones fiscales de grandes compañías contra los ayuntamientos catalanes por los cobros de la pandemia.
El caso resulta especialmente significativo por los precedentes del propio gestor aeroportuario.
![Fachada del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat](["https:\/\/a2.elespanol.com\/metropoliabierta\/2025\/11\/19\/gran-barcelona\/1003742708632_15417598_320x180.jpg"])
Durante la crisis sanitaria, AENA protagonizó un intenso pulso con los titulares de las tiendas y restaurantes ubicados en sus terminales, negándose inicialmente a asumir en solitario el coste de la paralización económica.
Aquel conflicto se saldó con la intervención del Congreso de los Diputados, que acabó obligando por ley a la empresa pública a rebajar los alquileres de sus locales comerciales.
