Personal de seguridad de Wakeful
Wakeful vuelve a L'Hospitalet tras 'esquivar' su veto en un contrato público de seguridad
La contrastista queda como la única postulada para ostentar el servicio de seguridad privada de las instalaciones de los medios de comunicación públicos municipales
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La empresa Wakeful Seguridad esquiva el veto de facto aplicado por L'Hospitalet de Llobregat y logra impugnar una licitación pública de la que había sido excluida.
La mercantil, una vieja conocida del consistorio por importantes retrasos en los pagos de los salarios a sus trabajadores en antiguos contratos, vuelve al ruedo y se hace con un contrato público para la seguridad privada en las instalaciones de los medios de comunicación públicos locales.
Así se desgrana y deduce del proceso de adjudicación pública que, si bien llevaba meses suspendido por la exclusión de la capitaneada por Alberto Torrejón, ahora queda desbloqueado para su adjudicación, siendo Wakeful la única empresa que se presentó a la misma.
Por ello mismo, si bien todavía no se ha adjudicado el servicio, cuyo valor estimado es de 222.786,00 euros y cuenta con un presupuesto base de 148.524,00 (sin IVA) , todo indica que será la ganadora de la licitación por ausencia de competidores.
El órgano de contratación pública La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals de L'Hospitalet de Llobregat, resolvió excluir a la sociedad y poner la adjudicación en suspensión el 30 de junio de 2025. ¿Los motivos? Detectaron que Wakeful no había aportado documentación que demostrara que estuviera al día con los pagos a la Seguridad Social y a la Agència Tributària de Catalunya (ATC).
Resquicio legal
Se le requirió esta documentación tras detectarse que estaba incluida en el Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) por los ayuntamientos de Montgat y Gavà, algo que, desde la empresa, se argumentó que aplicaba un veto que no se extendía a otros municipios.
Wakeful no presentó en tiempo y forma la documentación conforme se encontraba al día en los pagos a la Seguridad Social y la ATC. No obstante, en su recurso, se esgrime que no es necesario y se ampara en el Art. 13.1 e) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
Un vigilante de Wakeful Seguridad
La normativa, con carácter estatal, esgrime que para la concurrencia de una empresa a una licitación pública solo es imprescindible que esté al corriente de pagos con el Estado y que sólo en el caso de que el órgano de contratación dependa de una Comunidad Autónoma o de una Entidad Local, debe acreditar estar al corriente con esa administración respectiva.
Dicho de otra forma, sólo se puede exigir el cumplimiento con la ATC en aquellos casos en los que el órgano de contratación y la entidad licitadora sean la Generalitat o una de sus instituciones. Wakeful, por su parte, acreditó estar al día con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Y al ser la licitadora una entidad local (el Ayuntamiento de L'Hospitalet), este no puede incluir como requisito la acreditación que demuestre estar al corriente con la ATC.
Ese tecnicismo legal al que la empresa ha podido recurrir gracias a que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) de Catalunya no contempla ninguna disposición especial que obligue a exigir este certificado en contratos del ámbito local, ha permitido a la mercantil interponer un recurso, que el tribunal de contratación resuelva a su favor y, si nada excepcional ocurre, que se lleve el contrato.
Una vieja conocida
Wakeful, es una vieja conocida de la ciudad metropolitana. Allá por 2024 ostentaba el servicio de accesos y conserjes a varios equipamientos públicos municipales. Tal y como ya avanzó este digital, trabajadores y sindicatos denunciaron que llevaban meses de retrasos, de pagos de nóminas fragmentados e incluso de impagos. La cuestión terminó judicializada y con Inspección del Trabajo y el consistorio monitorizando la situación.
Un vigilante de Wakeful, empresa de seguridad que contratan diversos municipios
Finalmente, el contrato se suspendió, la empresa se retiró y se adjudicó el servicio a otra mercantil, que cargó con la deuda en cobros que dejó el grupo afincado en Mataró.
No es el único municipio donde esta empresa ha tenido problemas. De hecho, acumula historias, exabruptos y desaguisados por gran parte de los municipios catalanes. Desde Lloret a Barcelona, pasando por Santa Perpètua de Mogoda, entre muchas otras, son frecuentes episodios de incumplimientos del contrato, descubiertos en el servicio licitado, impagos y retrasos en nóminas, entre otras cuestiones.
