Acceso al aparcamiento
Terrassa tumba las alegaciones de dos asociaciones ecologistas y aboca el polémico parking de Sant Roc a los tribunales
El consistorio desestima las objeciones de ADENC y BiTer, que ya preparan la vía judicial mediante un 'crowdfunding' para intentar paralizar una infraestructura de casi 11 millones de euros ubicada en pleno centro del municipio
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El Ayuntamiento de Terrassa ha rechazado las alegaciones presentadas contra el polémico proyecto de rehabilitación del aparcamiento del Portal de Sant Roc, impulsadas por la Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC), el BiciTerrassa Club (BiTer) y la asociación de comerciantes de Can Aurell.
Esta decisión municipal supone dar luz verde administrativa a una infraestructura que ha levantado fuertes suspicacias por su encaje urbanístico y económico, abriendo la puerta a su aprobación definitiva inminente.
La justificación municipal frente a la Zona de Bajas Emisiones
Durante el periodo de exposición pública, el consistorio recibió tres alegaciones: una por parte de la asociación de vecinos y comerciantes de Can Aurell, y otras dos idénticas presentadas por las plataformas ecologistas.
Entrada del aparcamiento del Portal de Sant Roc en una imagen de archivo
Aunque las peticiones para paralizar el proyecto han sido desestimadas, el Ayuntamiento sí ha estimado algunas preocupaciones de la asociación vecinal, incorporando al proyecto final medidas más estrictas para la delimitación de espacios durante las obras, así como limitaciones específicas contra la emisión de polvo y ruido.
El principal punto de fricción de las entidades radica en que el aparcamiento se encuentra dentro de la recién instaurada Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Los opositores argumentan que la reapertura de un recinto con cerca de 200 plazas en tres plantas subterráneas actuará como un reclamo para el vehículo privado y contradice la normativa climática.
Sin embargo, el gobierno municipal rechaza frontalmente esta interpretación basándose en criterios técnicos. El consistorio argumenta que la ZBE ya está implementada y su función es, precisamente, restringir el acceso a los coches más contaminantes.
La lógica municipal sostiene que, si un vehículo contaminante no tiene permiso legal para acceder al perímetro de la ZBE, tampoco podrá llegar a la entrada del aparcamiento. Por tanto, el gobierno local concluye que la infraestructura dará servicio exclusivo a los automóviles que ya cumplen con la normativa ambiental, negando que se produzca un incumplimiento de la norma de la ZBE.
El aparcamiento de Terrassa en una imagen de archivo
Dudas económicas y un cambio al modelo de gestión directa
Más allá del impacto ecológico, la viabilidad financiera de la operación es el otro gran frente abierto. El plan municipal pasa por recuperar este espacio, actualmente cerrado por deficiencias estructurales, y conectarlo en el futuro con el aparcamiento de la Plaça Vella. Las plataformas denunciaban la falta de un informe de viabilidad que justificara el proyecto en términos de rentabilidad.
Ante estas críticas, el Ayuntamiento ha aclarado que el expediente que se está tramitando es puramente un proyecto ejecutivo de obras, una fase administrativa en la cual la legislación, aseguran, no requiere incluir un estudio de viabilidad económica.
Aun así, el consistorio ha detallado cómo se articulará la financiación de los más de 10,9 millones de euros que cuesta la intervención. Inicialmente, el gobierno local estudió una fórmula de concesión administrativa para que una empresa privada explotara el parking.
No obstante, las consultas preliminares de mercado evidenciaron que este modelo concesional no generaba interés en el sector privado sin requerir fuertes aportaciones públicas, motivo por el cual se descartó la externalización. Finalmente, el Ayuntamiento ha optado por asumir la gestión directa a través de la empresa pública municipal EGARVIA S.L., entidad que canalizará la inversión mediante un préstamo bancario.
Portal de Sant Roca de Terrassa
La batalla se traslada a los juzgados
Ante la negativa del consistorio a rectificar el proyecto, las entidades ecologistas y de movilidad sostenible han activado su plan B para intentar frenar la actuación por la vía legal.
Para ello, han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo con la que buscan financiar la presentación de un recurso contencioso-administrativo que paralice las obras de forma definitiva en los tribunales.
El objetivo económico de las plataformas es recaudar un total de 8.500 euros, montante destinado íntegramente a cubrir los gastos jurídicos derivados del proceso. De esta cantidad global, una primera partida de 1.000 euros servirá para abonar la asistencia legal ya utilizada durante la redacción de las alegaciones recién desestimadas. Los 7.500 euros restantes financiarán exclusivamente los costes de representación letrada en la batalla judicial.
