El Ayuntamiento estrecha el cerco a los alojamientos turísticos ilegales

El plan de choque presentado el pasado mes de julio contra los alojamientos turísticos ilegales ha resultado “positivo, pero insuficiente”, ha confesado la regidora Janet Sanz. “Sabemos que es el tema que más problemas de convivencia genera a los vecinos”, ha declarado en el último plenario. Desde que se puso en marcha el plan de choque, solo 247 alojamientos turísticos ilegales han cesado su actividad. Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido redoblar esfuerzos.

De los 20 inspectores que buscaban por las comunidades de vecinos qué alojamientos eran ilegales, ahora serán 40. Además, los visualizadores también se doblarán a 40. Una medida que CiU ha rechazado frontalmente con una enmienda a la totalidad al informe. “Compartimos la lucha contra los alojamientos turísticos ilegales”, aseguraba la concejal Sònia Recasens, aunque recordaba al Gobierno municipal que no se había cumplido con el objetivo de partida. “Ningún piso ilegal se ha convertido en un piso social”, apuntaba Recasens, quien no ha dudado en valorar el plan como un “fracaso absoluto”.

Las 247 viviendas que han cesado su actividad se quedan cortas si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento ha emitido la orden de cesar más de mil y ha abierto más de 1.700 expedientes sancionadores. Cifras con las que el líder de ERC, Alfred Bosch, justificaba su valoración del plan. “No ha funcionado”, reflexionaba, aunque ha alargado la mano al equipo de gobierno para “no dar descanso” a los pisos que “generan molestias, generan ruidos y encima son ilegales”.

En vista al aumento del número de inspecciones, la CUP – Capgirem Barcelona ha celebrado la medida, aunque ha solicitado información de cómo se realizan las inspecciones. Una auditoria bajo la óptica política que pretende resolver el motivo por el cual algunas residencias de estudiantes han estado operando como hoteles sin tener la licencia correspondiente.

DISCURSO ENDURECIDO 

La concejal de la izquierda independentista, María José Lecha, además ha endurecido su discurso contra el crecimiento sostenible del turismo que quiere llevar a cabo el equipo de Gobierno: “Para la CUP la alternativa pasa por el decrecimiento; hoy en día es muy difícil encontrar una escalera sin pisos turísticos en determinados barrios”, asegura.

El apretón que quiere dar el Ayuntamiento de Barcelona a los alojamientos turísticos resulta desde su origen “una medida paliativa”, en opinión de Carina Mejías, concejal de Ciudadanos. “Nos presenta un refuerzo del plan de choque que resulta vacío de contenido y así mismo se lo ha hecho saber el sector turístico”, destacaba desde la bancada naranja. 

El presidente del grupo popular, Alberto Fernández Díaz, ha discrepado del término 'plan de choque' y ha considerado que el refuerzo al plan del anterior verano “ratifica que los anteriores no merecían este nombre de 'plan de choque', que simplemente haya fracasado o ambas cosas. Era su obligación como alcaldesa presentar un nuevo plan de choque, pero desgraciadamente este tampoco lo es”, ha sentenciado, mientras reclamaba la posibilidad que el Ayuntamiento asumiese la competencia que posee la Generalitat para poder sancionar los alojamientos turísticos irregulares.