Una foto vale más que mil palabras. Eso es lo que debió de pensar la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que este martes dio plantón a la cúpula del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para hacerse la foto con las entidades que colaboraron con la candidatura de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), el organismo internacional que acaba de perder Barcelona. Se da la circunstancia de que la EMA no era un organismo del agrado de la cúpula municipal (de hecho, ni siquiera Ada Colau acudió a Bruselas a la presentación de la candidatura de Barcelona a ser sede de la EMA), lo que no fue óbice como para que este martes se personase en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona arropada por los máximos responsables municipales del sector para hacer las paces con las instituciones que lucharon a brazo partido por ganarse la sede de la agencia internacional.
Consciente de que necesita un lavado de imagen después de las duras críticas de boicot a la candidatura de Barcelona, Colau se saltó las reuniones de la junta directiva y del Consejo plenario de la AMB, el sanedrín de los ayuntamientos del área metropolitana. Curiosamente, en este pleno, se aprobó el presupuesto de 2017, eliminando gastos destinados a la promoción del vehículo eléctrico mediante la instalación de puntos de recarga rápida por valor de 72.304,50 euros y destinando este dinero a “gastos jurídicos”.
En la sesión, se aprobaron también varias subvenciones a organizaciones internacionales. Una de ellas, de 81.576,41 euros a la Cruz Roja Libanesa destinados al proyecto “Gestión de residuos sólidos en el municipio de Amioun”, al norte del Líbano. A la organización Un Ponte Per (UPP) se le concedieron 32.142,86 euros para el proyecto “Proyecto de Emergencia en el Kurdistán sitio: contribuir al ejercicio de los derechos humanos de las personas refugiadas en la región el Éufrates”. A la ONG Lesvos Solidarity, por el proyecto “Reciclaje solidario en Lesbos: contribuimos a los derechos de las personas refugiadas y el derecho a la sostenibilidad ambiental” se le destinan 51.430 euros. Por último, se destinó otra subvención de 70.000 euros a la Fundació Catalunya Europa, creada por el exalcalde Pascual Maragall. Esta ayuda tiene como concepto la “sostenibilidad social en el marco del observatorio mundial metropolitano”.
También se aprobó un convenio de colaboración con la empresa Tranvía Metropolità SA que costará a las arcas públicas 1.135.816 euros entre 2018 y 2021. Otros 809.292 euros se destinarán a un convenio similar con la empresa Tramvia Metropolità del Besòs.
LIMPIEZA DE IMAGEN
Pero la atención de Colau estaba en otros cometidos. Tras las críticas por su pasividad a la hora de luchar para atraer a Barcelona la sede de la EMA, la alcaldesa quiere recuperar el terreno perdido. De ahí el plantón a sus colegas alcaldes y su presencia en la reunión de las entidades científicas.
La jugada es clara: o la alcaldesa toma la iniciativa o su credibilidad queda en entredicho. En la reunión de este martes de encontraban representantes de las principales plataformas científicas y educativas de la ciudad: Gonzalo Rodès y Mateu Hernández (Barcelona Global), Jordi Camí (Parc de Recerca Biomèdica), Antoni Esteve (Fundació Catalana per la Recerca), Teresa Bassons (Cambra de Comerç), Josep Samitier (Associació Catalana d’Entitats de Recerca), Josep Lluís Sanfeliu (Ysios), Andreu Mas-Colell (BIST), Núria Mas (IESE) y Margarita Boix (UAB).
La alcaldesa agradeció su labor para atraerse a la EMA pero alertó de que es hora de pasar página y abordar un futuro en el que el sector de la investigación y la innovación vaya parejo con la diversificación de la economía, prestando especial atención al sector tecnológico, a la economía verde y circular, a la movilidad sostenible y a la innovación.
Vista nocturna de la Torre Agbar / EFE
La estrategia de Colau, no obstante, va más allá. El lavado de imagen no se soluciona con un acto de acercamiento a los verdaderos pulmones de investigación e innovación. La alcaldesa necesitaba algo más y lo puso encima de la mesa: en primer lugar, planteó la creación de una “mesa permanente dedicada a la innovación, la investigación y la ciencia”. Por otro lado, planteó un fondo económico específico “dedicado a la captación de talento, a la atracción de inversiones y al impulso de nuevos proyectos”. Colau no se queda ahí; ahora quiere tomar la iniciativa e implicar a las demás administraciones en la creación de esa mesa y de ese fondo.
IDEA BIEN RECIBIDA
De momento, no deja de ser más que humo. No existe concreción alguna de cómo se ha de crear esa mesa, quién la compondría, quién la organizaría y cuál sería su cometido. Tampoco existe concreción sobre la formación del fondo económico y quién o quiénes tendrían que aportar el dinero. La intención es que entren desde la Administración autonómica hasta la central, así como el sector privado. Según el Ayuntamiento, los presentes compraron la idea y se han emplazado a comenzar los trabajos de la constitución formal de la mesa antes de final de año. Ya veremos si, con las elecciones de por medio, el tema se mueve. El, tema del fondo quedaría para más adelante, aunque, de momento, ya está encima de la mesa. Colau ha actuado con rapidez e inteligencia: no quiere quedar como la lastradora del progreso en la capital catalana. O sea, como la alcaldesa que no movió ni un dedo por atraer a su ciudad a una de las agencias científicas más importantes del mundo.
A la alcaldesa la acompañaban el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, el nuevo comisionado de Promoción Económica, Empresa e Innovación, Lluís Gómez, y la comisionada de Salud, Gemma Tarafa. Lo curioso del caso es que las líneas estratégicas del ideario de Barcelona en Comú (BeC), la plataforma a al que pertenece Ada Colau, no comulga con el espíritu de la mayoría de las organizaciones científicas que asistían a la reunión y cuyo esfuerzo durante los últimos meses se centró en lograr que la EMA se trasladase a Barcelona.
Las críticas de los comunes se centran en achacar a las grandes agencias y a las plataformas científicas de estar al servicio de las multinacionales de los medicamentos, lo que consideran contrario a los intereses de los ciudadanos. Además, Tarafa es la responsable de un plan de “desmedicalización”, estrategia puesta en marcha por el consistorio barcelonés en esta legislatura, para promocionar una nueva concepción de la salud, menos basada en medicamentos (desde BeC se considera que existe un “abuso de medicamentos”). Ello supondría el plantar cara a las grandes multinacionales que inundan el mercado de fármacos y que suponen ingentes beneficios para las compañías que los comercializan. De ahí que desde la cúpula del consistorio se entendiese la EMA como la prolongación de esos grandes intereses transnacionales y que ahora Colau ponga encima de la mesa una alternativa en forma de propuesta doble que pretende compensar la pérdida de la sede de la codiciada agencia.