La práctica totalidad de los grupos de la oposición muncipal del Ayuntamiento de Barcelona ha dado un tirón de orejas a la concejal de Participación y máxima autoridad municipal del distrito de Ciutat Vella, Gala Pin (Barcelona en Comú), y por extensión a la alcaldesa Ada Colau porque el problema de los okupas “se les ha ido de las manos”, se está saliendo de madre como coincidieron en denunciar concejales de diferentes signos políticos. Los reproches han sido consecuencia del debate de una iniciativa de Ciutadans (Cs), que ha sido aprobada con los votos a favor del propio Cs, y del PSC, PP y ERC, la abstenció de BeC y de Demòcrates y el voto en contra de la CUP y que ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas para atajar el sangrante aumento de la okupacion ilegal en el barrio del Raval, pero también en otros distritos barceloneses como Sant Andreu o Nou Barris.
Las propuesta aprobada plantea un triple frente para luchar contra los okupas y contra el deterioro de la convivencia que lleva implícito. El primer elemento es la puesta en marcha de un plan de prevención, seguridad y atención social específico para el barrio del Raval. En segundo lugar, y mediante una transacción introducida por ERC; se ha acordado que se elabore un protocolo de actuación urgente para intervenir en los casos de okupación ilegal y evitar que se consoliden. Y por último ha alineado al consistorio (aunque sin comprometerlo realmente) a favor de pedir al Congreso de los Diputados que impulse “una reforma legal que dote de instrumentos legales ágiles” para permitir los desalojos prácticamente inmediato.
Pero lo más interesante del debate ha sido ver como prácticamente toda la oposición achacaba al gobierno municipal de los comunes el aumento de la okupación en Barcelona, sobre todo a raíz de que Gala Pin lo ha vinculado directamente con la especulación inmobiliaria. “No pueden reducirlo todo a los especuladores, y menos cuando se niegan a poner en marcha procedimiento ágiles para luchar contra la okupación y cuando han impulsado que se acepte socialmente porque es una cosa moderna”, le ha reprochado la presidenta del grupo municipal de Cs, Carina Mejías.
OKUPACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES
El Grupo Municipal Demòcrata ha reprochado al gobierno de Colau que se tolere la okupación de inmuebles de titularidad municipal que esta previsto convertir en vivienda social. La edil demócrta Mercè Homs ha criticado a Pin y Colau por “permitir que se eternicen okupaciones ilegales de propiedades municipales que están desgastando la convivencia”. El portavoz municipal de ERC, Jordi Coronas, también ha pedido que se actúe “de forma inmediata” y que el gobierno municipal “deje de sacarse responsabilidades de encima y culpe de todo a los mossos. Es paradójico que el gobierno circunscriba un problema social al ámbito policial”, ha recalcado Coronas, quien ha calificado de “inaceptable” la permisividad con la okupación de pisos destinados a alquiler social.
En términos similares se han posicionado el PSC y el PP, que han puesto de manifiesto la “pasividad” del gobierno de Colau para hacer frente al problema porque ha “incidido de forma negativa”. Según datos aportados por el presidente de los populares, Alberto Fernández, la okupación ilegal ha aumentado en un 66% en los últimos 18 meses y se ha convertido en el quinto problema más importante para los barceloneses,
La concejal Pin se ha defendido quejándose de que la Generalitat de Catalunya “no ha puesto ni un euro” para combatir este fenómeno y se ha mostrado partidaria de que no haya pisos vacíos. “Se han delimitar la especulación y evitar los beneficios de los grupos financieros que expulsan a los vecinos.”, ha rubricado.