Los pisos sociales serán el próximo caballo de batalla política en el Ayuntamiento de Barcelona. La posible aprobación de una medida por la cual los promotores de vivienda y grandes rehabilitaciones en Barcelona deberán destinar el 30% del volumen edificable a vivienda protegida, va a traer cola.
De momento, el equipo de gobierno de Ada Colau quiere que dicha medida se apruebe este lunes. Si prospera, se publicará y se pondrá en práctica a patir del martes, según ha confirmado la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz.
El plan de Colau se ha puesto en marcha sin luz ni taquígrafos, y ha colocado en un brete a los partidos de la oposición en el consistorio, ya que votar en contra de las viviendas sociales les afectaría mucho mediáticamente. Por eso, de momento, parece que la mayoría de las fuerzas estarían optando por abstenerse.
En contrapartida, la medida que pretenden los Comuns es perversa; no ha sido consultada ni con los partidos, ni tan siquiera con los diferentes actores que quedarían afectados: promotores, arquitectos, constructores, etc.
De hecho, algunas fuentes consultadas por Metrópoli Abierta afirman que “se puede montar un 'pollo' monumental en el caso de que se tire adelante la medida”. El jaleo vendría dado porque “las derivadas de la aprobación supondrían la supresión de licencias de construcción, como ocurrió con el Plan de Hoteles. La diferencia es que entonces ese plan ya estaba aprobado, pero en esta ocasión todo se ha hecho sin dar tiempo, sin avisar y con un plan que aún no se ha ventilado”.
Que la cosa va en serio lo deja claro que la propia Colau vaya a reunirse el mismo lunes, en el Palau, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Será el primer encuentro formal de ambos desde que Torra tomó posesión, y ya se ha anunciado que habrá una comparecencia de Colau ante la prensa, acompañada de la portavoz del Govern catalán, Elsa Artadi.
La alcaldesa ha expresado varias veces la necesidad de reunirse con Torra para abordar asuntos urgentes y pendientes desde la aplicación del artículo 155, siendo uno de los principales el de la vivienda. La circunstancia da a entender que la presión desde la Casa Gran va a a ser mucha sobre el Palau, a fin de que le apoye con su Plan General Metropolitano (MPGM), en el que se incluye la famosa medida del 30%.
En sus declaraciones de este viernes, Sanz ha recordado que la Generalitat es un “actor central” en el asunto de la vivienda social; que Colau ya lanzó el plan en plena aplicación del Art. 155 y, tercero, que las competencias en vivienda es de la Generalitat. “Lo primero que nos gustaría ver es su presupuesto para la construcción y adquisición de vivienda pública en Barcelona", ha recalcado Sanz, criticando la subasta de inmuebles de herencias intestadas que prevé el Govern.
CONSECUENCIAS IMPREVISIBLES
Si se aprueba la medida, los promotores que adquirieron fincas e iniciaron procesos entre el 1 de enero de 2016 y este junio de 2018 estarían exentos de cumplir este requisito, y tendrán un plazo de dos años desde la aprobación definitiva -dentro de unos meses- para presentar la licencia.
“El peligro de que los partidos de la oposición se abstengan el lunes es que la medida se apruebe inicialmente por mayoría simple”, advierte un conocedor del tema. “La Aprobación Provisional será diferente, porque ya requiere de mayoría absoluta. El problema es que con la Aprobación Inicial ya se pondrá en marcha la maquinaria, y entonces es cuando se puede montar un gran caos que afectará a toda Barcelona”.
El caos vendría motivado “porque no se tramitarían licencias durante al menos medio año, ya que muchos proyectos de construcción no tienen contemplada la aplicación del 30% de vivienda social. El desbarajuste puede ser de órdago en el sector de la construcción. Y, sin embargo, eso parece no parece importarles a Colau y sus correligionarios”.
El plan de vivienda de Colau puede traer consecuencias / EFE
En contra de esta visión, el gobierno municipal está convencido de que cada año se podrían generar entre 350 y 400 viviendas protegidas, teniendo derecho el Ayuntamiento a adquisición preferente de estas viviendas protegidas, que en un primer paso serían privadas.
LA OPOSICIÓN SE CITA EL LUNES
La rapidez con la que pretende Colau aplicar su plan ha dejado en fuera de juego a los diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento. Como decíamos, en estos momentos se valora mucho la abstención, porque un 'NO' podría ser interpretado por los ciudadanos como un estar en contra de la vivienda social -cuando no es realmente así. Lo malo es que apenas tienen tres días para perfilar su estrategia.
La concejal del PSC en Barcelona, Carmen Andrés, ha pedido al Gobierno municipal un informe sobre el impacto de destinar el 30% a vivienda social. “Puede tener efectos contrarios a los que buscan”, ha advertido. La edil ha apoyado la idea de garantizar porcentajes de viviendas públicas, aunque ha desestimado que esto paralice la entrega de licencias y la construcción de nuevos inmuebles. Y ha insistido en que, si la medida pone en riesgo el crecimiento, no apoyarán la propuesta.
Mientras el PdeCAT ha reservado su contestación para el lunes, otra que ya se ha manifestado en contra es la líder de Ciudadanos. Para Carina Mejías se trata de una “medida autoritaria y a la desesperada, una cortina de humo para tapar su fracaso”, porque no ha podido solucionar la demanda de vivienda pública en tres años de mandato. “Trata de dar la imagen de que está actuando con fuegos de artificio que no van a tener aplicaciones prácticas, porque dudo de su legalidad”,ha añadido.
También Alberto Fernández (PP) ha criticado lo que califica de "intervencionismo" de Colau destinando nuevos pisos a vivienda social. “Quiere obligar al sector privado a hacer aquello que ella no es capaz de hacer: encarecerá el precio de los pisos de libre mercado y ahuyentará la construcción de nuevas viviendas”, ha dicho. "En Barcelona hay más de 80 solares en los que se podrían construir 5.000 viviendas”.