El Ayuntamiento de Barcelona tendrá problemas económicos por el ambicioso plan de obras que llevará a cabo este verano y que duplica las obras del verano del año pasado. Éstas son las previsiones que baraja la oposición ante el optimismo del equipo de gobierno con el plan de levantamiento de calles hecho público por la teniente de alcaldía Janet Sanz. Los números oficiales presentados esta semana apuntan a casi un centenar de obras, la mayoría de ellas en el marco del Plan de Rehabilitación Integral y el Plan de Barrios.
En concreto, el número total de obras es de 92, en las que se invertirán 26,9 millones de euros, presentadas como unas intervenciones “con un marcado impacto social que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Las grandes obras se ubicarán en el entorno de la avenida de la Meridiana, la plaza de les Glòries y la calle de Mallorca, donde se ejecutarán los pozos de ADIF para las salidas de emergencia del AVE”.
Pero desde la oposición no se ve nada claro que se puedan ejecutar todas estas obras. “Prevemos un parón de las obras por el bajón de ingresos que se prevén en las arcas municipales. Y eso nos hace temer que se dejarán a medias proyectos a largo plazo y ya apechugará con ellas el nuevo equipo de gobierno que entre el año que viene”, denuncian a Metrópoli Abierta fuentes de la oposición.
Además, varios portavoces de diferentes grupos coinciden en señalar a este diario que “la alcaldesa hace lo que hacen todos los alcaldes: levantar calles y hacer obras cuando falta un año para las elecciones, para simular que se trabaja mucho por la ciudad y que se preocupa por los vecinos”.
RECUPERAR A LOS MOSSOS
Los grupos también coinciden en que hay problemas más urgentes que resolver, como el de la seguridad. Esta misma semana, Janet Sanz reclamó a la consejería de Interior una mayor implicación de los Mossos d’Esquadra en la seguridad del transporte público ferroviario. La petición fue realizada tras una reunión con los principales sindicatos del metro, que reclamaron “recuperar la presencia pública de los Mossos en el subsuelo”.
“Desde ERC hemos reclamado varias veces que necesitamos, al menos, 200 efectivos de los Mossos, así como más guardias urbanos. Y no sólo para el metro, sino para los narcopisos, por ejemplo”, explica a este diario una fuente republicana. Desde Ciutadans, la percepción es también similar. “La seguridad en el metro es privada y la Guàrdia Urbana no se puede meter. Es un asunto de seguridad ciudadana que compete a los Mossos”.
Los responsables de Ciutadans aseguran que “hay un problema de seguridad muy grande. La impunidad es total y en estos momentos hay un problema muy serio con el top manta en el metro: ocupan los andenes y los intercambiadores. Por si fuera poco, parece que se haya abierto la veda y llegan grupos de grafiteros muy violentos, que actúan a lo salvaje. Llevan grandes tenazas para cortar candados y cadenas y amenazan con armas. En una ocasión incluso esgrimieron una pistola táser”. Para la formaciín naranja, gran parte de la culpa la tiene el equipo municipal. “Se incumple la Ordenanza de civismo y no se sanciona a nadie, por lo que se corre la voz y rodos campan a sus anchas”.
LA IGNORANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
Los socialistas también critican la actitud municipal, pero más por la falta de previsión que por otra cosa. “En realidad, hay un desconocimiento total sobre la seguridad en Barcelona. Una vez, preguntamos al Govern cuántos Mossos d’Esquadra había en la ciudad de Barcelona y la contestación fue que no lo sabían. Pero el tema de la capital con la seguridad es ya un conflicto histórico y siempre se han pedido más efectivos en la ciudad”.
El PSC pidió, por ejemplo, que la Brigada Móvil (Brimo), con sede en Sabadell, tuviese su base operativa en Barcelona. “No por nada, sino porque donde suelen celebrarse las manifestaciones es en la capital. Y los desplazamientos desde Sabadell, cuando hay manifestaciones, son continuos. Si esa brigada, que debe cubrir todas las manifestaciones, tuviese su sede en Barcelona, esos viajes se ahorrarían, por lo que también ahorraríamos tiempo y dinero”, explican fuentes socialistas a este diario. Esa decisión, sin embargo, no se tomó en consideración por parte de la Generalitat.