El Gremi de Restauració de Barcelona y la mayoría de los grupos de la oposición municipal han llegado a un acuerdo para constituir una comisión especial encargada de seguir el cumplimiento de la Ordenanza de Terrazas en toda la ciudad, pero con especial atención al distrito de Ciutat Vella. En una rueda de prensa, el presidente del Gremi de Restauración, Pere Chias, y el director general de la entidad, Roger Pallarols, junto a representantes de PDeCAT, Ciutadans, PSC y PP, han acusado a la alcaldesa, Ada Colau, de haber roto el consenso alcanzado entre Ayuntamiento y restauradores en este asunto.
Pallarols ha afirmado que la aprobación de la Ordenanza de Terrazas no ha servido para pacificar el sector y ha acusado a la alcaldesa de alojarse en el silencio “traicionando el espíritu del pacto de terrazas” y de crear una crisis sin precedentes con un 25 % de las terrazas amenazadas con algún recorte. Además, Pallerols ha pedido la creación inmediata de una comisión especial para el seguimiento de la ola de supresiones de terrazas que se están sucediendo en el distrito de Ciutat Vella, gobernado por Gala Pin.
El presidente del gremio, Pere Chias, ha alertado de que la situación que viven algunos negocios de restauración puede obligar a reducir personal ya que para muchos de ellos las terrazas supone entre el 60 % y el 70 % de sus ingresos.
APOYO POLÍTICO
La mayoría de los partidos de la oposición municipal se han unido a las reclamaciones de los restauradores. Raimond Blasi, del PDeCAT, ha lamentado que la alcaldesa haya incumplido “el acuerdo de ciudad que llevaba la paza al sector”, y ha pedido a la alcaldesa que tome cartas en el asunto y ejerza su liderazgo: “La nueva Ordenanza de Terrazas es una herramienta muy mejorada, pero el problema es cómo se aplica y la falta de diálogo y pedagogía, especialmente en el distrito de Ciutat Vella”.
Por parte del PSC, Daniel Mòdol, ha dicho que “estaría bien que la alcaldesa se sentase con los restauradores y les explique por qué les está haciendo la vida imposible y que esplique por qué medio año después de firmar un acuerdo ahora el gobierno municipal lo rompe poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo”.
Koldo Blanco, de Ciudadanos, ha dicho que “después de tres años de trabajo para lograr cambiar una ordenanza resulta que ahora no se aplica, no se dialogue con el sector, ni con los comerciantes. Hay que buscar una solución a este problema”.
Javier Mulleras, del PP, ha acusado a la alcaldesa de “dejar que proliferen en Ciutat Vella las actividades ilegales en la calle mientras persigue a las terrazas, a la gente que paga sus impuesto y a los restauradores que cumplen con sus obligaciones”.