Ada Colau desea imponer un nuevo impuesto a los barceloneses en plena crisis económica. Y es que el Ejecutivo local tiene pensado empezar a cobrar la nueva tasa de residuos a partir de junio. Lo hará pese a que miles de vecinos de la ciudad han perdido sus empleos, verán cerrar sus negocios (hasta el 30% en los principales ejes, según afirman algunas de las principales asociaciones) o apenas habrán superado sus despidos temporales, que los han tenido directamente inactivos y casi sin ingresos.
Según informa este viernes Crónica Global, basándose en fuentes de la oposición al gobierno municipal de BComú y PSC, estos grupos políticos mantienen que el calendario de cobro del nuevo gravamen supondrá un pago extra de entre 27 y 51 euros al año para 557.000 hogares de la capital catalana. La carga fiscal extra, que pretende impulsar el reciclaje de residuos en la segunda mayor ciudad española, irá vinculada al recibo del agua a partir del próximo mes.
SE PASAN LOS ACUERDOS POR EL FORRO
El impuesto que gravará la recogida de residuos en la ciudad, si finalmente entra en vigor cuando planean Colau y Collboni, significará un incumplimiento de un acuerdo del pleno tomado por unanimidad en la sesión plenaria del 29 de abril.
En ella, todos los partidos, también los que conforman la coalición de gobierno, votaron a favor de una proposición presentada por JxCAT sobre la reactivación económica de la ciudad. El texto incluía, entre otras cuestiones, replantearse la aplicación de la nueva tasa de terrazas (que finalmente se bonificará en un 75% hasta el 31 de diciembre) o la aplicación del tributo a la retirada urbana de basuras.
LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO
El gobierno municipal se comprometió a "hablar" de reprogramaciones fiscales en la Taula de Ciutat, una mesa de diálogo entre el Ejecutivo local, oposición, vecinos, comerciantes y entidades. La última reunión de este organismo consultivo se celebró el 30 de abril.
Unos días más tarde, el primer teniente de alcalde anunciaba el perdón fiscal a los restauradores, que han mantenido mucha presión sobre el gobierno ante el riesgo de viabilidad de sus negocios. Ni Collboni ni ningún otro concejal, no obstante, han hablado de la tasa de residuos que, según apunta el citado medio catalán, sigue programada para entrar en vigor en junio para cobrarse ya en julio.
RÁPIDO Y SIN QUE SE NOTE
La portavocía de prensa del Ayuntamiento de Barcelona no ha contestado a los requerimientos informativos de Crónica Global, lo que hace sospechar a la oposición de que el gobierno municipal maniobra y opera para aprobar rápidamente y por la puerta de atrás el nuevo impuesto y empezar a cobrarlo. Si lo hiciese, el equipo de Ada Colau introduciría más carga fiscal a cerca de 557.000 hogares de Barcelona en plena crisis económica y con la confianza ciudadana en la situación laboral y empresarial por los suelos.
De hecho y según la web de datos abiertos de la Generalitat de Cataluña, solo la comarca del Barcelonès (que incluye a la capital catalana, L'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs, Badalona y Santa Coloma de Gramenet) ha encajado 30.140 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor desde el comienzo de la crisis sanitaria por el Covid-19. De momento, hay 212.102 trabajadores afectados en apenas dos meses.
SIGUEN CON EL PLAN INICIAL
Cabe recordar que el nuevo impuesto lo presentó el Ayuntamiento de Barcelona en diciembre de 2019, pocas semanas después de anunciar una bajada del recibo del agua que incumplirá por, precisamente, el cargo de la nueva tasa y del impuesto local de alcantarillado. La contribución fue aprobada en la Comisión de Economía de febrero de este año. Pasó el corte con el apoyo de BComú, PSC y ERC.
En aquella sesión, el concejal de Transición Ecológica y Emergencia Climática, Eloi Badia, anunció la intención de que el nuevo tributo se empezara a pagar en julio. Este calendario, precisamente, es el que ha alertado a la oposición municipal, que alerta de que las condiciones económicas de los barceloneses han cambiado y de que, a pesar de ello, el Ejecutivo local busca añadir más presión fiscal a los hogares barceloneses.