Estas son las ocho obras de Barcelona que pagaron mordidas a los políticos

Las empresas constructoras que obtenían determinadas obras públicas en Barcelona debían pagar su correspondiente mordida a las arcas de Convergència democrática de Catalunya (CDC) mientras era alcalde Xavier Trias y teniente de alcalde de Urbanismo Antoni Vives. Así lo certifica el auto del juez José de la Mata que imputa a la cúpula convergente.

El magistrado no duda en señalar a Vives como “uno de los altos cargos que contribuyó a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas a CDC, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de dirigir los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con donaciones al partido”.

OCHO CORRUPTELAS

El listado de las obras viciadas por estas prácticas corruptas comprende ocho proyectos: los túneles de la plaza de Glòries; el mantenimiento de los edificios escolares públicos del Consorci d’Educació de Barcelona; las obras de acceso a la ampliación sur del Puerto de Barcelona; la construcción del dique del Este; la remodelación de la Avenida Paral·lel; el arreglo de la carretera Horta-Cerdanyola por el Mirador de las Aguas; el carril bici de la calle Bac de Roda y Felip II; y la reurbanización de las calles Luca y Mare de Deu del Carmel.

Muchas de estas obras eran licitadas por Bimsa. En ellas, como específicamente en Les Glòries y Paral·lel, señala el auto del juez, “existe una gran carga indiciaria que revela su participación [de Antoni Vives] directa en varias adjudicaciones irregulares, tales como anotaciones, reuniones, comunicaciones, alusiones o facturas”.

PRESIÓN EN GLÒRIES

El auto detalla que en el caso de las obras de la plaza de Glòries, varias de las empresas adjudicatarias donaron en total cientos de miles de euros a la fundación CatDem, o sea la fundación de Convergència Democràtica (CDC). Detalla el escrito del juez que hubo múltiples reuniones de varios empresarios con el tesorero de CDC Andreu Viloca, con el extesorero Germà Gordó, y con el concejal Antoni Vives, “siendo muy relevante que también en este caso queda directamente acreditada la participación en las reuniones (y por tanto, en la cadena de influencias), un miembro de la entidad adjudicataria, Antoni Vives Tomàs, cerrando así el círculo de las comunicaciones y la aseguranza del resultado”.

La constructora Copisa fue obligada a pagar 40.000 euros, 25.000 euros y 50.000 euros por esa concesión, según acredita el auto. “En este caso, la particularidad es que la función de CDC no se limitó a la habitual, sino que también presionaron a los miembros de la UTE para que incorporaran a la misma a Rogasa, del empresario Romero Gamero”. Copisa ya había tenido que apoquinar 30.000 euros a CatDem y otros 30.000 euros a la fundación Fòrum Barcelona (también vinculada a Convergència) para hacerse con las obras de remodelación de la Avenida Paral·lel en el año 2014. Hay también pruebas de que Vives presionó para que otras empresas fuesen aceptadas en las UTES de Glòries.

EL ‘EQUIPO’ DE BIMSA

El auto afirma que el 2 de diciembre de 2014, Antoni Vives mantiene una comida con el empresario Romero Gamero y el tesorero de CDC, Andreu Viloca. “En estas reuniones se debió propiciar que Romero fuera invitado a participar en la reunión del 3 de diciembre en la calle Córcega [sede de CDC], así como que Rogasa fuera incluida en la UTE ganadora, junto a Comsa, Copisa y Benito Arnó”. El auto especifica en este apartado que Vives ostenta “simultáneamente los cargos directivos de la empresa pública Bimsa de presidente y apoderado, los cuales mantiene hasta su cese el 18 de agosto de 2015, momento en que es nombrado consejero de dicha empresa”. También fue, entre 2007 y 2015, concejal y, entre 2011 y 2015, teniente de alcalde de Urbanismo.

El escrito destapa también que “en el caso del contrato de obras de construcción de carril bici, licitado por Bimsa, destaca también la existencia de múltiples reuniones de las habituales, destacando una vez más la participación en algunas de ellas de representantes de la entidad adjudicadora, Antoni Vives, Constantí Serrallonga y Ernest Santolaria, lo que permite, una vez más, cerrar el círculo de las comunicaciones y la aseguranza del resultado, como también la realización de obsequios a este último”. Serrallonga era el gerente municipal de Bimsa y Santolaria era el director técnico de Infraestructuras de Bimsa.

COMIDA CON PUIGDEMONT

También están bajo sospecha Ángel Sánchez Rubio, director general de Bimsa y Ramón Massagué, gerente del Ayuntamiento de Barcelona. Entre las curiosidades que destapa el auto figura una comida pagada por el exalcalde de Anglès y empresario Josep Manel Bassols (sarcásticamente, su esposa era la jueza Núria Bassols que fue fichada con un salario de más de 100.000 euros por Artur Mas como directora del Programa de Transparencia de Presidencia), en representación de la constructora Oproler. En esa comida, Bassols reunió a Ángel Sánchez y a Ernest Santolaria, con el objetivo de “establecer relaciones con el director general y mantener las existentes con Santolaria”. La comida costó 225 euros, según consta en el sumario. Bassols también mantuvo reuniones con el gerente municipal, Ramón Massagué.

El papel de Vives no se queda ahí: se ha demostrado que el 29 de mayo de 2013 se realizó una comida entre Josep Manel Bassols, el propio Antoni Vives, Carles Puigdemont (entonces alcalde de Girona) y Ángel Sánchez, director general de Bimsa para convencer al munícipe gerundense de “introducir sistema de contratación en Ayuntamiento de Girona”. En otras palabras: el sistema que tan buenos resultados le había dado a CDC en el Ayuntamiento de Barcelona había que implantarlo en Girona.

No deja de ser curioso también que en un pendrive incautado a Bassols se refleja una entrevista en marzo de 2012 a la que asisten este empresario, dos directivos más de Oproler y Ernest Santolaria. “El contenido del documento es importante, ya que explica que para poder conseguir las licitaciones de Bimsa era prioritario el sello de catalanidad”.