SAPOL exige a Colau que pida perdón por 'Ciutat Morta'

El Sindicato de Agentes de Policía Local (SAPOL) ha exigido a Ada Colau y al exteniente de alcaldía Jaume Asens que pidan perdón por el caso 4F, que dio lugar al documental Ciutat Morta, y por haber defendido al antisistema Rodrigo Lanza, condenado ahora por el asesinato de Víctor Laínez en Zaragoza, en el que es conocido como el crimen de los Tirantes.

En un comunicado, al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, SAPOL critica que Colau y Asens dieran veracidad a la versión de Lanza de no haber participado en las lesiones al agente de la Guardia Urbana, Juan José Salas, que acabó tetrapléjico la noche del 4 de febrero de 2026 durante una actuación policial en Ciutat Vella. 

OBVIAR LA SENTENCIA JUDICIAL

"Dieron veracidad y publicidad a Ciutat Morta, un documental que refleja una parte, sin contrastar los hechos y obviando la sentencia judicial", dice SAPOL en el escrito. "Pusieron a Lanza en un pedestal. Defendieron la gran persona que era y a la vez menospreciaron a Salas y a la Guardia Urbana".

Para el sindicato policial, ahora queda probado que Lanza tiene "poco de buena persona" y que "ha sido capaz de asesinar". En opinión de SAPOL. la muerte de Laínez se hubiera podido evitar si se hubiera hecho justicia en el caso 4F. "¿Piensan pedir perdón?", pregunta SAPOL.

100.000 EUROS PÚBLICOS, SEGÚN SAPOL

El sindicato reclama que se haga una auditoría de los más de 100.000 euros públicos recibidos por el centro Iridia, vinculado a la madre de Lanza, Marina Huidobro, para comprobar si fueron utilizados en su defensa.

SAPOL también pregunta si se retirará el premio Ciutat de Barcelona al documental, así como la dotación económica que recibió la productora Metromuster, muy próxima a Colau. El premio fue concedido por un jurado independiente con Xavier Trias de alcalde en 2015. Los directores, Xavier Artigas y Xapo Artega, dejaron a Trias con el premio en la mano el día de la entrega.

El documental retrata un complot policial, judicial y político contra cinco jóvenes a los que se acusó de dejar tetrapléjico a un guardia urbano por el impacto de una piedra en la cabeza. Los hechos tuvieron lugar el 4 de febrero de 2006 -cuando el alcalde de Barcelona era Joan Clos y el concejal de Seguridad Jordi Hereu- en una casa okupada de Ciutat Vella, cerca del Palau de la Música, donde se estaba celebrando una fiesta con cientos de personas. En 2008, tres jueces de la Audiencia Nacional condenaron a los acusados con penas de cárcel. Uno de aquellos jóvenes era Lanza.

LA VERSIÓN DE LA MACETA

A grandes rasgos, cuatro agentes de la Guardia Urbana intentaron acceder al edificio para que los ocupantes dejaran de hacer ruido. A la hora en la que los policías intentaban entrar en la casa, llegó un grupo jóvenes que acabó enfrentándose con la Guardia Urbana con palos y piedras, según la sentencia judicial. El agente Juan José Salas, de 39 años, recibió un impacto en la cabeza que le dejó tetrapléjico.

El documental apunta que el impacto que recibió Salas fue una maceta que cayó de la azotea -lo dijo el alcalde Clos en una radio-, y que tres de los detenidos estaban en la calle cuando se precipitó el objeto y otros dos no tenían nada que ver con esa fiesta y fueron detenidos junto al Hospital del Mar. El caso es sumamente complejo y duro. Una de las personas detenidas, Patricia Heras, se suicidó en 2011 durante un permiso carcelario. Lanza pasó cinco años en prisión. 

TORTURAS

En 2011, dos agentes de la Guardia Urbana fueron condenados por torturar al hijo de un diplomático de Trinidad y Tobago. En el juicio quedó probado que mintieron y manipularon pruebas. Uno de esos policías era uno de los participantes en el caso 4F y el otro declaró en el juicio. En Ciutat morta se dice que estos agentes también torturaron a detenidos del 4F. 

En enero de 2015, el documental se emitió por el Canal 33, en horario de máxima audiencia. El Parlament hizo una declaración pidiendo a la Fiscalía que se reabriera el caso, pero hasta ahora no han aparecido nuevas pruebas ni nuevos testimonios. Años atrás, en 2008, una comisión del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona analizó el caso y emitió un informe, pero tampoco se detectó ningún aspecto que invalidara el juicio.