El Ayuntamiento de Barcelona empleó la vía urgente en la adjudicación de múltiples contratos para ejecutar los objetivos de regulación del vehículo privado en la ciudad por parte de BComú, el urbanismo táctico.
Fuentes municipales indican a Crónica Global que el montaje de estas licitaciones a dedo supera los 10 millones de euros y alertan de su futuro, ya que aseguran que no está suficientemente justificada la necesidad de llevarlas a cabo sin el proceso de concurrencia pública pertinente.
765 EXPEDIENTES
Asimismo, destacan que la inmensa mayoría de estos contratos urgentes “son de suministros y servicios, no de obras”. De los 765 expedientes que han arrancado desde el inicio del ejercicio en el consistorio –362 en el ayuntamiento y los 403 restantes de entidades municipales– sólo 24 corresponden a trabajos concretos.
Seis son licitados de forma directa; uno de carpintería para adaptar espacios municipales de trabajo y varias actuaciones precoronavirus. Además, se encargaron sin concurso público cinco iniciativas para reparar los desperfectos que el paso del temporal Gloria dejó en el Port del Fòrum a principios de año.
Urbanismo táctico en la Superilla de Sant Antoni / AJ. DE BARCELONA
CONTRATOS ‘A DEDO’
La mayoría de las contrataciones que se escudan en la emergencia del coronavirus y se han puesto en duda salen de Barcelona d’Infraestrucutres Municipals (Bimsa), la empresa pública presidida por Janet Sanz y gestionada por Àngel Sánchez Rubio, imputado por la Audiencia Nacional en el marco del caso 3%.
El montante de todas ellas asciende a los 8,7 millones de euros e incluyen montajes y desmontajes de estaciones del Bicing, la compra de bolardos de varias calles o la pintura que se usó para limitar el espacio de los coches. Entre los adjudicatarios hay desde grandes compañías como CESPA, Sorigué o Escofet 1886 hasta ingenieros a título individual, como Jorge Mercader, Jordi Sala o Juan Javier Martínez, entre otros.
85.000 EUROS MÁS
Completa el derroche municipal para llevar a cabo los proyectos de urbanismo táctico otra adjudicación de emergencia que realizó el Institut de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUQV), encabezado también por Xavier Mantilla.
Se trata de un contrato menor, de poco más de 85.000 euros, que está asociado a los proyectos ejecutados desde Bimsa, tal y como apuntan desde el Ayuntamiento de Barcelona.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), / EFE
¿BARRA LIBRE DE CONTRATOS?
Desde el Ayuntamiento de la ciudad cuestionan cómo se ha justificado la emergencia de los 10,7 millones de euros adjudicados a dedo. Mantienen que la limitación del coche privado en la ciudad no es una política derivada de la crisis del coronavirus, sino un objetivo político lícito del partido de Ada Colau, pero que requiere otro tipo de recorrido administrativo para que se pueda llevar a cabo.
Desde el consistorio recuerdan que la barra libre en los contratos de urgencia del Covid-19 era para que las administraciones se dotaran de herramientas y equipos de protección para poder desarrollar su servicio a la ciudadanía con todas las garantías higiénicas y de seguridad. Pero expulsar los vehículos de una ciudad no es exactamente una iniciativa que esté relacionada con ello.
En ningún momento dudan de que se pueda aplicar, pero aseguran que en estos casos es necesario convocar concursos públicos.