Janet Sanz tiene un problema. La segunda tenienta de alcaldía de Barcelona ha declarado esta mañana, durante una hora, ante el juez de la sala de instrucción número 12 de Barcelona por una querella por prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. La denuncia del fondo London Private Company y la congregación religiosa Padres Paúles por la gestión que el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho en la casa Buenos Aires de Vallvidrera pone contra las cuerdas a Sanz, que ha contratado a Olga Tubau, considerada una de las mejores penalistas de Barcelona. Fue la letrada que defendió al comisario jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por su implicación en el proceso independentista.
El caso preocupa y mucho a Sanz y al gobierno que lidera Ada Colau, que han optado por la prestigiosa Tubau para su defensa en lugar de los servicios jurídicos municipales. Tras su declaración, la segunda tenienta de alcaldía no ha querido responder si dimitiría si el caso se resuelve en los tribunales de Justicia. Actualmente está en fase de instrucción. “Estamos en trámite. Hemos declarado y vamos avanzando. Espero que todo esto quede archivado”, ha comentado Sanz a la salida de los juzgados, donde ha atendido a los medios de comunicación
ALBERT BATLLE LE ACOMPAÑA
Janet se ha presentado en la Ciutat de la Justícia media hora antes de ser citada. Ha llegado acompañada de Tubau; Albert Batlle, concejal responsable de Seguridad y de Sarrià; Jordi Cases, secretario del Ayuntamiento; Marc Serra, concejal de Sants; Jordi Martí, concejal de Presidencia y Presupuestos; Enric Bárcena, portavoz de Barcelona en Comú y del también abogado Álex Solá. También ha contado con el apoyo de Daniel Granados, su pareja sentimental y asesor adscrito a la Concejalía de Cultura.
La segunda tenienta de alcaldía ha llegado hacia las 10:00 horas y ha empezado a declarar hacia las 11:00 horas. Visiblemente inquieta, ha estado siempre acompañada por Tubau en una comparecencia técnica.
LICENCIA DE OBRAS DENEGADA
La casa Buenos Aires de Vallvidrera fue okupada y, posteriormente, el Ayuntamiento inició la Modificación del Plan General Metropolitano para preservar y expropiar el inmueble y construir pisos dotacionales. La querella se centra en la negativa de Sanz en conceder la licencia de obras para abrir un hotel en la fincas antes de la modificación del plan.
London Private Comapny y la congregación religiosa se han querellado contra Sanz por denegación injustificada de los permisos de derribo, obras mayores y actividad cuando quería construir un hotel. El edificio estuvo muchos años abandonado y sin preservar antes de ser okupado.
EQUIPAMIENTO PÚBLICO
La defensa de Sanz apela al “interés general” para haber iniciado la MPGM para la preservación y la transformación del edificio en un equipamiento público. El consistorio asegura que cuenta con todos los informes jurídicos que justifican la calificación y la posterior adquisición, según el precio justo que fije el órgano jurídico competente. La cifra, según los cálculos municipales, podría ser de unos 3,5 millones de euros -ésta es la cantidad que se dio el pasado mes de julio-. Fuentes municipales recuerdan que la MPGM fue aprobada por la totalidad de la comisión de gobierno y por una mayoría absoluta del pleno.
La modificación del PGM aprobada por el Ayuntamiento en el pleno del pasado noviembre estaba pendiente de ser ratificada de forma definitiva por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat. El Govern dio el visto bueno el 1 de marzo a los planes municipales de proteger el edificio y hacer en él pisos dotacionales [ver aquí el acta de la subcomisión de Urbanismo].
En el pasado mandato, Sanz se enfrentó a otra acusación por prevaricación por denegar una licencia hotelera a la cadena Praktik en Drassanes. En aquella ocasión, la denuncia fue archivada.