La revisión de las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) por parte del Ayuntamiento de Barcelona costará un pico al consistorio de la capital catalana: unos 200.000 euros de aquí a finales de año. Entre el 60 y el 70% de las subvenciones públicas municipales se vehiculan a través del plan director de Cooperación para la Justicia Global, que está vigente hasta finales de este año y que deberá renovarse el próximo ejercicio. Este plan reconoce a la ONG como “actores clave” para la ejecución de políticas de cooperación debido a “su capacidad para generar discurso y movilización y su participación en todos los espacios de coordinación y definición de la política”. Así, una parte de los recursos municipales se vehiculan a través de este plan y otra parte, menor, a través de convenios de colaboración y otras subvenciones directas.
A través del plan director, se presentan anualmente alrededor de 250 solicitudes de subvenciones, que han de ser valoradas en un espacio muy corto de tiempo. Existen hasta una decena de modalidades de proyectos, distribuidos en 3 programas diferentes. Cada solicitud lleva un sinfín de documentación técnica y hay hasta 5 tipos de formularios de proyectos y 3 tipos más de formularios anexos. La valoración técnica de los proyectos se convierte, de ese modo, en un pantanoso terreno en el que el consistorio ha de externalizar los servicios para no colapsar.
CUATRO LOTES
Examinar todos los proyectos en sus diferentes vertientes obliga al Ayuntamiento a convocar un concurso que este año dividió en 4 lotes, cada uno de una especialización diferente. Dos de estos lotes fueron adjudicados a la sociedad ICG Internacional de Cooperación y Gestión: esta firma se llevó el apartado de la valoración técnica de los programas denominados A y B (49.101 euros) y el de la revisión de la memoria técnica y económica y los documentos justificativos de convocatorias de subvenciones directas (98.842 euros).
ICG es una reconocida consultora internacional especializada en asesoramiento institucional que trabaja con un gran número de administraciones públicas de toda España. Asimismo, trabaja como consultora y asesora de ONG internacionales, como Cruz Roja, Unicef, UNRWA, Fundación Vicente Ferrer, Global Equality, Plan Internacional, Médicos del Mundo o Caritas.
Cáritas de Barcelona / MINGO VENERO
En el lote 1 están incluidos los proyectos de cooperación fijados en el plan director pero también los que promueven la asistencia y protección en frontera y el derecho a migrar, lo que promueven la justicia de género y los que promueven el acompañamiento internacional y la protección de defensores de los derechos humanos, así como los generados por crisis de larga duración. Los proyectos denominados B se encuadran dentro de la cooperación para la justicia global en ciudades específicas. En total, en este plan, tendrá que revisar unos 105 proyectos anuales y plurianuales más 35 relativos a ciudades específicas, además de las alegaciones y reformulaciones necesarias.
230 INFORMES DE VALORACIÓN
En el segundo de los lotes adjudicados, deberá realizar más de 30 informes de seguimiento, 80 informes finales de proyectos anuales, 26 informes se seguimiento de proyectos plurianuales, y varias decenas más de informes de seguimiento o de revisión técnica y económica hasta completar un total de alrededor de 230 informes.
Avanzia Bienestar Social y Desarrollo, otra de las firmas presentadas, se hizo en el lote de la valoración técnica de los programas catalogados como C por 31.556 euros. Estos son los proyectos englobados en el programa de Educación por la Justicia. En su mayoría, son trabajos relacionados con la justicia ambiental y llegan a un centenar cada año. El trabajo a realizar también prevé que la adjudicataria se haga cargo al mismo tiempo de las alegaciones y las reformulaciones, que oscilan entre el 10 y el 20% del total de proyectos presentados.
El último lote es el perteneciente al programa que también lleva el lema de Educación para la justicia global, pero circunscrito a los proyectos de Aprendizaje Servicio, presentados entre una ONG y uno o más centros educativos. En este caso, quien se llevó al contrato fue la Associació Centre Promotor d’Aprenentatge Servei. Esta entidad ss la encargada de revisar la documentación técnica y la valoración de todos los proyectos admitidos en la convocatoria de 2021, que ascienden a unos 35 proyectos anuales. La adjudicataria se llevará, en este caso, un contrato de 11.071 euros.