El Tribunal de Cuentas sigue de cerca los movimientos del Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, respecto a los procedimientos que se utilizan en el desarrollo de los concursos públicos.
En un informe sobre contratación publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este organismo estatal se muestra especialmente preocupado por los fraccionamientos de contratos que lleva a cabo con frecuencia el consistorio, así como por la falta de publicidad municipal de dichos procesos.
CONTRATOS FRACCIONADOS
El mencionado documento señala que, respecto a la mayor parte de los contratos menores realizados por el Ayuntamiento, "la contratación separada es consecuencia de una defectuosa planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas".
Pese a ello, el texto apunta a que en algunas de las ocasiones analizadas la finalidad de la partición de los contratos responde a una voluntad de "eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación legalmente aplicables". Así, el Tribunal de Cuentas advierte de la falta de anuncio en contratos que se someten a concurso público, lo que dificulta la participación de empresas que no sean conocedoras en procedimientos en los que puedan estar interesadas.
Los hechos son especialmente alarmantes teniendo en cuenta que sobre los ayuntamientos fiscalizados, que corresponden a las ciudades que tienen más de medio millón de habitantes, el consistorio barcelonés es el que más contratos ha fraccionado.
Cartel en la sede del Tribunal de Cuentas / EFE
CONTRATOS A DEDO
Como ya indicó el organismo estatal en un informe anterior, el Ayuntamiento de Barcelona es el que más contratos con adjudicación directa, es decir, a dedo sin realizar el correspondiente concurso público. El Tribunal analizó esta cuestión analizando los contratos otorgados en 2016, concluyendo que un 95,58% de los mismos se habían adjudicado de esta manera.
Los contratos menores deben tener un importe inferior a 50.000 euros antes de impuestos para obras, una cantidad que desciende hasta los 18.000 euros para el resto de servicios.
PRÁCTICA RECURRENTE
La práctica recurrente del Ayuntamiento basada en fraccionar contratos para evitar los concursos públicos, cuenta con diversos ejemplos con Colau como alcaldesa.
Uno de ellos tuvo lugar en la coordinación y producción de la fiesta mayor del Raval en los años 2016 y 2017, donde se reflejaron importes de 17.300 euros, tan solo 700 euros por debajo del máximo establecido.
Las actividades culturales en el barrio de Vilapicina y La Torre Llobeta también despejan cualquier tipo de duda sobre la praxis municipal. En este caso, el Ayuntamiento adjudicó once contratos menores a una misma empresa por un importe en total de 190.377,60 euros.