Relegado un funcionario de Movilidad investigado por Anticorrupcion

Relegado un funcionario en el Ayuntamiento de Barcelona que está siendo investigado por Anticorrupción. Tras el cambio en la concejalía de Movilidad de Rosa Alarcón por Laia Bonet, ambas del PSC, la segunda ha decidido relegar en sus responsabilidades a Manuel Valdés López, gerente adjunto de Movilidad. El cargo lo ocupará Oriol Altisench, ingeniero y actual decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña.

Con este distanciamiento, Bonet muestra poca confianza hacia Valdés, una persona que se ha visto envuelto en una investigación de la fiscalía por “connivencia municipal con la conducta infractora reiterada de las empresas incumbentes”, explica la agencia Servimedia, en la reestructuración de las licencias de motocicletas eléctricas compartidas de Barcelona. La causa parte de la demanda de la startup Tucycle Bikesharing contra las supuestas maniobras del consistorio con el objetivo de ampliar el número de vehículos sin concurso público y mediante un sistema que beneficiaba a las grandes operadoras.

FIN DE LA PACIENCIA DE LAIA BONET

Ante la demanda interpuesta por la startup, en la que denunciaba una posible maniobra del consistorio municipal por ampliar licencias de motos compartidas sin concurso beneficiando a las grandes empresas operadoras, el Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona citó a declarar por el caso a Valdés. Ésta puede haber sido la gota que ha derramado la paciencia de Bonet, que quiere iniciar su periplo en la cartera de movilidad sin arrastrar problemas del pasado.

El área de Movilidad, muy cuestionada por su actuación y decisiones, estaba inmersa en una grave crisis que ya se saldó con la salida de Alarcón hace tan solo unas semanas. Fuentes internas aseguran que la presión dentro del consistorio por la judicialización de todas las causas abiertas ha obligado al Ayuntamiento de Ada Colau a tomar cartas en el asunto.

La tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet / AJ BCN

UNAS 3.000 LICENCIAS MÁS

Valdés es el autor del informe técnico que justificaba la necesidad de revisar el número de licencias temporales de uso común especial del dominio público para el estacionamiento de ciclomotores y motocicletas, que se publicó el 21 de diciembre de 2020, indica Servimedia. La gestión condujo al Ayuntamiento de Barcelona a aumentar en 3.000 el número de licencias municipales de motos eléctricas compartidas sin presentar un nuevo concurso ni obligar al cumplimiento de la ley, que fijaba en 381 el número de motos por operador.

A  la práctica había muchas más concentradas en manos de unas pocas empresas, como Ecooltra, Acciona, Yego y Movo. Los operadores que se han quedado fuera de Barcelona aseguran que el Ayuntamiento limita el libre mercado y Tucycle Bikesharing lo llevó a los tribunales.

BAJO LA LUPA DEL TRBUNAL CATALÁN DE CONTRATOS PÚBLICOS

El consistorio también está siendo investigado por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público por el caso de las motos compartidas sin concurso público. A su vez, la Fiscalía ha investigado al gerente por los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.