Colau contrata a anticoches por una millonada para asesorar sobre superillas

Las empresas anticoches están de enhorabuena. El equipo municipal que dirige el Ayuntamiento de Barcelona ha enterrado, durante los últimos años, millones de euros en informes, asesorías y proyectos para limitar todo lo posible el transporte privado en la ciudad. Las consultoras anticoche y las asesorías ambientales han visto cómo sus negocios se disparaban con el consistorio barcelonés desde que Ada Colau entró en el consistorio.

Uno de los últimos contratos otorgados por el equipo de gobierno municipal asciende a casi un millón de euros, adjudicado a finales del mes de noviembre de 2021. El primer tramo, de casi 499.999 euros, ya está firmado: se lo lleva una unión temporal de empresas (UTE) en la que constan la empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat (AIM) y la cooperativa Solucions Geogràfiques. Esta última es la firma contratada por el Ayuntamiento hace unos meses para realizar una auditoría de todos los quioscos de la ciudad. El contrato es, en principio, por dos años, pero tiene opción a una prórroga de otros dos, por lo que el importe final rondará el millón de euros, si no hay modificaciones de presupuesto (según las cláusulas, podría haber hasta 112.979 euros de alza a lo largo de los cuatro años, cantidad a la que se ha de sumar el IVA, aunque en uno de los párrafos del documento firmado se especifica que la modificación puede ser de hasta un 20% del importe del contrato, lo que elevaría la desviación a unos 200.000 euros extras).

EMPRESAS ‘DE CONFIANZA’

A pesar de que en el decreto de otorgamiento del contrato figuran las dos empresas citadas anteriormente, en los documentos del expediente municipal figuraba la empresa VAIC, una sociedad domiciliada en Sant Cugat. Curiosamente, en su sede consta también una UTE con el nombre oficial VAIC Calbetó AIM Solucions Superilles Barcelona. Esta entidad está formada por la propia VAIC, las dos adjudicatarias del contrato actual y el arquitecto Jordi Calbetó. Según consta en los archivos del registro de contratos de la Generalitat, Bimsa, la empresa que controla la obra pública municipal, le otorgó en los últimos años varios cientos de miles de euros en contratos por la gestión de proyectos relativos al desarrollo de las superillas. El actual contrato, otra curiosidad, no ha sido otorgado por Bimsa, sino por la gerencia del Arquitecto Jefe.

Se trata, pues, de empresas "de confianza", que llevan años recibiendo contratos parciales relacionados con las superillas al menos desde el año 2016. La filosofía de estas entidades es similar a la de los postulados de Barcelona en Comú (BeC), partido al que pertenece Ada Colau. En realidad, el lema de la empresa VAIC (cuyo negocio se basa, precisamente, en la comercialización de todo tipo de bicicletas, incluyendo las eléctricas, y de patinetes) es "La vida en bici", una máxima que refuerza la terca estrategia municipal de instalar carriles bicis por toda la ciudad para restar terreno al vehículo privado. Además, en los documentos municipales del contrato se especifica que uno de los objetivos que se persigue con la ayuda de la ganadora del concurso es “la integración de la red de ejes cívicos con prioridad del viandante con el resto de las redes funcionales de la ciudad”. Para ello, se requiere la aportación de técnicos especialistas en movilidad urbana, en ordenamiento del espacio público, en ambientología, en geografía, en simulación de escenarios de movilidad y en elaboración de documentos gráficos, además de otros especialistas en comportamiento social urbano y en economía.

SIN RIVAL EN EL CONCURSO

La adjudicación mencionada servirá para "vender" ante la ciudadanía las ventajas de lo que se llama Superilla Barcelona, que engloba en realidad cinco superillas: la de Antiga Esquerra de l’Eixample, Nova Esquerra de l’Eixample, Sagrada Família, Fort Pienc y Camp d’en Grassot, en Gràcia.

La gestión de estas superillas depende de una Oficina Técnica Superilla Barcelona que, a su vez, está compuesta por dos departamentos, el de Estrategia y el de Producción, con el apoyo transversal de los departamentos municipales de Participación y de Comunicación. La Oficina está dirigida por la gerencia del Arquitecto Jefe y para asesorarle es para lo que se ha contratado ahora a la UTE mencionada. “Dada la magnitud territorial y la complejidad de los temas referentes a la reorganización del espacio público de la ciudad, se cree necesario un apoyo técnico para las tareas exclusivas con perfiles específicos. El apoyo técnico es el objeto del presente encargo y tiene como misión ayudar a la Oficina Técnica Superilla Barcelona a elaborar todos los documentos que haga falta en el desarrollo del programa, al mismo tiempo que apoya la propia gestión de la metodología del mismo”, dicen las cláusulas del contrato.

A esta licitación concurrieron dos ofertas. La rival de la ganadora fue excluida del concurso por haber presentado una oferta económica extraordinariamente baja. En un acta fechada el pasado 15 de noviembre, los responsables municipales rechazaron la propuesta de la otra UTE “considerando que la oferta económica incurre en temeridad, no habiéndola justificado adecuadamente”. En realidad, según una representante de la UTE excluida, hubo un error material en la presentación, ya que en el importe se contaba el importe de solo un año en el primer tramo del contrato y no dos, como se establecía en las cláusulas. Por ello, su oferta fue eliminada y la UTE de AIM y Solucions Geogràfiques se llevó el contrato sin ningún problema, al no tener rival.

VENDER EL PROYECTO A LA CIUDADANÍA

El plan de acción previsto por los dirigentes municipales es la elaboración de propuestas atractivas para implantar el modelo de superillas por toda la ciudad y que éste no sea rechazado por los ciudadanos. Además de elaborar “todos los documentos gráficos y escritos necesarios durante el proceso de trabajo con los diferentes distritos y la ciudadanía para llegar a la definición del plan de acción de cada ámbito de implantación del modelo (…) se ha de estimar la repercusión de las actuaciones en temas de movilidad (número de plazas de aparcamiento eliminadas, carriles de circulación suprimidos…) y de usos (terrazas, comercio y vivienda)”.

Además, se ha de elaborar un documento final titulado Plan de Acción Priorizado “que será la base donde se determinen los diferentes proyectos individuales que desarrollarán cada una de las actuaciones previstas”, así como “llevar a cabo renders y fotomontajes para la mejor visibilización y comunicación de las actuaciones más emblemáticas” y “preparar las presentaciones proyectables y/o editables que sean precisas dentro del proceso de participación para divulgar los trabajos realizados”. Finalmente, la UTE deberá correr con la responsabilidad de “elaborar materiales de difusión del modelo desde una óptica para romper mitos alrededor de ciertas percepciones, mediante el análisis de datos generales y concretos de cada ámbito”.